“Aquí no se trabaja para ser el ‘coco’ de los empresarios”: Superintendente

Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado seis casos de presunta cartelización

Desde que llegó al cargo, el superintendente Pablo Felipe Robledo, señala, que los resultados de las investigaciones han sido contundentes. Varias organizaciones sancionadas por cartelización han permitido a los consumidores el respaldo del ente de control. Colombia se actualiza en la protección de datos personales y refuerza las leyes que respaldan el derecho de Habeas Data. OPINIÓN CARIBE entrevistó a Robledo en su visita a Santa Marta y le consultó sobe los procesos que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por Fanny Medina Ariza

Desde el año anterior en Colombia se han destapado varios cárteles empresariales, entre ellos, el del azúcar, el papel higiénico, cuadernos, pañales, que han sido los más escandalosos en el país; las multas han sido millonarias. Robledo ha manifestado que su trabajo será investigar y sancionar, independientemente de lo que digan los investigados, a empresas multinacionales que parecían intocables. Se han destapado los casos ya mencionados y siguen otros en proceso, presuntas subastas ganaderas, cemento, seguridad y demás.

Se han sancionado empresas como Comcel (Claro) que se han aprovechado de su posición dominante para sacar mayor provecho en el mercado. Por otra parte, los consumidores se han beneficiado con fallos en que sus derechos son ratificados, dando efectividad a uno de los lemas promulgados por el superintendente Pablo Robledo, “el consumidor colombiano tiene quien lo proteja”.

Otra de las acciones abanderadas de Robledo ha sido la protección de los datos personales, facultad que le fue otorgada a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, y es un asunto que cada día es más relevante por el acceso que tienen los menores a la Internet y redes sociales, donde el control es escaso. Además del derecho que tienen todos los ciudadanos de que sus datos sean protegidos y no tengan un tratamiento inadecuado, con el fin de evitar situaciones como que una empresa use fotografías para una publicidad que no ha autorizado, o que alguien tome fotos, las suba a las redes y atente contra su integridad, o las incómodas llamadas de desconocidos que conocen nombre, domicilio y teléfono de quien solicita, para ofrecerle productos.

Con la Ley de Protección de Datos Personales todo aquel que requiera información de otra persona, debe solicitar su autorización para que pueda hacer uso de la misma, esta debe ser clara y expresa. En Santa Marta se realizó esta semana el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, evento en el que el superintendente Pablo Robledo comentó el avance del proceso de Colombia.

OPINIÓN CARIBE: ¿Cómo está Colombia con la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales?

PABLO ROBLEDO: Creo que el país avanza significativamente, pero no está en el estado en que uno quisiera que estuviera, ni a la altura de los países más desarrollados del mundo. Hace 15 años la protección de los datos personales de los colombianos se daba a través de las acciones de tutelas que se instauraban ante los jueces de la República en protección del derecho constitucional del Habeas Data. No había una autoridad administrativa que pudiera ejercer función de inspección vigilancia y control para proteger como autoridad policial los datos personales frente a las violaciones que pudieran hacer los empresarios u otras personas.

Hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dispuesto su institucionalidad, hemos hecho muchas investigaciones, hemos impuesto sanciones, quisiéramos hacer un mejor trabajo, pero diríamos, que, para ser los primeros años de la protección, somos los abanderados en América Latina.

O.C: ¿Habrá un tratamiento especial para la información de niños y adolescentes en redes sociales?

P.R: Eso está en la Ley, que ha catalogado como datos sensibles toda la información que tiene que ver con los datos personales de los menores y adolescentes. Hemos realizado algunas investigaciones, en ese sentido, detectar los casos donde hay violación a los derechos de los niños y los adolescentes, y tratarlos con especial cuidado. Estamos haciendo un trabajo importante en los colegios con la recolección de datos de los menores por parte de los empresarios. Todo hace parte de un proceso, pero ya existen unas normas que protegen a los menores y a los adolescentes.

O.C: ¿Se ha logrado que las empresas registren sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio?

P.R: Estamos trabajando en eso, pero no lo hemos logrado. Si se compara el número de empresas que se han inscrito en el registro nacional de bases de datos, el porcentaje es pequeño. Estos ejercicios que estamos divulgando sobre la política del Habeas Data, seguramente nos llevará a que en corto plazo la mayoría de los empresarios haya cumplido con esa obligación, la cual permitirá tener sus bases de datos y poderlas controlar de manera más efectiva.

O.C: ¿Son recurrentes en el país los casos de violación a la libre competencia y competencia desleal?

P.R: En violación a la libre competencia están los casos emblemáticos que el país conoce, aunque hay más expedientes, unos en indagación preliminar; otros con pliego de cargos en la etapa probatoria. Los casos emblemáticos son: azúcar, subastas ganaderas, cementos, papel higiénico, cuadernos, pañales, un caso de casting de modelos que fallamos hace unos pocos días, además del fallo a Comcel por el abuso de dominio, Florhuila, entre otros.

En competencia desleal con nuestras facultades de juez, -porque nosotros dirimimos conflictos como miembros del sistema judicial colombiano entre empresarios-, también hay casos representativos en donde hemos tomado la decisión de sancionar, por ejemplo, con respecto a los cargos asimétricos dentro de la telefonía móvil en la demanda a Claro, fallamos en primera instancia a favor de los demás operadores en contra de esta empresa.

Tenemos un litigio muy importante que tal vez se va a fallar en septiembre, que es la audiencia de fallo en el caso de Caracol Televisión y RCN Televisión en contra de los cables operadores por la retransmisión de la señal del organismo de radiodifusión sin autorización, en donde tenemos medidas cautelares a favor de los canales nacionales.

O.C: ¿Por qué tanta reducción de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a los presuntos cárteles de azúcar, papel y pañales?

P.R: En el caso del azúcar se impuso una multa de 320 mil millones de pesos aproximadamente y se redujo a 260, porque se interpuso recurso de reposición frente a esas sanciones y se vio que habían sido excesivas, sobre todo, una empresa del sector azucarero de logística y el gremio del sector, pero la sanción se mantuvo. La reducción fue eso, y para eso son los recursos, las personas que crean que una sanción es más alta de lo que debería haberse impuesto, argumentan, si la autoridad encuentra que tienen razón, deben hacerse los ajustes.

En el caso del presunto cártel del papel higiénico, la Superintendencia ya tomó una decisión sancionatoria de la que seguramente van a interponer algunos recursos y tendremos que resolverlos. En otros presuntos cárteles no se hizo una reducción, pero sí se aplicó una ley para dar beneficios a quienes fueron empresas delatoras que por ley cuando salieron los acuerdos de colaboración se pactaron esos acuerdos y en el caso de Kimberly, que era del 100 por ciento de exoneración del pago, fue sancionada, pero exonerada de pagar el ciento por ciento, porque así lo establece la ley.

En el caso de cartones y papeles de Risaralda, el beneficio fue del 30% sobre la sanción que se impuso, porque tenía la condición de tercera empresa delatora. Para cada una se deben mirar las razones por las que se dan las reducciones, se revocan parcialmente o se condena otro tipo de sanciones.

O.C: ¿Qué adelantos hay en las investigaciones del presunto cártel de seguridad privada?

P.R: La investigación está en el despacho del Superintendente delegado terminando la etapa probatoria, siguen las pruebas y luego vendrá el informe motivado, el cual espero sea radicado los próximos meses para tomar una decisión definitiva sobre si hay o no un cártel en la seguridad privada en Colombia.

O.C: ¿En dónde cree que falla el sistema de vigilancia y permite que se presenten tantos casos de infracción a la ley?

P.R: Hemos tenido en Colombia hasta hace muy pocos años todo diseñado para que esto fracasara desde el punto de vista institucional, una Superintendencia que no tenía capacidad sancionatoria, lo que explica porque los resultados antes de 2010 eran muy pobres, aunque habían actuaciones, después se puso más seria y hay más resultados institucionales, porque el personal se ha triplicado, hay más capacidad sancionatoria, ahora le queda más fácil al Superintendente hacer la tarea bien, porque los anteriores no tuvieron ni la capacidad, ni la gente, ni el presupuesto.

O.C: ¿La ciudadanía confía en la Superintendencia? ¿Los empresarios le temen?

P.R: Creo que hay una gran confianza del sector empresarial colombiano en la Superintendencia, porque a diferencia de lo que algunas personas dicen, aquí no se trabaja para ser el ‘coco’ de los empresarios sino para tener un mejor sector empresarial. Por cada cártel empresarial hay una cantidad de empresas perjudicadas por la existencia de este, porque a ellas les tocó comprar materias primas más caras para sus procesos productivos, por lo cual celebran cada vez que la Superintendencia advierta la existencia de un cártel en la economía. Da tristeza la existencia de estos cárteles, pero es más triste que no los investiguen y los sancionen.

Esas personas de una u otra manera sienten un respaldo para su sistema económico en la Superintendencia, puesto que muchas de las decisiones que tomamos benefician a los empresarios, por ejemplo, la publicidad engañosa al único que beneficia es al que hace engaño con la publicidad y perjudica enormemente a la gente y al competidor, a quien le gana en el mercado con esas argucias. Si bien la Superintendencia es drástica con quien viola le ley, así trabaja todos los días para que el ciudadano común y la clase empresarial se beneficien.