EE. UU. vincula a Maduro con presuntos pactos de armas con las FARC

Una acusación judicial estadounidense vincula a Nicolás Maduro con una presunta negociación de minas y armamento con las FARC y describe intercambios de armas por cocaína en 2017, cuando Colombia ya había firmado el Acuerdo Final de Paz. El expediente menciona a antiguos dirigentes guerrilleros y plantea nuevos interrogantes sobre las relaciones entre estructuras armadas colombianas y funcionarios venezolanos.

Por Víctor Rodríguez Fajardo
OPINIÓN CARIBE

Una acusación de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro Moros contiene señalamientos sobre una presunta alianza de narcotráfico y suministro de armamento entre estructuras del poder venezolano y las guerrillas colombianas. El documento describe negociaciones de minas explosivas con las FARC durante los diálogos de paz y operaciones de intercambio de armas por cocaína que habrían continuado después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

El expediente, divulgado el 8 de octubre de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, forma parte del proceso penal contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, e incorpora nuevos cargos relacionados con una presunta conspiración para cometer tortura, además de acusaciones por narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y delitos asociados con armas.

Según el documento judicial, poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, Maduro y Flores habrían participado en una reunión con integrantes de la dirigencia de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.

La Fiscalía sostiene que el encuentro estuvo relacionado con una deuda que Maduro presuntamente mantenía con la organización guerrillera como consecuencia de actividades conjuntas de narcotráfico.

Para cubrir parte de esa obligación, Maduro habría acordado vender minas explosivas y otras armas a las FARC, consciente, según los fiscales estadounidenses, de que ese material podía fortalecer la capacidad militar de la guerrilla para desarrollar acciones contra el Estado colombiano.

El señalamiento adquiere relevancia porque, para entonces, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC ya adelantaban conversaciones en La Habana para poner fin al conflicto armado.

La acusación agrega que las ventas de minas continuaron hasta aproximadamente 2015 e incluyeron operaciones facilitadas por Maduro con explosivos fabricados en Cuba. No obstante, la referencia al origen de fabricación del material no demuestra, por sí misma, una participación del Gobierno cubano en esas operaciones.

Pero el señalamiento que abre nuevos interrogantes para Colombia aparece en 2017, después de la firma del Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016.

La Fiscalía estadounidense afirma que un funcionario venezolano identificado como CC-3 ordenó a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas desde la Guardia Nacional Bolivariana hacia miembros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a cambio de cargamentos de cocaína.

Según el expediente, militares venezolanos trasladaron posteriormente la droga hasta una instalación castrense y luego a un puerto para su envío fuera del país. Los investigadores describen cargamentos que habitualmente ocupaban entre tres y cuatro camiones militares.

La referencia temporal es particularmente significativa: durante 2017, las FARC adelantaron su proceso de dejación de armas bajo verificación de las Naciones Unidas, como parte de los compromisos adquiridos con el Estado colombiano.

Sin embargo, el documento no precisa si los destinatarios de las armas mencionados en 2017 pertenecían a estructuras disidentes que se apartaron del proceso de paz, a integrantes que continuaban vinculados con actividades ilegales o a otras redes armadas.

Tampoco establece la fecha exacta de esa operación dentro de 2017 ni atribuye expresamente su ejecución a una orden personal de Maduro. Las instrucciones de transportar el armamento se adjudican al funcionario identificado como CC-3.

Estas precisiones impiden concluir que la organización firmante del Acuerdo de Paz, en su conjunto, hubiera continuado recibiendo armamento desde Venezuela.

Reacciones judiciales y posibles implicaciones para Colombia

La ampliación del expediente provocó pronunciamientos de las autoridades estadounidenses y de la defensa de los procesados.

El fiscal federal Jamie McDonald sostuvo que la acusación describe una presunta estructura de narcotráfico y represión que habría utilizado instituciones militares y organismos del Estado venezolano para facilitar actividades criminales y perseguir opositores.

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, señaló que las nuevas imputaciones reflejan el trabajo desarrollado después de la captura de Maduro y Flores para investigar el alcance de los delitos que presuntamente cometieron.

Desde la defensa, Barry Pollack, abogado de Maduro, rechazó las nuevas acusaciones y manifestó que su representado espera responder ante el tribunal. Los abogados de Cilia Flores también negaron los señalamientos.

Ambos se habían declarado no culpables de los cargos anteriores y permanecen detenidos en Estados Unidos, con un juicio programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

En Colombia, la mención de Rodrigo Londoño también plantea interrogantes sobre el alcance de las obligaciones de verdad adquiridas por los antiguos comandantes de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Julián Quintana, ha planteado que la justicia transicional debería examinar los nuevos señalamientos para establecer si existen hechos relevantes que debieron ser revelados durante las comparecencias del antiguo jefe guerrillero.

Sin embargo, se trata de una valoración jurídica y no de una decisión de la JEP. La acusación estadounidense tampoco convierte a Londoño en acusado dentro de este proceso específico contra Maduro y Flores.

Una investigación con antecedentes desde 2020

Los señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios venezolanos y organizaciones guerrilleras colombianas no son completamente nuevos.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense ya había presentado cargos contra Maduro y otros funcionarios venezolanos por presuntas actividades de narcoterrorismo y tráfico de cocaína relacionadas con integrantes de las FARC.

La nueva acusación incorpora detalles sobre reuniones, negociaciones de armamento y operaciones desarrolladas durante los años en que Colombia negociaba e implementaba el Acuerdo Final de Paz.

Más allá del proceso que se adelanta en Nueva York, la revelación plantea una pregunta de interés nacional: ¿qué estructuras armadas habrían continuado recibiendo armamento desde Venezuela cuando Colombia ya había iniciado la implementación del acuerdo de paz?

También abre interrogantes sobre la eventual relación entre los dirigentes mencionados en la reunión de 2013 y las personas que habrían participado en las operaciones descritas cuatro años después. El expediente no establece que se trate de los mismos responsables.

Estas preguntas requieren investigaciones adicionales, identificación de los participantes y pruebas que permitan determinar el alcance real de los hechos.

Por ahora, las afirmaciones forman parte de una acusación penal estadounidense y no constituyen hechos judicialmente probados. Maduro y Flores conservan su presunción de inocencia.

Lo que queda por esclarecer para Colombia es quiénes habrían mantenido activas esas operaciones de armamento y narcotráfico desde Venezuela mientras el país transitaba de la negociación de la paz a su implementación, y qué responsabilidades individuales podrían establecerse si los señalamientos llegan a demostrarse ante la justicia.