Irregularidades en la prestación de servicio de alumbrado público

Falta de interventoría y control, sobrecostos en las tarifas de energía, mala calidad del servicio y ausencia de un plan de manejo adecuado de residuos, son algunos de los hallazgos derivados de la evaluación de la política pública en la prestación del servicio de alumbrado público que realizó el DNP a nivel territorial. ​

La evaluación, realizada a partir de información recolectada en 703 municipios, evidenció graves desórdenes, los cuales no solo afectan las finanzas de los municipios y distritos, sino también a la ciudadanía que no recibe un buen servicio.

Según los resultados de este estudio, el 85% de los municipios consultados confirmaron que no cuentan con un interventor para hacerle seguimiento a la prestación del servicio de alumbrado, lo cual implica falta de control en la prestación del mismo.

Es importante destacar que solo los municipios que operan a través de un tercero están en la obligación de hacer estas interventorías. De los municipios que operan de manera indirecta, el 75,5% no realizan esta actividad.

«Recomendamos hacer interventorías. La evaluación encontró que tener un interventor se asocia con mayores niveles de inversión, una mayor cobertura y una mayor iluminancia», indicó el director del DNP, Luis Fernando Mejía.

Superservicios debe liderar vigilancia al servicio de alumbrado público

Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación tiene que ver con las tarifas. Algunos municipios y distritos pagan costos más altos de la tarifa del mercado regulado por el suministro de energía para el alumbrado público.

Una de las causas que se asocian a los sobrecostos, según los resultados de la evaluación, son las malas negociaciones que hacen las alcaldías a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público.

Por ejemplo, Bogotá está pagando más del doble de la tarifa del mercado regulado, al registrar un sobrecosto de 104%. Otras alcaldías que pagan con sobrecosto son Cáceres (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Zona Bananera (Magdalena).

Para solucionar este inconveniente que afecta el gasto de los recursos públicos, el DNP propone que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación. Igualmente, el DNP propuso solicitar a la Contraloría General de la Nación una auditoria excepcional para la prestación del servicio de alumbrado público.

«Se debe establecer una regulación para no permitir abusos con las tarifas de la energía para alumbrado púbico, pero mientras eso pasa, los municipios que tienen sobrecostos deben renegociar los contratos y disminuir esos costos, porque esto afecta la eficiencia del gasto público», indicó el director del DNP, Luis Fernando Mejía.