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Responsabilidad política extraviada

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Alfredo Pertuz Crespo

En democracia, uno de los elementos de esencia es la susceptibilidad de responsabilidad, es decir, la posibilidad de que cualquier ciudadano sea destinario de la acción, sanción o pena por parte del Estado. Es, además, un triunfo histórico, pues las revoluciones del siglo XVIII demostraron que incluso el Jefe de Estado debe correr la misma suerte de cualquier ciudadano, en caso de que su actuar contravenga el ordenamiento establecido.

Esa sensibilidad hacia los reproches, cuando se trate de funcionarios cuyo actuar está determinado por la política, se determina como responsabilidad política y en un sistema presidencialista como el nuestro, es una obviedad que el máximo referente es el Presidente de la República.

Para el caso colombiano vale la pena preguntarse: ¿verdaderamente son susceptibles los presidentes de responsabilidades políticas? La respuesta lisa y llanamente es un no. Colombia al igual que cualquier democracia latinoamericana ha transitado por periodos penosos de su historia, en los que el presidente se ha visto envuelto en casos de corrupción, persecución o cualquier otra clase de hechos deshonrosos, sin necesidad de configurar delitos. Ante esto, las democracias vigorosas dotan de instrumentos a sus instituciones para que puedan determinar los niveles de responsabilidad de los Jefes de Estado, y por consiguiente, aplicar la sanción o juicio a que haya lugar, sin perjuicio del consabido reproche social orquestado desde la opinión pública y la sociedad civil.

Casos recientes en Latinoamérica, como el del Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien para apaciguar las aguas y ante su inminente destitución, prefirió renunciar por las graves acusaciones de compra de votos en el interior del Congreso peruano; el del expresidente de Brasil. José Ignacio Lulla Da Silva, quien ha sido condenado a 12 años de prisión por temas de corrupción; y las investigaciones también por corrupción de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kishner, dan muestras de que la inaplicación del concepto de responsabilidad de los mandatarios es un lamentable hecho del cual en nuestra región, Colombia sigue siendo el mayor exponente.

Ante este contexto regional de verdadera voluntad por determinar las responsabilidades de los Presidentes, pasan impávidos ante los ojos de los colombianos hechos igual de calamitosos o quizás peores, los cuales seguimos aceptando y en algunos casos justificando, con el peregrino argumento de la proximidad ideológica del responsable.

Y es que ante la captura absoluta del poder, por parte de los presidentes, se ve disminuido dramáticamente el sentido de democracia, se  envilece la gobernabilidad y se ridiculiza la labor de la oposición; es este el entorno pavoroso sobre el cual gravita la actualidad política colombiana y parece que ha echado profundas raíces en nuestro país.

No es un sueño, el pensar que los presidentes respondan por sus excesos, desatinos o desaciertos, es en parte un principio de democracia, en el que queda claro que nadie tiene una patente de corzo para excluirse de sus responsabilidades, incluso si es el Jefe de Estado y aún en Colombia no esperamos animosamente que se persiga, como parece ser el destino de nuestra justicia, sino que simplemente se haga práctica la máxima: “La justicia es para todos”.

 

 

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