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Denuncias

Ni un centímetro…

Opinión Caribe

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“Aquí estamos y aquí nos quedamos, no cederemos ni un solo centímetro de tierra”, señalan quienes por años han labrado la tierra para el sostenimiento de sus familias. Campesinos en el Magdalena están decididos a no dejarse arrebatar los predios ni de la Corte Constitucional ni de los Jueces ni de la misma Restitución de Tierras.

“La tierra es para el que la trabaja”, se podía leer como protesta en las pancartas del movimiento campesino de los años setenta, cuando diferentes tomas de tierras, se llevaron a cabo en la Región Caribe. Algunas fueron adjudicadas a campesinos en el marco de la reforma agraria; otras, volvieron a manos de terratenientes o empresarios, y las que fueron despojadas por las acciones de los actores armados, regresaron a sus legítimos dueños. De acuerdo con muchos campesinos, la suerte de esas tierras forma parte de la “cosa agraria” que el país no ha resuelto.

En la actualidad, no solo figuran las víctimas del conflicto armado, sino también los llamados segundos ocupantes, que, según expertos en tema de restitución de tierras, deberían tener el mismo trato que estas.

Los segundos ocupantes en los procesos de restitución de tierra corresponden a las personas que explotan y se favorecen con las tierras que serán restituidas o que fueron compradas a campesinos, que, de antemano, no aceptaron los predios titulados por el Incora o Incoder.

Aunque el Estado se ha pronunciado por la efectividad en los procesos de restitución de tierras, con los cuales se ha logrado dar sentencia a más 2.300 predios para beneficiar a más de 20 mil desplazados, un cabo sigue suelto: los segundos ocupantes.

Algunas veces, ese segundo ocupante es un grupo armado, sea paramilitar, guerrilla o bacrim; también podría tratarse de una empresa que vio un económico precio de la tierra, una oportunidad de negocio u otro campesino igual o más vulnerable que la persona que va a ser restituida.

Clímaco Torres, quien compró de buena fe una parcela de aproximadamente 30 hectáreas, en la denominada hacienda Tranquilandia, municipio de Aracataca, enfrenta líos jurídicos, porque según él, Restitución de Tierras por medio de los jueces quiere sacarlo de allí para dárselo a una víctima del conflicto.

“En este lugar fue donde se inició el proceso de restitución de tierras en el Magdalena, hace más de tres años. La mayoría de personas que compró esas tierras, lo hizo a personas desplazadas víctimas del conflicto, que al igual que yo eran campesinos. Es gente pobre que, en su mayoría, tiene títulos ya sea del Incoder o del Incora,”, dijo Clímaco Torres.

En Macaraquilla, corregimiento de Aracataca y en toda la zona que comprende la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta, se presenta la misma situación, campesinos con títulos y trabajadores del campo temen perder sus predios.

“Muchas son las personas a las que están sacando de sus tierras, campesinos que llevan hasta 20 años en esos lugares. El Gobierno con la Ley 1448 quiere que la parte rural pague el conflicto. Esta Ley ha vuelto sinvergüenza a los colombianos, mucha gente va y dice, yo vendí por miedo, otros dirán que vendieron porque asesinaron a algún pariente. No podemos afirmar que no hubo conflicto, porque sí lo hubo, pero la mayoría de los dueños de las tierras son gente honesta y trabajadora”, señaló Clímaco.

INCORA ADJUDICABA, CAMPESINOS VENDÍAN

Los campesinos de esta región del país compraron tierras a buen precio y de buena fe. El Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, en su momento, compraba predios y un lote era adjudicado a cuatro campesinos.

Muchas de las tierras fueron abandonadas por las pésimas condiciones del predio y la falta de vías de acceso, inconvenientes que dieron pie para que los campesinos a los que el Incora les adjudicaba, empezaran a vender sus posesiones.

Estas ventas, de acuerdo con los campesinos compradores o segundos ocupantes, fueron legalmente constituidas a través de una promesa de venta, sin embargo, los predios que adjudicaba el Incora no se podían vender, permutar, arrendar y ceder, toda vez que si el campesino pedía la tierra era para trabajarla y producir en ella.

A esto se le suma que muchos campesinos vendieron, huyéndole al conflicto y otros que sí se quedaron en el campo, enfrentaron la guerra.

“Después de que estas personas vendieron sus tierras de manera legal y en vista de que la paz está cerca y que puede mejorar el campo, quieren sus tierras dejando de lado las transacciones hechas en su momento”, aseguró Clímaco Torres.

“ME INSISTIERON PARA COMPRAR LA TIERRA”: YOJAIRA

“Señala Yojaira María, fui desplazada de la parcela que compré, porque el territorio en Río de Piedra era del ELN y fue cedido a las Farc. No se quien actuó más de mala fe, si quien nos las vendió o nosotros que la compramos, ahora esa persona la está reclamando ante la Unidad Restitución de Tierras. Nos rogó insistentemente para que le compráramos la parcela”, aseguró Yojaira Carrascal Domínguez, defensora de los Derechos Humanos y desplazada por las Farc en el 2005, en el corregimiento Río de Piedra, municipio de Aracataca.

Aclaró, que de haber tenido conocimiento de que en esa zona estaba la guerrilla o cualquier grupo al margen de la ley, ni regalada hubiese cogido para allá. “Quien me vendió nos dijo que estaba enfermo y que necesitaba la plata de la venta de la finca para sus medicamentos”.

Agregó, además, que el tema de tierras hay un trasfondo que está tocando a muchos campesinos que dependen de las parcelas, “somos nosotros los que debemos pagar las consecuencias por la falta de soberanía del Estado colombiano, porque este daño y este problema son responsabilidad del Estado, no de nosotros los campesinos y es éste quien tiene solucionarlos”, sostuvo.

Dijo que la Unidad de Restitución de Tierras debe mirar uno por uno cada caso, “cuál es el interés de las asociaciones de juristas en recuperar las tierras, principalmente en Macaraquilla y Tranquilandia, municipios de Aracataca, donde el Incora adjudicó y más de la mitad de los campesinos, vendió y la otra, se quedó. Este problema realmente no es de forma, es de fondo”.

Puntualizó Carrascal, que, si el Gobierno Nacional no mira y toca este tema con la responsabilidad que se requiere, el colapso va a ser mayor, “nos han atropellado sin tener las más mínimas garantías y sin la sutileza administrativa para investigar y averiguar antes de incluirlo al Registro Único de Tierras. En el departamento del Magdalena, Restitución de Tierras ha violado derechos y esto se puede demostrar”, dijo.

Mencionó, que, si el Estado les quita sus tierras, no serían simples víctimas,sino despojados por parte del mismo Estado que les quita su patrimonio, es decir, revictimizados.

TODA LA VIDA DESPLAZADA

Tomasa, quien no quiso revelar sus apellidos, vive en el municipio de Fundación. Fue desplazada de Astrea, departamento del Cesar, porque mataron a cuatro de sus familiares y no quería que sus hijos corrieran la misma suerte.

“Fuimos víctimas de los paramilitares en el año 2002, me vine para Fundación porque en Buenos Aires, corregimiento de Fundación, vive mi cuñado y no podía quedarme con él, así que salí a buscar casa para arrendar”, relató.

En Astrea, Cesar, Tomasa y sus hijos tenían 5 hectáreas de tierra. Cuando llegó a Fundación, se encontró con una persona que le estaba vendiendo una parcela en Tranquilandia, lugar situado entre Fundación y Aracataca.

“Esas tierras no tenían problemas y tampoco dueño, eran del Estado, compramos la parcela, 25 hectáreas por 5 millones de pesos, en el 2007 más o menos”, narró Tomasa.

“Ahora la Restitución de Tierras nos tiene contra la pared, porque nos quiere desalojar y no solo a mí, sino a casi todos los que estamos en Tranquilandia, porque el Gobierno quiere nuevamente esas tierras”, comentó.

Deja claro Tomasa, que en aquel entonces en Tranquilandia nadie era dueño de nada y que por eso fueron comprando tierras y mejoras, “ahora fueron a reclamar a Restitución, unas tierras, que ni los reclamantes conocen y nos quieren despojar a nosotros que nos endeudamos con el Banco Agrario para cultivar y mantenerlas, si nos sacan con qué le pagamos al Banco”.

Explicó, que, quienes ahora aparecen como reclamantes no quieren tierras, sino plata o indemnización.

“Con ayuda del Banco Agrario pude sembrar maíz en mis tierras, este año debemos pagar el préstamo, 5 millones de pesos, a eso se le suma el problema que tenemos con Restitución y ojalá nos dejen las tierras, porque nosotros no somos gente mala”, declaró Tomasa.

Actualmente, Tomasa vive en Fundación y su hijo mayor es quien se ocupa del cultivo de maíz y los animales, ella cultiva sábila en el patio de la casa donde vive, para venderla a las tiendas y así completar el sustento diario. Espera la decisión de un juez para ver si le dejan sus tierras y no se las dan a otros que nunca han querido el campo.

En la misma situación que Tomasa, Yojaira y Clímaco, se encuentran más de 300 familias en el departamento del Magdalena, esperando el día que los jueces dicten la medida que los beneficie o perjudique; de serles negados sus derechos, los campesinos señalan que no cederán un solo centímetro de sus tierras.

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