Diez años del plebiscito: la votación que dividió a Colombia

El 2 de octubre de 2016, el No se impuso por apenas 53.894 votos y obligó a renegociar el acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Una década después, la implementación, la JEP, el narcotráfico, la seguridad y la forma como se respondió al resultado de las urnas mantienen abierto uno de los debates políticos más profundos del país.

Por: Arnol Sarmiento

Hace exactamente diez años, Colombia amaneció ante una de las decisiones electorales más estrechas y trascendentales de su historia reciente.

El 2 de octubre de 2016, más de 13 millones de ciudadanos acudieron a las urnas para responder una pregunta: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”

El resultado sorprendió al país.

El No obtuvo 6.431.376 votos, equivalentes al 50,21 %, mientras que el Sí alcanzó 6.377.482 votos, el 49,78 %. Apenas 53.894 sufragios separaron las dos opciones. La abstención nacional superó el 62 %.

Aquella diferencia mínima no puso fin al proceso de paz, pero sí modificó su rumbo.

El acuerdo firmado días antes en Cartagena no podía implementarse en los mismos términos en que había sido sometido a consideración popular. La Corte Constitucional estableció posteriormente que un resultado negativo obligaba al presidente a respetar la decisión y abstenerse de implementar el texto “tal cual” había sido votado, sin que ello eliminara su facultad constitucional de continuar buscando un acuerdo de paz.

Diez años después, la discusión sobre lo ocurrido a partir de ese momento continúa abierta.

Mientras Álvaro Uribe, Iván Duque y Enrique Gómez sostienen que las modificaciones posteriores no respondieron suficientemente al mandato expresado en las urnas, Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle defienden que el triunfo del No obligó a renegociar y terminó modificando sustancialmente el acuerdo.

Pero el debate de 2026 ya no se limita a interpretar lo sucedido en aquellas semanas. También pasa por cuánto se ha implementado, qué resultados ha producido la justicia transicional y por qué distintas regiones continúan enfrentando narcotráfico, desplazamientos y violencia armada.

El Magdalena votó Sí mientras Colombia dijo No

El Magdalena dejó una fotografía electoral distinta a la nacional.

En el departamento, el Sí obtuvo 132.063 votos, mientras el No alcanzó 86.102. El potencial electoral era de 908.964 ciudadanos y la abstención superó el 73 %.

La jornada coincidió además con fuertes lluvias e inundaciones relacionadas con el coletazo del huracán Matthew. El departamento había sido declarado en calamidad pública por las afectaciones registradas en municipios del norte. Las condiciones climáticas dificultaron la jornada, aunque no permiten explicar por sí solas el elevado nivel de abstención.

En Santa Marta, el Sí consiguió 49.797 votos, frente a 43.163 del No.

En Ciénaga, en cambio, ocurrió la votación más cerrada del Magdalena: el No obtuvo 8.670 votos y el Sí 8.629, apenas 41 sufragios de diferencia. Fue el único municipio del departamento donde se impuso el No.

Así, mientras Colombia rechazaba el acuerdo por un margen mínimo, la mayoría de quienes participaron en el Magdalena decidió respaldarlo.

Ganó el No, pero el proceso de paz continuó

El triunfo del No tuvo una consecuencia inmediata: el acuerdo firmado en Cartagena no podía implementarse en los mismos términos. Sin embargo, el resultado no significó el fin de las negociaciones con las FARC.

La misma noche del 2 de octubre, Juan Manuel Santos reconoció públicamente la derrota. Posteriormente, el Gobierno abrió conversaciones con promotores del No y otros sectores, recogió objeciones y llevó esas propuestas nuevamente a la mesa.

El resultado fue una segunda versión del Acuerdo Final, anunciada el 12 de noviembre de 2016 y firmada el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.

Ese nuevo texto no regresó a las urnas.

Fue llevado al Congreso y refrendado los días 29 y 30 de noviembre. La Corte Constitucional registró votaciones de 75 senadores y 130 representantes a favor, y señaló que durante la renegociación se alcanzó consenso alrededor de 56 de los 57 conjuntos de propuestas presentados por los voceros que participaron en el proceso.

Desde entonces comenzaron las reformas constitucionales, leyes, decretos e instituciones necesarias para implementar lo pactado.

Allí permanece uno de los principales puntos de controversia: para los defensores del proceso, el resultado produjo una renegociación real; para sus críticos, un acuerdo inicialmente rechazado por los ciudadanos terminó entrando en vigencia sin volver a ser sometido a una consulta popular.

¿Qué implicó el Acuerdo Final?

Lo pactado fue mucho más amplio que la desmovilización de las FARC.

El Acuerdo Final quedó estructurado alrededor de seis grandes puntos.

El primero fue la Reforma Rural Integral, orientada al acceso y formalización de tierras, infraestructura y servicios para las zonas rurales, además del desarrollo de programas especiales para territorios históricamente afectados por el conflicto.

El segundo abordó la participación política y permitió el tránsito de las FARC desde una organización armada hacia un partido político legal.

El Acto Legislativo 03 de 2017 reconoció la personería jurídica del partido surgido de las FARC y estableció para las elecciones de 2018 y 2022 una garantía mínima de cinco integrantes en el Senado y cinco en la Cámara, en caso de que su votación no fuera suficiente para alcanzar ese número.

Jurídicamente, aquellas curules fueron garantizadas al partido surgido del tránsito de las FARC a la legalidad, no directamente a los integrantes del antiguo Secretariado. Sin embargo, varios excomandantes formaron parte de sus listas y ocuparon posteriormente escaños.

El tercer punto estableció el fin del conflicto, con cese definitivo de hostilidades, dejación de armas bajo verificación internacional y reincorporación política, económica y social de los excombatientes.

El cuarto se concentró en la solución al problema de las drogas ilícitas, mediante programas de sustitución voluntaria, alternativas productivas, prevención del consumo y acciones contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

El quinto puso a las víctimas en el centro y creó mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición. De allí surgieron la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; la Comisión de la Verdad; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entre otros instrumentos.

El sexto punto estableció los mecanismos de implementación, verificación y refrendación, destinados a convertir lo acordado en reformas, instituciones, programas y políticas públicas.

En términos generales, las FARC asumieron obligaciones como cesar su actividad armada, entregar las armas, abandonar la organización guerrillera, someterse al sistema de justicia transicional, contribuir a la verdad y reincorporarse a la vida civil.

El Estado asumió, a su vez, compromisos relacionados con reforma rural, reincorporación, garantías de seguridad, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, atención a las víctimas, justicia transicional y transformación de territorios afectados por la guerra.

De allí surge una de las claves para entender lo ocurrido: ganó el No, el acuerdo original no entró en vigencia en los mismos términos, pero el proceso continuó, produjo un nuevo texto y ese segundo acuerdo terminó convirtiéndose en reformas, instituciones y compromisos que todavía se implementan.

Santos: “No se le hizo conejo al No”

Juan Manuel Santos retomó esa controversia el 2 de octubre de 2025.

En un video publicado en sus redes sociales rechazó la tesis de que su Gobierno hubiese ignorado el resultado.

“No se le hizo conejo al No”, afirmó.

Santos explicó que, después de reconocer la derrota, convocó a dirigentes contrarios al acuerdo para conocer sus objeciones. Según su versión, los promotores del No presentaron 60 propuestas y 58 fueron incorporadas en la renegociación.

También defendió la participación política de antiguos integrantes de las FARC como parte del tránsito de una organización armada hacia la competencia democrática.

La posición sigue siendo controvertida por quienes consideran que las modificaciones fueron insuficientes.

Uribe, Duque y Gómez mantienen sus críticas

Este 2 de octubre, Álvaro Uribe volvió sobre el plebiscito y concentró su balance en tres asuntos: narcotráfico, tratamiento judicial de integrantes de la Fuerza Pública y derechos políticos.

El expresidente sostuvo que el país debe enfrentar el crecimiento de la producción de cocaína y afirmó que el Centro Democrático promueve una propuesta para modificar aspectos del tratamiento de militares sometidos a la JEP.

También cuestionó las garantías políticas otorgadas a antiguos integrantes de las FARC.

“Es hora de buscar soluciones a los inmensos problemas heredados por el desconocimiento del resultado del plebiscito”, señaló.

El expresidente Iván Duque retomó el debate sobre justicia e impunidad y, al referirse a El triunfo sepultado, sostuvo que la obra recoge la voz de quienes votaron No. También reiteró su posición de que “una paz con impunidad es partera de nuevas violencias”.

Desde Salvación Nacional, Enrique Gómez afirmó que la voluntad expresada en las urnas fue desconocida y dirigió sus cuestionamientos hacia la refrendación realizada mediante el Congreso, la JEP y la persistencia de grupos armados.

Aunque existen diferencias políticas entre estos sectores, sus pronunciamientos convergen en una idea: consideran que las modificaciones posteriores no respondieron suficientemente al triunfo del No.

De la Calle: el plebiscito puso límites a las FARC

Una lectura diferente presentó Humberto de la Calle, quien encabezó la delegación negociadora del Gobierno en La Habana.

Durante un conversatorio en la Comisión Primera de la Cámara por los diez años de la votación sostuvo:

“Aun perdiendo, el plebiscito sirvió como contención a las pretensiones de las Farc”.

Para De la Calle, la decisión ciudadana fijó límites políticos a la negociación y obligó a modificar el texto firmado inicialmente en Cartagena.

Allí continúa ubicado uno de los desacuerdos centrales diez años después: si la renegociación representó una respuesta suficiente al resultado o si la segunda versión debía regresar a las urnas.

Solo el 36 % está completamente implementado

Más allá de las interpretaciones políticas, existen mediciones independientes sobre lo ocurrido durante esta década.

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame monitorea 578 disposiciones del Acuerdo Final.

Su décimo informe, basado en información recogida entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, estableció que el 36 % había alcanzado implementación completa, mientras continúa señalando brechas importantes, entre ellas las relacionadas con los enfoques étnico y de género.

El dato muestra dos caras del proceso: una parte sustancial de lo acordado se convirtió en políticas, normas o instituciones, pero casi dos terceras partes permanecen en diferentes niveles de desarrollo.

La implementación fue concebida como un proceso de largo plazo y aún continúa.

La JEP: resultados y cuestionamientos

La Jurisdicción Especial para la Paz permanece como una de las instituciones más discutidas del acuerdo.

Al cierre de 2025, el registro de la JEP consolidaba 14.260 víctimas individuales acreditadas.

Sus defensores sostienen que el modelo ha permitido reconstruir patrones de macrocriminalidad, dar participación a las víctimas y obtener reconocimientos de responsabilidad.

Sus críticos cuestionan la duración de los procesos, los recursos destinados a la jurisdicción y el alcance de las sanciones.

La JEP no funciona bajo las mismas reglas del sistema penal ordinario: su diseño contempla tratamientos diferenciados dependiendo del reconocimiento de responsabilidad, el aporte a la verdad y el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

Esa diferencia está precisamente en el centro de buena parte de las críticas que sobreviven desde la campaña del plebiscito.

Las FARC dejaron las armas, pero la violencia no terminó

El acuerdo sí produjo un cambio estructural: las FARC-EP que negociaron en La Habana dejaron de funcionar como una guerrilla nacional y miles de sus integrantes ingresaron a procesos de reincorporación.

Pero eso no significó el final de toda la violencia armada.

Disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras continuaron o iniciaron disputas por territorios, economías ilícitas y corredores estratégicos.

Hasta marzo de 2026, Naciones Unidas había verificado 491 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo Final, 179 víctimas de intentos de homicidio y 57 personas desaparecidas.

Es uno de los principales contrastes del balance: terminó la confrontación entre el Estado y la organización que suscribió el acuerdo, pero la violencia se transformó y continuó en numerosas regiones.

Narcotráfico: otro punto sin resolver

Las drogas ilícitas fueron uno de los seis componentes centrales de la negociación.

Uribe ha utilizado el fuerte crecimiento de la producción de cocaína como uno de los argumentos de su balance crítico sobre esta década.

Sin embargo, atribuir ese incremento exclusivamente al Acuerdo de Paz establecería una relación causal que los datos disponibles no permiten aislar.

La evolución del narcotráfico también depende de factores como demanda internacional, precios, presencia y expansión de grupos armados, control territorial, mercados ilegales y dificultades en los programas estatales de sustitución.

Lo verificable es que, diez años después, el narcotráfico continúa siendo uno de los grandes problemas que el acuerdo pretendía enfrentar y que Colombia todavía no ha logrado resolver.

Diez años después, el debate ya no es el mismo

El 2 de octubre de 2016, Colombia tuvo que decidir si respaldaba un acuerdo destinado a terminar más de medio siglo de confrontación con las FARC.

Quienes acudieron a las urnas quedaron prácticamente divididos por mitades.

Una década después, la pregunta ya no es exactamente aquella que apareció en el tarjetón.

Las FARC que negociaron en La Habana dejaron las armas; miles de excombatientes entraron a procesos de reincorporación; surgió un sistema de justicia transicional y comenzaron programas destinados a transformar territorios históricamente golpeados por la guerra.

Al mismo tiempo, continúan el narcotráfico, los desplazamientos, los asesinatos de firmantes, la presencia de organizaciones armadas y las diferencias políticas sobre la justicia y el ritmo de implementación.

Santos y De la Calle sostienen que el triunfo del No produjo una renegociación que modificó el acuerdo.

Uribe, Duque y Gómez consideran que esos cambios no respondieron suficientemente a lo expresado en las urnas.

Entre ambas interpretaciones permanecen hechos concretos: el No ganó por 53.894 votos; el texto original no podía implementarse tal como había sido sometido al plebiscito; se negoció un nuevo acuerdo, el Congreso lo refrendó y, diez años después, el 36 % de sus 578 disposiciones ha alcanzado implementación completa.

En el Magdalena quedó una fotografía distinta: mientras Colombia dijo No, la mayoría de quienes acudieron a votar en el departamento dijo Sí.

El plebiscito terminó hace diez años. El debate sobre lo que Colombia hizo con su resultado sigue abierto.