Procuraduría y Contraloría se fortalecen para luchar contra la corrupción

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, participaron en la XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se realiza en Santa Marta; en sus intervenciones hablaron sobre las acciones que se han tomado y se deben tomar frente a la corrupción que azota al país.

El Procurador fue el primero en realizar su ponencia sobre las acciones contra la corrupción que promueve la Procuraduría en la jurisdicción contenciosa, donde aseguró que alrededor del 10% del presupuesto nacional se pierde por la corrupción, es decir, que se pierden 27 billones de pesos al año aproximadamente.

Afirmó también el procurador que la corrupción impacta varios frentes institucionales, “la corrupción afecta la legitimidad de la democracia, genera desconfianza, atrasa el desarrollo económico, aumenta la desigualdad, vulnera la libertad de los ciudadanos”, afirmó Carrillo.

Por ello manifestó que la sinergia entre la jurisdicción contenciosa y la Procuraduría son la mejor dupla para ponerle freno de mano a la maquinaria de la corrupción.

“El humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción y no podemos permitir que se vuelvan a producir esos escenarios, para que quede de nuevo cubierta en una nube la batalla más importante que tiene Colombia que es la lucha contra la corrupción”, aseveró Fernando Carrillo.

En la ponencia, el procurador anunció que la próxima semana empezarán a tramitar consultas regionales, “los ciudadanos no han sido consultados sobre la necesidad de justicia. Desde la próxima semana haremos 7 consultas regionales, 24 mesas territoriales y 1 plataforma digital para saber qué piensa Colombia sobre la reforma a la justicia”, aseveró.

Contraloría

Por su parte, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, habló sobre los «Desafíos del control fiscal en la lucha contra la corrupción», donde enfatizó que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes y Colombia está muy lejos de esa cifra.

“Al cumplir el primer año de gestión en el cargo, estoy convencido de que la reforma al control fiscal es inaplazable porque permitirá ponernos a la altura de los desafíos que estamos enfrentando”, afirmó Córdoba Larrarte.

Además, agregó que “hoy en día no contamos con las herramientas necesarias para hacer un control fiscal eficaz. Necesitamos recursos para poder vigilar los recursos y evitar que unos pocos se queden con la plática de los colombianos”

El contralor aseguró que fortalecerán el recurso humano y tecnológico para encarar a un enemigo cada día más avezado en sus modalidades de saqueo al Erario.