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Nación

Coca-Cola, acusada de financiar el terrorismo en Colombia

Opinión Caribe

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Hace sólo unos días un anuncio histórico ponía fin a más de 50 años de conflicto armado. La guerrilla de las FARC declaraba el alto el fuego definitivo. Una guerra que fue más allá del enfrentamiento entre el Ejército y los grupos insurgentes. Muchas empresas multinacionales cumplieron un rol clave en el sostenimiento del conflicto involucrándose abiertamente. Coca-Cola fue una de ellas.

“La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla”, recuerda el diario colombiano El Ciudadano. En 1994 fue asesinado el sindicalista José Manco David en la planta de Carepa. De esta forma comenzaba una seguidilla de muertes de las que, según una denuncia hecha por los propios trabajadores, la empresa fue cómplice. Desde principios de los 90 hasta principios del 2000, nueve dirigentes sindicales de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados por fuerzas paramilitares.

Ante la falta de respuesta de la Justicia colombiana, los trabajadores de Coca-Cola presentaron una demanda en Miami ―donde está la sede de la multinacional― en el año 2001. También se llevó a cabo una campaña de boicot internacional poniendo de relieve la connivencia de Coca-Cola con los paramilitares. Sin embargo, la empresa se desligó de los crímenes y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se hacía en las plantas embotelladoras de Colombia.

Por su parte, Laura Capote, portavoz de la organización popular colombiana Marcha Patriótica, ha explicado a RT que “más allá de Coca-Cola, es tremendo cómo el capital privado y las multinacionales han financiado y promovido el conflicto armado en Colombia”, y añade: “Hace poco salió el informe de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde se señalan más de 50 empresas que han colaborado con grupos ilegales durante el conflicto armado”. Colombia es uno de los países donde ejercer el sindicalismo te puede costar la vida. Entre 2011 y 2015 fueron asesinados 105 dirigentes gremiales, según la Escuela Nacional Sindical –ENS–.

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