El ‘Nene’ de espalda a los presos

Ciénaga no aporta un peso para sus presos

Ciénaga no aporta un peso para sus presos

La deuda a la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ en Santa Marta, por parte del municipio de Ciénaga aumenta, debido al traslado de 200 reclusos del centro penitenciario del municipio a la capital del Magdalena.

A pesar de que la Ley 65 de 1993 en su artículo 17 exige a las alcaldías municipales el pago a las cárceles por cada recluso. Hoy, la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ solo recibe recursos del Distrito -500 millones de pesos anuales-. La penitenciaría de la ciudad tiene a 1.600 personas recluidas, entre acusados sin judicializar y condenados, correspondientes a todos los municipios del Departamento, pese a que estos deben tener un lugar de reclusión para los sindicados y solo cuando haya condena, ser entregados al Inpec.

Cumplidos los cien primeros días de gobierno de los entes territoriales que integran al Departamento, OPINIÓN CARIBE, constató con el Director de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’, que a la fecha ningún municipio está cumpliendo con el pago correspondiente al sostenimiento de sus respectivos reclusos.

El caso de Ciénaga es más delicado, teniendo en cuenta que en el 2014, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, ordenó el cierre inmediato de la cárcel municipal, basados en que la infraestructura no era suficiente para el albergue de sus sentenciados, a raíz de esta decisión, los reclusos fueron enviados al centro carcelario en Santa Marta, lo que agravó el problema de hacinamiento.

Cabe resaltar la falta de gestión de la primera autoridad del municipio para responder por sus obligaciones determinadas por la Ley, que dicta que los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y los distritos capitales, respalden la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva (artículo 17, Ley 65 de 1993).

Por consiguiente, se ordena incluir dentro de sus partidas correspondientes los gastos penitenciarios para los pagos de empleados, raciones a los presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones incluidos viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. Por otra parte, tienen la potestad de no aprobar los recursos que incumplan los requerimientos del centro carcelario.

El director de la cárcel ‘Rodrigo de Bastidas’ de Santa Marta, Segundo Noé Saavedra Guerrero, en la edición 126 de OPINIÓN CARIBE, denunció la falta de apoyo financiero que las alcaldías municipales tienen sobre esta penitenciaria y de sus reclusos, quienes no solo proceden de la ciudad de Santa Marta, sino de todo el Departamento.

Esto ocasiona un retraso en las soluciones correspondientes que se requieren para que los reclusos convivan en condiciones dignas, considerando un espacio libre de hacinamiento, prestación de servicios médicos con los medicamentos requeridos, transporte para las remisiones en el tiempo estipulado por sus audiencias, que les certifique su derecho al debido proceso, entre otras.

SANTA MARTA, ÚNICO APORTANTE

Hasta el momento solo el distrito de Santa Marta ha cumplido con el aporte correspondiente, que estipula la Ley 65 de 1993, “la única administración que hasta el momento está haciendo aportes es la de Santa Marta, con 500 millones de pesos, recursos que no son suficientes para los 1.600 reclusos con los que hoy contamos en la cárcel de la ciudad”, señaló Segundo Noé.

Asimismo, el Director de la cárcel afirmó, que se les ha remitido un oficio a todos los alcaldes del Departamento, sin embargo, solamente dos se han pronunciado, sin considerar los recursos exigidos por la Ley, “existe un desinterés frente a la gente que es de sus propios jurisdicciones, no es que yo quiera dinero, es que la Ley estipula que los sindicados son responsabilidad de los municipios. Actualmente, hay muchas necesidades por las cuales atraviesan los reclusos y falta mucho por hacer, pero sin el aporte no es posible”.

Es importante mencionar, que actualmente hay 1.600 reclusos de todos los municipios del departamento del Magdalena, Pivijay, Plato, Ciénaga, Fundación, entre otros, menos de El Banco, en donde está ubicada la cárcel del Inpec, “solo de Ciénaga hay 200 presos, que fueron trasladados cuando cerraron el penal de ese municipio y el Alcalde, sabiendo que esos sindicados están aquí, no ha gestionado los recursos correspondientes”, aseguró Saavedra.

De igual forma dijo, que le ha pedido a las alcaldías correspondientes que por lo menos garanticen el transporte de los reclusos para sus audiencias, pero esto no ha sido posible, “tengo aquí un solo carrito, y al día se reciben aproximadamente 50 remisiones de los despachos de Santa Marta, y dos o tres del municipio de Ciénaga. Pero, si envío a hacer una remisión allá, se me quedan varios del Distrito sin poder hacer sus diligencias jurídicas. Esto, lo que ocasiona es una demora en los procesos de los reclusos, y en algunos casos, no es posible que obtengan su libertad a tiempo”, aseveró el Director.

CIÉNAGA RESPONDE

Según el alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz, se han realizado varias reuniones a través de la Secretaría de Gobierno municipal, luego de recibir los oficios entregados por la dirección del centro carcelario.

Según el Burgomaestre, en conversaciones con el director de la cárcel, propuso la entrega de una cuota inicial de 15 millones de pesos, a lo que la dirección de la penitenciaría de Santa Marta, le pidió que ampliara esos aportes.

Cabe resaltar, que La dirección del Inpec está a la espera de la respuesta de los oficios que se enviaron los pasados días a las alcaldías departamentales, en los que les solicitan se hagan cargo de la manutención de sus reclusos y si no cumplen, se verán obligados a no recibir sindicados.

“El sistema carcelario en Colombia ha fracasado. Todas las cárceles de Colombia están con sobrecupo, ninguna penitenciaria del país cumple con el proceso de resocialización a través de la pena, porque el delincuente que entra ahí no se resocializa conforme a los objetivos que deberían tener trazados los centros penitenciarios. Y, si conforme a los recursos y obligaciones que tenemos se va a aportar a una solución, téngalo por seguro que vamos a cumplir”, reiteró el Mandatario de Ciénaga.

36 mil pesos es el sostenimiento de un preso por día.

El artículo 92 de la Ley 1709 de 2014 le da al director del Inpec la facultad para dirigirse a los municipios para obtener su colaboración, la cual están obligados a brindar en casos específicos:

Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen de manera grave o inminente el orden y la seguridad penitenciaria y carcelaria.

Cuando sobrevengan graves situaciones de salud y de orden sanitario; o que las condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar; o ante la inminencia o el acaecimiento de calamidad pública.

Cuando los niveles de ocupación de uno o más centros de reclusión, afecten severamente los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

Cuando la falta de prestación de los servicios esenciales pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema o amenacen gravemente los derechos fundamentales.