El nuevo target de la furia naranja

Editorial

Siete diputados denunciaron a Carlos Caicedo por no realizar las transferencias mes a mes de los recursos provenientes del recaudo de la estampilla Pro-hospitales. Carlos Cabas Rodgers, Contralor Departamental, tomó la denuncia e inicio indagaciones al punto de encontrar irregularidades que llevarían a una posible sanción al gobernador del Magdalena. Dicha sanción podría ser en el caso más extremo la suspensión del cargo. La no transferencia de los recursos en época de pandemia pone en riesgo la seguridad y la vida de pacientes y funcionarios de la salud en cada municipio del departamento.

Si bien no se encontró detrimento del patrimonio por no haber gastado los recursos, si incumplió con lo establecido por la Ley 645 de 2001 con la cual se creó dicha estampilla a nivel nacional y que estableció los parámetros legales que debían cumplir los departamentos para imponer tal tributo en sus jurisdicciones.
La Contraloría señaló que verificó los dineros que disponía la Gobernación para realizar los giros y corroboró que las cuentas del fondo de salud al inicio de año alcanzaban la suma de los $46.739.000.000 de pesos, lo que a su juicio, indica que existen suficientes recursos en las cuentas bancarias del sector salud, manejados por la Gobernación del Magdalena como para no haber realizado dichas transferencias.

De manera específica se puede determinar que la Gobernación del Magdalena con corte 31 de mayo 2020 debe transferir al Hospital por concepto de recaudo de Estampilla la suma mínima de $10.219.000.000 los cuales resultan del superávit 2019 de dicho recurso, reportado a la Asamblea Departamental en $3.364.000.000 reorientados arbitrariamente a la atención del Covid-19 más $6.855.000.000 resultantes del promedio mensual de recaudo de lo corrido del 2020.

El gobernador, a quien le reconocemos su sagacidad y astucia. Al no poder controlar la elección del contralor y dejar allí instalado al ex registrador y pupilo suyo Alex Zabaleta se fue en contra de los candidatos que no pertenecían a su cuerda política “previniendo un supuesto plan para separarlo del cargo”. Envió una carta abierta en diciembre ya como gobernador electo donde señaló “…denunciar, el perverso y sucio plan que se viene fraguando en contra del pueblo magdalenense y del gobernador electo, Carlos Caicedo Omar, por cuenta de los senadores Eduardo Pulgar y Honorio Henríquez, junto con un empresario de una poderosa organización económica de la ciudad, de nombre Juan Carlos Dávila Abondano, del grupo Daabon y un piquete mayoritario de diputados electos”.

Ya oliéndose el tocino luego de la intervención de Supersalud al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche salió cámara en mano mostrando el deterioro de la red hospitalaria del departamento. Deterioro al que él contribuyó con el incumplimiento de las transferencias esperando a nombrar a los XX directores de su confianza y así evitar tal vez, que los actuales directores hicieran uso de los recursos dejándolos ya comprometidos en el presupuesto del año en curso.

Desde el viernes no se hicieron esperar los twits de respaldo de la bancada de congresistas alternativos que apoya al gobernador. La sumisa alcaldesa de Santa Marta también salió en su respaldo. El Contralor Cabas, está haciendo su trabajo. Caicedo cuenta con grandes juristas que lo representa legalmente. Ha sido extraño que el abogado que lo representa, que siempre sale va por la cabeza del funcionario que señale a su cliente no se pronunciara aún. ¿Será que los argumentos y evidencias del Contralor son tan contundentes que no ha sido posible salir a decir a boca llena en sus redes sociales que no se acomode mucho en el cargo?

Le aconsejamos al Contralor Cabas Rodger que se llene de paciencia y contrate a alguien que maneje sus redes sociales pues en este momento debe ser el nuevo target de los trolles, bodegas y seguidores caicedistas. El manejo de la hacienda pública ha sido un desastre que se quiere disimular con la coyuntura del covid_19, el asunto es que por menos, han destituido o suspendido gobernadores, ¿se repetirá la historia?