Una samaria en la JEP

Nadiezhda Henríquez Chacín nacida en Santa Marta es una de las abogadas que integrará el grupo de magistrados que hacen parte de la Justicia Especial Para la Paz.

Al recibir el listado de manos del comité de escogimiento, el presidente Juan Manuel Santos hizo énfasis en que el resultado del proceso fue incluyente y renovador, porque entre los seleccionados el 53 % son mujeres; el 10 % son indígenas; el 10 % afrocolombianos; y el 61 % son de fuera de Bogotá. Señaló, además, que los magistrados seleccionados tienen trayectorias y experiencias diversas, pues han sido jueces, integrantes del Ministerio Público, de las cortes internacionales de derechos humanos y de la academia.

Los escogidos se dividen en veinte miembros del Tribunal para la Paz, 18 titulares de las Salas de Justicia, 7 suplentes del Tribunal para la Paz y 6 suplentes de las Salas de Justicia.

Nadiezhda Henríquez Chacín nacida en Santa Marta y orgullosamente afrocolombiana es una de las seleccionadas como segunda titular de las Salas de Justicia.

En la exposición de motivos señala, que “su cercanía con el proceso de víctimas, búsqueda de personas desaparecidas, la reparación y la verdad, además de las experiencias en justicia ordinaria y transicional, como abogada y condición de víctima, dedicará todas sus capacidades, formación y experiencia a la construcción de bases sólidas para la paz, considerando que la adecuada aplicación de la justicia transicional, el derecho penal internacional, ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos y el DIH, orientan la armonización entre los requerimientos de verdad y justicia y la tramitación de los delitos cometidos por los actores armados; lo cual es fundamental en un país que reconoce y acepta su pasado para transformar su futuro».

Es abogada de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Derecho Internacional de los DDHH y DIH de la Universidad Santo Tomás, cuenta con más de 14 años de experiencia en el acompañamiento a organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y víctimas sobrevivientes del conflicto, a través de la documentación de casos, asesoría jurídica, promoción de derechos y representación judicial en procesos penales, ante la justicia penal militar y de restitución de tierras sobre hechos ocurridos en Magdalena, Cesar y La Guajira.

Se ha desempeñado como funcionaria pública en la Defensoría del Pueblo Seccional Guainía donde ejerció tareas misionales y de promoción e investigación en derechos de los pueblos indígenas, colectivos y del ambiente; y como abogada de planta en la Unidad de Restitución de Tierras, Magdalena, asumió el trámite administrativo y el litigio judicial de casos. Ha sido docente en la Universidad del Magdalena y publicado investigaciones en temas como desaparición forzada, memoria histórica, justicia transicional y teoría Jurídica, articulados al análisis de contextos y problemáticas específicas.

«Este caminar me ha fortalecido con una diversidad de experiencias que como afrocaribeña sensible a la realidad colombiana, me permitirán asumir la responsabilidad de conocer y resolver las deudas que los actores del conflicto tienen con la justicia, sin perder de vista la paz y la reconciliación entre todos los colombianos», puntualizó.

La abogada trabaja actualmente en la restitución de tierras en el proceso de desaparecidos con perspectiva territorial que lleva a los crímenes territoriales y al despojo de tierra con el objeto de la búsqueda de justicia, verdad y garantía para las víctimas y esa experiencia es valiosa para elaborar contextos y participación multidisciplinaria en la confrontación entre la víctima y los victimarios.

Razones suficientes para que tenga esta misión constitucional, sobre todo de quienes trabajan por el acceso a la administración de justicia y para que se cumplan con los estándares jurídicos y respeto por las reglas de juego definidas para la transición.

CERCANÍA A LAS VÍCTIMAS

La Magistrada es víctima del conflicto armado en Colombia, porque, en el inicio de la década de los noventas, paramilitares de las AUC secuestraron a su padre, el defensor de derechos humanos, Julio Henríquez Santamaría.

Ambientalista y líder revolucionario en el Magdalena, fue secuestrado y asesinado hace 14 años por el jefe del Bloque Norte de las AUC, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna, aparentemente por promover la sustitución de cultivos de coca en la zona de influencia del capo paramilitar.

A partir de ese hecho, Nadiezhda (que para la época tenía 27 años) y su hermana Bela (10 años menor), acompañaron a su mamá, Zulma Chacín, en la lucha por lograr que se hiciera justicia.

La familia logró que un fallo de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, Estados Unidos, ordenara reconocerles a ellas sus derechos e incluirlas como tal en la etapa final del proceso por narcotráfico contra el paramilitar.

Indicó que el fallo, permite develar, además, el ocultamiento de los crímenes que siguen cometiendo, tanto los extraditables, como los presos que se acogieron a Justicia y Paz.

“Para nosotros como familia, es una forma de limpiar el nombre de mi papá y de seguir reivindicando la calidad de hombre que fue”, anotó.

LA MAGISTRADA CUESTIONA

La magistrada de la JEP, en diálogo con Caracol Radio, cuestionó los actos de corrupción que en los últimos tiempos han involucrado a los órganos de justicia, afirmando que son hechos “que no debieron ocurrir”, porque le vienen mal a un país que está en el sendero de la reconciliación y búsqueda de la paz.

Una de las situaciones que no debieron haber ocurrido y que están también ligadas al conflicto, es la gran corrupción que se ha apoderado de todas las instituciones”, precisó la magistrada Nadyezda Henríquez Chacín.

Tiene 14 años de experiencia en el acompañamiento a organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y víctimas del conflicto, a través de la documentación de casos, asesoría jurídica, promoción de derechos y representación judicial en procesos penales por hechos ocurridos en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Julio Henríquez Santamaría, un luchador 

El papá de Nadyezda Henríquez Chacín nació el 29 de marzo de 1952 en Cereté, Córdoba. Hijo de Julio, dedicado al comercio de calzado y Belarmina, modista y comerciante, única mujer en el pueblo que acompañaba el cuidado de su casa y su familia con la administración de un pequeño almacén de su propiedad.

Estudió Biología en la Universidad Libre de Bogotá, en donde fue presidente del Consejo Estudiantil. Hizo parte del comité editorial del periódico de la Unión Revolucionaria Socialista (URS) hasta que se radicó en Santa Marta junto a su hija Nadia y su esposa Zulma Chacín, quien estaba en embarazo de Julio. Allí acompañó la fundación del jardín infantil ‘Los Pioneritos’, y se vinculó al M-19 a través del Frente Democrático, con mucha actividad política local junto a Ricardo Villa, su gran amigo y compañero.

Hacia 1984, luego de un período de persecución, vigilancia y allanamientos y por la presión por la protección familiar ya que nace Bela, su tercera hija, decidió acogerse a la amnistía propuesta por Belisario Betancur y radicarse en Guacamayal, corregimiento de Ciénaga, Zona Bananera.

A finales de los 80, cuando se empezó a hacer fuerte presencia paramilitar en esta zona, la ocupación territorial basada en asesinatos selectivos e indiscriminados, amedrentamientos, amenazas, desplazamientos y abandono de tierras, hicieron que malvendiera las tierras y regresara a Santa Marta, ubicándose con su familia en Calabazo, zona de amortiguación del Parque Tayrona y en el mismo Distrito.

Para 1990, Julio se articuló a la Alianza Democrática M-19 con quienes se lanzó como candidato suplente al Consejo Municipal junto con Clementina Cayón de Bateman.

Coincidió esta fecha con el proceso de paz con el M-19. Luego participó de la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente y apoyó la candidatura al Senado de la República de Ricardo Villa, quien fue asesinado.

En medio del activismo en derechos humanos desde el Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta, fue nombrado como Consejero de Paz del departamento del Magdalena en 1992. En este proceso acompañó la desmovilización del EPL y el proceso de conformación de Esperanza, Paz y Libertad en el Magdalena, así como acercamientos para la posibilidad de diálogos para la paz.

En esta tarea, logró que un exgobernador del departamento del Magdalena, Riascos Labarcés, fuera liberado por parte de las Farc, en un acto unilateral y sin ninguna contraprestación, con la sola intención humanitaria en busca de la paz. En este contexto se dieron las primeras amenazas en contra de su vida.

Dejando el cargo en la Gobernación, se dedicó de lleno al trabajo en derechos humanos, siendo presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Santa Marta. Sin embargo, en 1993 amenazaron con más fuerza a todos los miembros del Comité y asesinaron a uno de ellos, lo que produjo la completa desarticulación del espacio y la dispersión de todos sus integrantes.

Es entonces que decide volver a su finca de Calabazo, vereda cercana a Santa Marta y ubicada en la zona de amortiguación del Parque Tayrona, sobre la ruta ancestral a Pueblito, y se encontró que allí las tierras no son productivas para cultivos ni para cría de ganado, sino más aptas para el turismo y la protección de bosques. Julio se dedicó a sembrar árboles frutales y a proteger el bosque nativo. Sin embargo, entran los paramilitares también en esta zona.

Posteriormente, emigra a Chile en donde se diploma en Economía Solidaria y trabaja en este medio hasta su regreso a Colombia, dedicándose a capacitar en este tema y a administrar e impulsar varias empresas de trabajo asociativo.

Se desempeñó como docente, vicerrector de extensión y por un corto período como rector de la Corporación Unificada Nacional (CUN) en Santa Marta hasta que se dieron las reformas administrativas en esta Corporación.

Fundó para entonces la Empresa Asociativa de Capacitación Emacap, junto con pensionados del Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje). Allí formó, impulsó y apoyó la creación de pequeñas empresas en Santa Marta y en la región. También ejecutó y formuló proyectos ambientalistas con Corpamag en las veredas cercanas al Parque Tayrona, así como con Comités de Pescadores de la Troncal del Caribe.

Julio realizó procesos de formación en cooperativismo y tecnificación de procesos productivos y comercialización con los pescadores de la zona norte del Magdalena y con la Federación de Pescadores del Norte del Magdalena, Fepesnomag, de la cual era el secretario docente. Allí se formuló un proyecto de cría de langostas en Taganga, desarrollado actualmente con algunas modificaciones por Ecofondo.

Como parte de su fortalecida línea de trabajo, en el año 2000 decidió volver a Calabazo para impulsar junto con los pobladores de la región, un proyecto de ecoturismo y de reforestación, así como la creación de reservas naturales en la zona de amortiguación del Parque Tayrona.

Es así que el domingo 4 de febrero de 2001, reunido con campesinos y parceleros de la región en la asamblea de constitución de la Asociación Ambientalista Comunitaria de Calabazo ‘Madre Tierra’, varios hombres armados, paramilitares, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna y Francisco ’Pacho’ Muzo, se lo llevaron a la fuerza frente a la mirada impotente de más de 20 personas.