En Santa Marta se roban el 70% del agua potable

Hoy la ciudad de Santa Marta es noticia a nivel nacional por el robo masivo de agua que se está presentando y que fue denunciado por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón y el vicefiscal Jaime Camacho.

“Es irónico”, así se refirió el ministro Malagón al hecho del robo de agua y destacó tres puntos complejos con respecto a esta situación:

1. Se están robando uno de los principales activos de una ciudad.
2. Afecta masivamente a las personas más pobres.
3. Quien se roba el agua de la población más pobre, es quien luego llega a venderles el preciado y necesitado líquido.

Por su parte, la Fiscalía logró que un juez de Santa Marta impusiera medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra dos personas a quienes el ente investigador señaló como responsables por conectar, de manera ilícita, tubos para extraer agua del acueducto de la capital del Magdalena.

Se trata de Pablo Castro, de 59 años de edad; y de Germán David Paredes Duarte de 60, quienes fueron capturados en momentos en que incurrían en el delito que, según la denuncia conocida por la Fiscalía, dejaba sin el servicio de acueducto a cerca de 44.000 habitantes de la ciudad que sí pagan el servicio, entre ellos, los residentes en la Vereda Puerto Mosquitos.

Además, generó una grave afectación económica a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR).

La investigación

Las acciones de policía judicial adelantadas por investigadores de la Fiscalía y de la Sijin de la Policía Nacional permitieron ubicar, el 8 de octubre pasado, dos inmuebles en la vereda Puerto Mosquitos desde donde se extraía agua de manera ilegal mediante la utilización de válvulas conectadas al tubo de la empresa de servicios públicos de Santa Marta ESSMAR.

En el primer inmueble fue hallado un pozo para la explotación del agua que era comercializada sin permiso de la autoridad competente. En el segundo predio los investigadores encontraron dos válvulas que estaban conectadas al tubo de ESSMAR, las cuales fueron selladas para evitar su uso.

Los elementos utilizados por los capturados fueron incautados por las autoridades.
Con el material probatorio recaudado, el fiscal del caso imputó a los investigados los delitos de daño en obra de utilidad social en concurso heterogéneo con defraudación de fluidos agravado y usurpación de aguas agravada, según su responsabilidad.

Una vez cumplidas las audiencias concentradas el juez del caso señaló que los implicados, aunque permanecerán en libertad, tendrán que portar brazaletes electrónicos suministrados por el Inpec, y cumplir con la obligación de presentarse, cada 15 días, a la estación de policía de Mamatoco (Magdalena).

Castro y Paredes, además, no podrán visitar los inmuebles allanados y deberán mantener buena conducta.