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¿PERSEGUIDOS O CONSENTIDOS?

Opinión Caribe

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Por: Amelia Cotes

En el país todos, absolutamente todos los entes de control y de justicia están politizados. Ahí no hay máquinas de inteligencia artificial, hay seres humanos que orientan sus acciones y que tienen posiciones políticas de izquierda, derecha, centro u otros.

El problema no son las instituciones en sí mismas sino los servidores públicos que desvían sus funciones olvidando que deben actuar como institución pública y no como individuo a título personal.

Su obligación es perseguir penal, disciplinaria y fiscalmente a quienes delinquen o hacen actos contrarios a las normas u omiten su deber.

Siendo así uno no tendría que alarmarse cuando estas actúan, allí los investigados podrán defenderse.

Debe alarmar que la impunidad supera el 70% y si se trata de un político este tendrá, por lo menos, el 70% de probabilidad de salir a hacer campaña tomando la ineptitud de la entidad como un punto a favor, sacándole todo el jugo posible al título de «perseguido».

Lo que nos debe causar molestia es que estas entidades no actúen o que lo hagan con una lentitud pasmosa o poniendo obstáculos a los ciudadanos que presentan las quejas y denuncias.

Nos debe alarmar el vencimiento de los términos, las nulidades de los procesos por omisiones de la misma entidad, la dilación dolosa de audiencias y la burla a la justicia, la genuflexión al billete (que no le importa izquierda o derecha).

Estamos tan acostumbrados a que hagan tan poco que cuando hacen nos alarma y bien podríamos sentirlo, pero lo que no podemos creer es que porque a alguien lo investiguen y a otro no, este por obligación tiene que terminar como inocente en su proceso.

Si la teoría del «perseguido» la volvemos regla entonces también deberíamos tener la del «consentido», pues es fácil ver figuras nacionales y locales gozando de todos los réditos políticos y económicos que han tenido y siguen teniendo a causa de las muchas investigaciones que tienen en todos los entes de control y justicia y cuya constante son los vencimientos de términos, las nulidades y los fallos inhibitorios.

En todo pierde siempre el pueblo, quien termina pagando con impuestos las demandas de los «consentidos», sin hablar del arrebatamiento de la justicia a manos de la leguleyada.

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