PAÍSES QUE ESCRIBEN LAS CONDICIONES Y PAÍSES QUE HACEN CLIC EN “ACEPTAR”

La nube tiene territorio, dueños y jurisdicción. Colombia enfrenta la inteligencia artificial con alta informalidad, brechas de conectividad y dependencia de infraestructuras desarrolladas fuera del país.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

La nube no flota

La palabra nube produce la ilusión de una economía sin peso ni geografía. En realidad, la inteligencia artificial depende de chips, centros de datos, energía, refrigeración, agua, minerales, cables submarinos, satélites, edificios y jurisdicciones.

Quien controla capacidad de cómputo, datos, modelos y redes posee ventaja económica y geopolítica. Una empresa puede depender de un proveedor de nube; un Estado, de modelos sometidos a otra jurisdicción. Unas naciones escriben las condiciones y otras pagan por acceder.

Soberanía digital no significa encerrar internet dentro de las fronteras. Significa conservar capacidad para mantener servicios esenciales si un proveedor extranjero cambia las reglas, restringe el acceso o desaparece. América Latina debe decidir qué capacidades serán propias, cuáles pueden compartirse regionalmente y dónde la dependencia resulta aceptable.

La doble fragilidad colombiana

Colombia enfrenta esta transición sin un mercado laboral estable ni una ciudadanía digital homogénea. En el trimestre abril-junio de 2026, el DANE estimó que el 54,5 % de la población ocupada trabajaba en la informalidad. Más de la mitad ya estaba fuera de la versión protegida del pacto industrial.

La automatización puede elevar la productividad de comerciantes, conductores o diseñadores independientes; también puede subordinarlos a plataformas que fijan comisión, visibilidad, reputación y acceso al cliente. Donde el ingreso fluctúa, una mensualidad pequeña se convierte en interruptor: basta no renovar la nube, el plan o la aplicación de trabajo.

La desigualdad territorial agrava esa fragilidad. Las ciudades concentran conectividad, formación y empresas; muchas zonas rurales tienen menos alternativas. La digitalización acorta distancias, pero amplía la brecha si el Estado cierra sus ventanillas antes de preguntar quién logró conectarse.

Soberanía sin autarquía

Ningún país latinoamericano podrá fabricar por sí solo cada chip, modelo y centro de datos que necesita. Confundir soberanía con autosuficiencia conduciría a sistemas costosos, aislados y rápidamente obsoletos. La autonomía estratégica consiste en identificar dependencias críticas y construir alternativas suficientes para negociar.

Una política regional puede compartir capacidad de cómputo, repositorios lingüísticos, investigación y estándares de contratación pública. El español del Caribe, las lenguas indígenas y los contextos jurídicos locales no aparecerán adecuadamente en los modelos si la región solo consume herramientas entrenadas desde otros centros de poder.

Los datos públicos también son infraestructura. Historias clínicas, catastros, expedientes judiciales y registros educativos no deben quedar encerrados en proveedores que impidan migrar. Contratar tecnología sin exigir portabilidad puede convertir una administración pública en cliente cautivo durante décadas.

La soberanía se prueba el día de la falla. Si un servicio extranjero cambia de precio, termina operaciones o queda bloqueado por un conflicto geopolítico, el país debe conservar capacidad mínima para identificar ciudadanos, atender pacientes, administrar justicia y comunicarse. No se trata de cerrar la puerta al mundo, sino de evitar que otro conserve la única llave.

Esta discusión toca directamente al periodismo. Si el acceso a la audiencia depende de plataformas extranjeras, un cambio de algoritmo puede reducir de un día para otro el alcance y los ingresos de medios locales. La soberanía informativa también requiere canales propios, relación directa con los lectores y reglas transparentes de distribución.

Quien depende de una plataforma también depende de sus silencios.

Del ciudadano usuario al país usuario

Buena parte del cómputo, los modelos, los sistemas operativos y las nubes utilizados en Colombia se rige desde otras jurisdicciones. El país aporta usuarios, creatividad, datos y mercado, pero puede ver salir productividad en licencias y suscripciones.

La respuesta no consiste en copiar toda tecnología ni regular después del daño. Requiere investigación, infraestructura compartida, compras públicas interoperables, empresas locales integradas a la cadena de valor y protección social que acompañe ocupaciones formales, informales y digitales.

La infraestructura también consume territorio. Cada centro de datos obliga a preguntar qué usos justifican energía y agua, quién recibe los beneficios y quién asume los costos locales. La abundancia digital no debe levantarse sobre territorios sacrificados.

La sociedad del permiso no solo divide a propietarios y usuarios. También separa países que escriben las condiciones de países que únicamente pueden hacer clic en “aceptar”.

Esta publicación pertenece a la serie LA SOCIEDAD DEL PERMISO, un ensayo por entregas de Víctor Rodríguez Fajardo sobre trabajo, propiedad y libertad en la era de la inteligencia artificial.

Próxima entrega: UNA CONSTITUCIÓN MÍNIMA PARA LA SOCIEDAD DIGITAL