Gobierno ya prepara una ley de sometimiento

El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para establecer las condiciones bajo las cuales integrantes de grandes estructuras criminales podrían acogerse a la justicia. La propuesta todavía debe llegar al Congreso y el Ejecutivo asegura que no contempla negociación política ni acuerdos por fuera de la ley.

El Gobierno Nacional prepara un proyecto de ley con el que busca establecer nuevas reglas para el sometimiento de integrantes de estructuras criminales, una iniciativa que puede tener efectos directos sobre organizaciones con presencia en el Caribe, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el Ejecutivo trabaja en el texto que será llevado al Congreso y que su objetivo es definir las condiciones para quienes decidan abandonar las organizaciones ilegales y acogerse a la justicia. Al 19 de septiembre, la iniciativa todavía se encuentra en preparación y no constituye una ley vigente.

Los lineamientos conocidos establecen una diferencia frente a un proceso de paz: el Gobierno sostiene que las organizaciones no recibirían estatus político ni participarían en una mesa para negociar las reglas de su sometimiento.

Las condiciones serían definidas por el Estado y, posteriormente, discutidas por el Congreso durante el trámite legislativo.

El Ministerio de Justicia ya había fijado esa posición frente a Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, después de que manifestara su intención de someterse.

En un comunicado oficial del 12 de septiembre, la cartera señaló que cualquier sometimiento deberá realizarse ante las autoridades competentes, cumplir las decisiones de la justicia y garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.

También sostuvo que no habrá “atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley”.

Este punto conecta directamente la discusión nacional con Magdalena.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra han tenido presencia histórica en Santa Marta y municipios del departamento, y han sido objeto durante las últimas semanas de operaciones militares y judiciales dirigidas contra sus estructuras, mandos y economías ilegales.

El Gobierno, por su parte, mantiene una política de operaciones contra las organizaciones armadas mientras avanza en la construcción del mecanismo de sometimiento. Presidencia ha reiterado que su estrategia frente a estas estructuras no será una nueva negociación de paz, sino el acogimiento a la justicia dentro de reglas establecidas por el Estado.

Todavía quedan aspectos decisivos por conocer. El texto definitivo deberá establecer el tratamiento penal, las condiciones para la entrega de armas, bienes y estructuras financieras, las obligaciones frente a las víctimas y la forma en que se diferenciarán las responsabilidades entre cabecillas y demás integrantes.

También deberá pasar por el Congreso antes de convertirse en una nueva herramienta jurídica.

Para Magdalena, la pregunta será especialmente concreta: si las ACSN deciden materializar su intención de sometimiento, ¿bajo qué condiciones podrían hacerlo y qué ocurrirá mientras el proyecto todavía no sea ley?

Hasta entonces, la posición oficial del Ministerio de Justicia es que cualquier integrante de esas organizaciones que quiera someterse deberá hacerlo utilizando los mecanismos legales actualmente existentes.