Contraloría advierte malos manejos de recursos públicos en la región Caribe

Tras concluir la rendición de cuentas de la Contraloría General de la República, el órgano de control manifestó su preocupación por los malos manejos de los recursos públicos en los ocho departamentos de la región Caribe.

Entre los hallazgos y procesos fiscales detectados por la Contraloría se encuentran: Eletricaribe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los Carteles de la Hemofilia y de los Enfermos Mentales; las fallidas sedes de la ESAP en Santa Marta y de la Corporación Ambiental Coralina, en San Andrés; o los sobrecostos que se dieron en la compra de predios para poner el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe, entre otros casos.
En el caso del Magdalena, la Contraloría busca determinar responsabilidades fiscales por daño patrimoniales que afectan a entidades como el Distrito de Santa Marta, el Departamento del Magdalena, la Escuela Superior de Administración Pública y el municipio de San Zenón.

“Esto en los casos más cuantiosos, que suman posibles detrimentos por más de $17 mil millones, de los cuales $4.521 millones corresponden a un tema relacionado con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

En este caso de la ESAP, el presunto hecho irregular tiene que ver con la ejecución de un convenio interadministrativo para la construcción de la sede de esta entidad en Santa Marta.

En la ejecución del convenio se prestaron las siguientes situaciones evidenciadas en las visitas realizadas a las obras por la Contraloría General de la República:
*Deficiencias en la estructura de la obra e incumplimientos al reglamento de construcciones sismoresistentes, NSR 2010, que conlleva a que después de 4 años de ejecución del contrato, las obras no hayan sido concluidas.

*El proyecto no ha sido recibido por la ESAP, no obstante la interventoría de obra contratada por FONADE, recibió la obra mediante acta del 12 de diciembre de 2014.
Las irregularidades encontradas se cuantifican por el valor del contrato de obra ($4.140 millones), debido a que aparentemente toda la estructura de contrapiso presenta fallas que no han permitido la terminación del proyecto con la oportunidad que se requería para la prestación del servicio a la comunidad educativa; y de otra parte, en cuantía de $381,5 millones por concepto del contrato de interventoría al recibir la obra con las deficiencias técnicas mencionadas, para un total de $4.521 millones”.