Dudas e inconformidades dejó el Cabildo Abierto realizado por el Concejo

Durante los días 21, 22 y 23 de julio se realizó un Cabildo Abierto convocado por el Concejo de Santa Marta, en donde ciudadanos, que se debían inscribir previamente, manifestaron sus propuestas e inquietudes acerca del proyecto de acuerdo presentado por la alcaldesa Virna Johnson, que contiene el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial ‘POT 500 Años’.

Esta convocatoria de los honorables concejales del distrito desde el día cero tuvo críticas, principalmente por abogados expertos quienes señalaron que el Cabildo Abierto era un mecanismo de participación ciudadana y los cabildantes estarían usurpando una iniciativa del pueblo; además, señalaban principalmente que esta iniciativa ciudadana debía estar soportada por un número de personas no menor al cinco por mil del censo electoral del Distrito, pero esas firmas nunca se presentaron.

Ante la lluvia de críticas los concejales manifestaron que los Cabildos Abiertos, en estos casos del Plan de Ordenamiento Territorial, son una obligatoriedad de los concejos realizarlos, es decir, lo puede hacer el Concejo por iniciativa de la misma mesa directiva, eso en concordancia al artículo 2 de la Ley 507 de 1999, de no hacerlo se viciaría el proyecto, y más tarde entraría a la nulidad del acuerdo en caso de que sea votación positiva y se convierta en acuerdo distrital el POT.

Se realizó contra viento y marea

Haciendo un lado las críticas y siguiendo contra viento y marea con la realización del Cabildo, desde el martes 21 iniciaron las intervenciones, entre las cuales se trataron temas como las reubicaciones, el cambio de connotación de los corregimientos, situación ambiental del distrito, el uso del suelo y el estado de los mismos.

En una de las intervenciones del primer día, un líder del barrio Manzanares expuso la necesidad de reubicar el Batallón José María Córdova; ante esto el Coronel Carlos Eduardo Bernal, jefe de estado mayor de la Primera División, manifestó que los predios en donde está ubicado este es de propiedad del Ministerio de Defensa desde 1947, “El batallón no solo ha servido a la comunidad, sino que en su momento trajo prosperidad y beneficio a la región”, manifestó el Coronel.

Además, aseguró que el batallón fue creado primero que el barrio Manzanares, por lo que ahora será la Alcaldía la encargada de responder qué pasará con su reubicación.

Por otra parte, los líderes de Bonda hicieron sentir su voz de descontento, en sus intervenciones aseguraban que no querían convertirse en otro barrio de Santa Marta y perder su connotación de corregimiento.

“Nuestros indígenas Bondiguas que durante tanto tiempo nos defendieron, nos dejaron ese legado de defender nuestro corregimiento, vemos con gran asombro y preocupación el que nos quieran cambiar el tema de cabecera corregimental urbana a zona urbana para que hayan intervenciones en el tema de edificaciones”, afirmó en su intervención Luis Samir Durán, líder del corregimiento de Bonda.

Asimismo, aseguró que la Alcaldía ha tenido en abandono a Bonda, debido a que cuentan con un precario puesto de salud, la vía principal está muy deteriorada, no cuentan con alcantarillado, ni con un acueducto comunitario.
Ante esto, la Alcaldía se pronunció de inmediato, asegurando que, “es preciso mencionar que Bonda continuará teniendo la condición de zona rural por decisión de sus habitantes, debido al acuerdo que realizó el entonces alcalde Rafael Martínez y la comunidad a finales del año 2018 en el proceso de socialización del ‘POT 500 Años’, el cual quedó incluido en el proyecto radicado por la Alcaldía de Santa Marta ante el Concejo Distrital”

Problemas jurídicos

La Plataforma Molde de Derechos es un grupo de abogados samarios que, se preocupa por los asuntos públicos y del territorio y se han dado a la tarea de hacer un estudio sobre la seguridad jurídica de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el distrito, por el cual quieren advertir a la ciudadanía y empresarios sobre los problemas jurídicos que se presentarían si el POT se aprueba.

Álvaro Padilla es abogado y uno de los integrantes de Molde de Derechos y habló en entrevista exclusiva para OPINION CARIBE sobre el estudio de seguridad jurídica y que este miércoles expusieron sus argumentos en la segunda sesión del Cabildo Abierto.

“Este POT presenta serios cuestionamientos a nivel constitucional y a nivel legal que lo hacen proclive a que una vez aprobado tal cual como está, este sea sometido a sendos procesos judiciales por parte de las comunidades indígenas, ya que no tuvieron en cuenta los postulados del diseño territorial Línea Negra del Decreto 1500 del 2018 y no le practicaron consulta previa a este POT, aun cuando las disposiciones constitucionales y legales así lo definan”, explicó el abogado.

La Corte Constitucional ha recomendado al estado y a las autoridades públicas en materia de consulta previa; cuando haya una medida administrativa y en su territorio haya comunidades étnicas, deben tener en cuenta que esas actuaciones administrativas pueden generar una afectación directa de manera positiva o negativa a las comunidades étnicas y la única forma de proceder frente a esa afectación directa es mediante una consulta previa para determinar los alcances de ese impacto.

Por lo tanto, establecieron varias reglas, a través de la sentencia C038 del 2008 que por ejemplo si la medida administrativa que se va a adoptar contiene uno o varios de los derechos reconocidos en el convenio 169 de la OIT o de la Ley 21 de 1991que protege los derechos de consulta previa y territoriales de los pueblos indígenas y tribales en el mundo.

Por lo anterior, Padilla afirma que, las comunidades indígenas del país no se conciben sin su territorio, puesto que tiene una conexión especial y más en el caso de la Sierra Nevada que tienen conexión con la Línea Negra.

“La Corte Constitucional dice en la sentencia C208 de 2009 que cuando esa medida o actuación administrativa de la autoridad pública, en este caso el POT, vaya a regular temas o derechos sobre los indígenas o comunidades étnicas que están reconocidas a nivel constitucional como derechos fundamentales, también hay una afectación directa y por ende procede la Consulta Previa, debido que esta es un derecho fundamental y de los pueblos indígenas y por ende ante el POT estaríamos ante la posibilidad de hacerle consulta previa, por otro lado cuando la administración vaya a realizar una norma y esa norma regule a varias comunidades como es el caso del resguardo Kogui-Himalaya se requiere la consulta previa porque va haber una afectación directa a una o varias comunidades”, afirmó el abogado a este medio digital.

Hubo socialización, más no consulta previa

En el caso del distrito de Santa Marta, la administración dice que se reunió con el resguardo Kogui-Himalaya-Arhuaco e hicieron un Plan de Ordenamiento, sin embargo los resguardos no tiene esa autoridad para hacer un reordenamiento, solo las autoridades públicas.

Sin embargo, esto solo fue una reunión de socialización más no de Consulta previa, porque son dos mecanismos diferentes, explica Álvaro Padilla.

“La autoridad pública para validar los procesos de Consulta previa en el país, no son las alcaldías ni las gobernaciones, sino el Ministerio del Interior, a través de su dirección de Consulta previa, en virtud de lo emanado del decreto 2893 de 2011. Por lo tanto, la Corte Constitucional en sentencia de unificación 03197 ha sido tajante en decir que una cosa es una reunión con los indígenas y otra es una consulta previa, máxime cuando hay directivas presidenciales y un decreto que determina quienes son las autoridades que deben hacer el acompañamiento y liderar ese proceso”, explicó Padilla a este medio digital.

No se tuvo en cuenta la pandemia

Por otra parte, en el cabildo se contó con la intervención de Liane Saumet Mendinueta, quien fue secretaria de Planeación de la Alcaldía en el 2014, y dio sus apreciaciones ante los cabildantes sobre el nuevo POT, asegurando que el documento se construyó antes de la pandemia y no se tuvieron en cuenta aspectos importantes.
“Este proyecto se estructura dentro de un marco económico, social y una coyuntura política de absoluta normalidad, con unas previsiones de crecimiento económico optimista y resulta que este documento se radica ante el Concejo para su aprobación dentro de una emergencia económica mundial y bajo una incertidumbre de los impactos económicos y sociales que va a traer la pandemia”, manifestó Saumet Mendinueta.

Asimismo expuso que, “Va a ser una ciudad completamente distinta porque va a entra en un escenario de pos pandemia que va a tener unos requerimientos de reactivación económica, de vivienda y demás, totalmente distintos a lo que se diagnosticó iniciarme y este sería el primer inconveniente”.

Sin duda son muchos los cuestionamientos que tuvieron los asistentes sobre la socialización del nuevo POT, que es preciso mencionar, está en estudio desde que Carlos Caicedo era alcalde de la ciudad (2012-2015), y continuó estudiándose en la administración de Rafael Martínez (2016-2019), gastándose entre ambas administraciones alrededor de $6.000 millones sin dar resultados; y con lo escuchado en el Cabildo Abierto le hacen falta muchos ajustes.

Respuesta a las inquietudes

El próximo 30 de julio la Alcaldía expondrá las respuestas a los interrogantes e inquietudes que se plantearon por parte de los ciudadanos en el cabildo abierto para el análisis del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que será la carta de navegación del desarrollo de Santa Marta para los próximos 12 años, ¿será que se aprueba?.