Más gobierno

Rubén Darío Ceballos

¿Toleran los gobiernos de manera selectiva la corrupción, la impunidad y se hacen el de la vista gorda frente a otros muchos problemas que a diario acaecen en su devenir administrativo? Es posible, dicen algunos, sí, afirman categóricamente otros.

Lo cierto en todo, es que los gobiernos no solo deben desplegar toda una serie de acciones que pudiesen amainar los impactos negativos de las circunstancias que muchas veces le son ajenas, sino que, además, están obligados a actuar responsable y firmemente respecto de las que en manera especial tienen capacidad de control y acción, máxime cuando no se justifica desde punto de vista alguno, que frente a la crisis económica que sufre el país y departamentos, aún se persista en resguardar selectivamente la corrupción rampante que se da en los distintos niveles gubernamentales, denunciados a diario por algunos medios de comunicación, donde inclusive se pone en tela de juicio el manejo de la alimentación de los menores, lo cual es un despropósito de principio a fin.

En infinidad de casos y en forma ilegal se señala sin respeto alguno los derechos y garantías de un Estado democrático y social de derecho, con el fin de aparentar una lucha contra la corrupción, simulando con ello recuperar la legitimidad perdida. En otros casos es innegable y provocativa la criminalidad, la impunidad, el total descaro y la complicidad con que se desempeñaron y actúan servidores públicos de diversas entidades inmersos en procedimientos inadecuados, como si nada hubiese pasado.

Cada vez vemos como se abusa descaradamente del erario, las concesiones y demás facultades de las que disponen los funcionarios de todos los niveles, beneficiándose del armazón de complicidades y compromisos, ante ello, es preocupante el estado de los centros de salud de Santa Marta, demolidos y dejados a la intemperie, así como también, el estado de atraso y lamentable de la Vía de la Prosperidad, reclamada por varios Municipios, entre otras tantas obras por citar en el Departamento y en la Capital, que causan decepción e inquietudes dolorosas.

De ahí que la sociedad siga desconfiando de sus instituciones, a pesar de haber servidores públicos comprometidos positivamente en muchas de ellas. Hay indignación en la sociedad, que padece los estragos de la rampante corrupción y la complicidad de las autoridades en la mayor parte de las entidades públicas, lo que les resta legitimidad y credibilidad.

Adicionalmente, crece el malestar, por cuanto soporta en carne propia inseguridades, delincuencia, falta de oportunidades, baja calidad en salud, abuso de autoridad, ineptitud, incremento en los servicios básicos, combustibles y demás aumentos consecuencia de tales desbordamientos, situación que percibe la colectividad como insensibilidad, ausencia, ineficacia y corrupción del estamento dirigente, que no responde como debiera a la sociedad y que actúa en forma descarada como si nada pasara o debiera seguir igual para continuar gozando de los privilegios sin tener en cuenta, que ese comportamiento falaz nos pone a todos en grave peligro y riesgosa inestabilidad.