Solo 3 de 537 predios estaban titulados tras millonarios pagos de la Reforma Agraria

El denominado ‘Libro de la verdad’ señala que la Agencia Nacional de Tierras desembolsó $1 billón de pesos para adquirir 537 predios, pero, según los análisis citados por el Gobierno, solo tres habían sido debidamente titulados.

La adquisición de tierras para la implementación de la Reforma Agraria quedó entre los hallazgos trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, tras el proceso de empalme con la administración del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el denominado ‘Libro de la verdad’, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los recursos desembolsados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras y con el estado jurídico de los inmuebles adquiridos.

El documento señala que la ANT habría desembolsado $1 billón de pesos para la adquisición de predios, mediante un Convenio Marco suscrito con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y varios contratos interadministrativos.

Sin embargo, según los análisis periciales realizados por el denominado Equipo Élite y el análisis forense adelantado por la Contraloría General de la República a la entidad durante la vigencia 2025, de un total de 537 predios revisados, únicamente tres habían sido debidamente titulados.

El hallazgo plantea interrogantes sobre el mecanismo empleado para la adquisición de los terrenos y, especialmente, sobre la forma en que se efectuaron los pagos con recursos públicos antes de que culminaran los procesos de transferencia y registro de los inmuebles.

Pagos antes de completar la transferencia

Según el informe entregado a los organismos de control, una parte significativa del valor de los negocios jurídicos era desembolsada antes de que terminara el proceso de transferencia y registro de los predios.

Para el Gobierno de De la Espriella, esta situación representa un punto crítico dentro de la ejecución de la Reforma Agraria, debido a que los recursos públicos habrían sido entregados sin que, en la mayoría de los casos analizados, se hubiera completado la correspondiente titulación.

El documento advierte que esta circunstancia requiere establecer si existieron posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales y determinar las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones.

Denuncias ante los organismos de control

A partir de los hallazgos, se presentó una denuncia penal, promovió la correspondiente acción fiscal y preparó una queja disciplinaria, con el propósito de que las autoridades competentes determinen las responsabilidades a que haya lugar.

El caso quedó así incorporado al conjunto de asuntos que la actual administración trasladó a las autoridades como parte de la revisión de posibles irregularidades encontradas durante el empalme con el Gobierno Petro.

El informe también plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control sobre los procesos de adquisición de tierras financiados con recursos públicos, particularmente en aquellos casos en los que los desembolsos se realizan antes de que se complete la transferencia legal de los inmuebles.

Por ahora, los hechos señalados en el documento corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser investigadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entidades que tendrán que establecer si hubo conductas que generen responsabilidades y, eventualmente, determinar quiénes serían los responsables.