Más pie de fuerza y medidas especiales para garantizar el abastecimiento anunció Santos

El Presidente resaltó además que el interés particular no puede primar sobre el interés de todo un país y que el Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento y la movilidad en las carreteras del país.

“Vamos también a habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga. Vamos a establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar. He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra Fuerza Pública en las carreteras. Serán ahora 50 mil hombres que garantizarán la seguridad de las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran  trabajar”, resaltó Santos.

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa nacional, ya reiteró las disposiciones presidenciales a la Fuerza Pública.

El Jefe de Estado además anunció, entre otras medidas, la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías, la cancelación de las licencias de conducción a los choferes que participen en bloqueos, la cancelación de la licencia de operación a propietarios y empresas, e imponer multas a las mismas hasta por 480 millones de pesos.

Finalmente el Presidente reiteró que el Gobierno nacional tiene total disposición para encontrar soluciones concertadas, pero realistas, convenientes para el país y también para los transportadores, pero sobre todo que sean convenientes para los más pequeños transportadores y no para unos pocos.

Declaración del presidente Juan Manuel Santos sobre medidas para enfrentar el paro de transportadores

Colombianos, buenos días

Desde que se inició la protesta de unos gremios de transportadores, hace 38 días, ordené al Ministro de Transporte y a su equipo que abrieran una mesa de diálogo y trabajo para escuchar sus reclamos y buscar soluciones realistas.

¿Qué significa que sean realistas las soluciones?

Significa que no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos, no pueden ir en contra de la canasta familiar, del bolsillo de las familias; no pueden ir en contra del normal abastecimiento de alimentos, no pueden ir en contra del empleo, del trabajo decente; de la actividad de campesinos, de la actividad de los industriales.

El Gobierno no puede permitir, y no voy a permitir, que los precios de los alimentos para los colombianos, como el huevo, la carne, el arroz suban de forma permanente por cuenta de este paro.

Por ejemplo, si se aceptan las exigencias que están sobre la mesa, se sube en un 10% el precio de los productos de la canasta familiar. 10%. Eso no lo podemos aceptar.

Es también inaceptable que para levantar el paro haya que mantener un sistema de chatarrización que se ha convertido en un foco de corrupción y que en lugar de cumplir el objetivo de disminuir la sobreoferta –la sobreoferta de camiones– lo que está produciendo es el efecto contrario.

Tampoco podemos aceptar que las soluciones a las demandas de algunos de los que están negociando en la mesa fomenten la corrupción y fomenten el abuso por parte de unos pocos en detrimento de la mayoría de los colombianos. Aquí, como debe ser, el interés particular no puede primar sobre el interés general y mucho menos cuando hay corrupción de por medio.

Esta corrupción la tiene identificada el Fiscal General de la Nación y anoche informó que va a proceder con toda la contundencia en contra de los responsables de esta corrupción.

Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son precisamente los pequeños transportadores.

Tampoco se puede tolerar un cartel del transporte que fija precios y que prohíbe la sana competencia.

El bienestar de los colombianos, su derecho a un trabajo digno, el crecimiento económico de todo el país, no pueden ser el precio a pagar para levantar el paro.

La posición de estas personas en la mesa no busca defender los intereses de los pequeños transportadores ni tampoco protege el derecho a un trabajo decente de los conductores, a quienes –según ellos mismos, los mismos conductores– no se les pagan sus prestaciones.

El Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa opciones de solución buenas, viables, generosas, que benefician a los transportadores sin que todos los colombianos tengamos que pagar las consecuencias.

De otro lado la violencia, las amenazas, los atentados contra las personas y los usuarios de las vías no pueden ser ¡no pueden ser! expresiones  de protesta aceptables ni tolerables.

Frente a estos comportamientos ilegales –porque son ilegales– no hay –ni habrá–  tolerancia por parte del Gobierno Nacional.

Desde el inicio del movimiento, al tiempo que ordené el diálogo y la concertación, le pedí al Ministro de la Defensa que garantizara el derecho de todos los colombianos a movilizarse y –en particular— el de los transportadores que quieren  trabajar.

El martes pasado, desde La Guajira, frente a la escalada de violencia, ordené fortalecer la presencia de la fuerza pública en las principales vías y proteger la libre circulación en las carreteras.

Este ha sido  un gobierno que respeta la protesta. Este ha sido un gobierno que  promueve el diálogo social.

Pero es evidente que la forma y las exigencias en esta protesta van en contravía de los derechos de los colombianos, derechos tan sagrados como su derecho a la seguridad alimentaria, a la libre circulación, a su tranquilidad, derecho al trabajo.

Y además, afecta gravemente todo el aparato de producción nacional.

Y es mi deber, mi obligación, como Jefe de Estado, proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos frente a los intereses económicos de unos pocos.

Y frente a la clara intención de los líderes de la inmovilización en la mesa, de no avanzar en la definición de soluciones razonables, y frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento, el transporte de mercancías, he tomado entre otras, las siguientes decisiones:

• Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte.
• Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales.
• Cancelar la licencia de operación a propietarios y a las empresas, e imponer multas hasta por 480 millones de pesos.
• Cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho.
• Vamos también a habilitar temporalmente a los vehículos particulares para transportar carga.
• Vamos a establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar.
• La fuerza pública se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1.700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos.
• He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra fuerza pública en las carreteras. Serán ahora 50 mil hombres que garantizarán la seguridad de las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran  trabajar.

Quiero reiterar una vez más la disposición del Gobierno para encontrar soluciones concertadas, pero que sean realistas, que sean convenientes para el país y sean convenientes también para los transportadores, pero sobre todo que sean convenientes para los más pequeños, no para unos pocos.

Nuestra voluntad de lograr acuerdos requiere que se acaben las vías de hecho y violencia y que los derechos de todos los colombianos sean respetados.

Es la obligación de todos nosotros. Así hemos actuado y así lo seguiremos haciendo.

Muchas gracias.