Buseteros se van a ‘paro’ hasta obtener respuestas a sus requerimientos

Conductores del servicio público de Santa Marta se encuentran encadenados y protestando a las afueras del Ministerio del Trabajo, exigiéndole a los gerentes de las empresas de transporte garantías salariales, que les consignen el dinero que le adeudan y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de Salud.

Según le manifestó a OPINIÓN CARIBE Maximino Osorio Carreño, presidente de la Organización Sindical de Trabajadores del Transporte Urbano de Santa Marta, las empresas les han venido incumpliendo unos acuerdos a los que llegaron en el 2017 a través de una convención colectiva, en la cual se establecía que a los conductores debían cambiarles los contratos debido a que estaban viciados y hasta la fecha no ha sido así.

Además, Osorio Carreño asegura que las empresas no les han cumplido con las normas de bioseguridad que establecen para el transporte público urbano, como es la desinfección en los despachos de alistamiento antes de salir a trabajar, generando esto un riesgo para la salud de los conductores y de los pasajeros.

“Por otra parte, el gobierno dio un subsidio del 40% para la nómina y las empresas a algunos conductores les han negado entregar ese beneficio alegando que ellos no están laborando, y cómo van a estar laborando si estamos en cuarentena y de hecho por eso fue que el estado ordenó el subsidio del 40%”, manifestó Osorio Carreño.

El dirigente expresó que hay trabajadores a los que les adeudan 2 y 3 primas, así como 2 y 3 años de vacaciones que no les han pagado.

“Los que resultaron contagiados con el Covid-19 los dejaron botados, los trabajadores sobrevivieron por el corazón de las personas que hicieron las recolectas y les ayudaron, no tienen corazón”, agregó Osorio.

Actualmente el distrito cuenta con cerca de 600 busetas que prestan el servicio de transporte urbano, de las cuales solo el 50% se encuentra laborando.

“Las empresas se niegan a darnos cumplimiento y la secretaría de Movilidad dice que ellos no son el ente competente para hacer cumplir con el área laboral que es el Ministerio del Trabajo, y el ministerio nos dice que ellos pueden sancionar la empresa pero tampoco obligarlos a cumplir, y esa es la problemática que nosotros tenemos”, enfatizó Osorio Carreño.

El cese de actividades es indefinido y los conductores están convocando al resto de trabajadores para que se unan y puedan en unidad lograr que les solucionen las inconformidades que manifiestan.

Con este ‘paro’ a portas de una reactivación económica en la ciudad sin duda generaría caos en la movilidad, debido a que actualmente los buses deben ir con la capacidad del 50% y los que quedarían laborando no darían abasto para la demanda que se puede presentar.