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Lo que se espera de los jueces el primero de julio

Opinión Caribe

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Por: Ariel Quiroga Vides

Me complazco de que la judicatura con ayuda del ejecutivo por fin hizo reformas que eran necesarias desde la expedición de la ley 270 de 1996, ampliadas por el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y ratificadas por el Código general del proceso. Las cuales, en resumen, pedían aplicar medidas tecnológicas sin timidez en la resolución de los conflictos que se llevan ante los juzgados, procuradurías y centros de conciliación (estos últimos tienen ventaja, sobre todo los de la reputada Fundación Liborio Mejía).

La pandemia obligó que se saldara una deuda de más de veinte años en tan solo tres meses, definitivamente el asunto no era tanto de recursos y logística, sino de voluntad de los gobiernos y de la alta administración de justicia.
Con la expedición del Decreto legislativo 820 del 04 de junio de 2020, Colombia entró a la digitalización de la justicia, pero esta vez sí se aplicará, porque no hay de otra, y como amante de las realidades y no de la letra muerta, veo grandes oportunidades para los abogados, pues, podremos ampliar nuestro marco de cobertura profesional, ya que sin importar el lugar en el que estemos, radicaremos las demandas vía correo electrónico, los poderes serán otorgados por medio de mensajes de datos sin necesidad de autenticación y salvo contadas excepciones, las audiencias las realizaremos a través de la cámara del computador o del móvil.

El Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo PCSJA20-11567 del 06 de junio de 2020, en el que afortunadamente manifestó que ya estaba bueno de cese de actividades, y que el 01 de julio del año 2020, se levanta la suspensión de términos y los juzgados empiezan a trabajar, obviamente aplicando las tecnologías de la información. En esto vemos que los jueces de la republica deben desempolvarse y entrar dinámicamente en el fluir natural de la evolución jurídica.

Como abogado tengo clara las cosas, o nos adecuamos a los buenos y futuros tiempos, o el mercado nos escupirá en alcatraz, pero la pregunta es, ¿los jueces de la república están listos no solo para acostumbrarse a los gigas y pixeles, sino también a la nueva manera de mirar el Derecho y su relación con una sociedad cambiante y más liberal?

En mi corta pero sustancial vida profesional, he enfocado mis esfuerzos intelectuales y laborales en lograr que los jueces ante los cuales litigo acepten lo que por mandato deben aceptar, y es la aplicación del precedente constitucional.

Podríamos decir que el precedente constitucional, son los pronunciamientos, conceptos y decisiones que ha tomado la Corte Constitucional ante distintos temas, y que esta, por ser la guardiana de la Constitución, en virtud del artículo 04 superior (Norma de Normas), está llamada a encontrar la mayor coherencia entre la carta magna, las normas y las decisiones de los jueces de las otras jurisdicciones; aunque esto signifique que su criterio debe aplicarse por encima del pensar de las otras ramas del poder público.

En la Sentencia C-836 de 2001, específicamente en la aclaración de voto de la magistrada Martha Victoria Sachica, se encuentra la siguiente reflexión:

“Como la Constitución es norma de normas el precedente constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no solo para la interpretación de la Constitución sino también para la interpretación de las leyes que obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta. Las sentencias constitucionales interpretan la Constitución o pueden interpretar las leyes, y en todo caso su lugar en el sistema de fuentes no es inferior al que ocupan las leyes. En principio, los jueces deben seguir la jurisprudencia constitucional y cuando no lo hacen por razones del respeto al principio de igualdad, de seguridad jurídica, o de confianza legítima deben indicar las razones que los llevaron a apartarse de la jurisprudencia”.

Lo complejo de esto, es que actualmente en Colombia hay jueces que se niegan a emplear los criterios de la Corte Constitucional, y ni siquiera explican las razones del porqué se alejan de la línea obligatoriamente aplicable, generando un acto de rebeldía en contra no solo de la Corte Constitucional, sino de la Constitución Política y de los casi cincuenta millones que estamos cubiertos por sus garantías.

Hago un llamado a todos los litigantes de este país a que sigamos transformando la justicia, obligando a la coherencia con la incansable labor de meter en la senda de la constitucionalización a los jueces de la república, siendo incisivos con la presentación de tutelas contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente constitucional, e incluso, molestamente persistentes ante la Corte para que esta escoja nuestros expedientes para el mecanismo de revisión eventual, y en el mejor de los escenarios, forzando la creación de una jurisdicción constitucional, que cuente con jueces especialmente dedicados a resolver de forma exclusiva acciones de amparo.

Si nuestros jueces van a aceptar la tecnología en mayor expresión en sus despachos, (sus casas) ya es hora de que acepten al nuevo derecho en sus decisiones, pues no podemos usar herramientas del siglo XXI para estar aplicando los criterios de la constitución de 1886.

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