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Transparencia por Colombia alerta sobre concentración del poder en el ejecutivo en el país

Opinión Caribe

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Transparencia por Colombia emitió un comunicado para advertir el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el ejecutivo es cada vez más preocupante.

Asegura que el fiscal, defensor del Pueblo y la Procuraduría son cercanos al gobierno de Iván Duque. Esto iría en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas.

La Organización apunta que, “Si bien, en el diseño institucional colombiano el poder Ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión, su poder ha aumentado en forma preocupante en meses recientes. Una de las razones ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el Congreso”.

Y agrega: “El estado de excepción de emergencia económica declarado, que se requería para la atención de la pandemia, lo convirtió en legislador transitorio. Igualmente, se identifica un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central y se han presentado acciones cuestionables del gobierno que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública”.

Reseña además que existe un riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo.

“Durante 2020 se han elegido personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo”.
“Alertamos que la estabilidad y la independencia del sistema del control al poder en nuestro país está en riesgo”, precisó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Finalmente, Transparencia por Colombia menciona que, fortalecerá sus acciones de monitoreo al desempeño de los órganos de control y a la preservación de la separación de poderes, mediante la incorporación de experiencias internacionales y el fortalecimiento de alianzas orientadas a generar soluciones estructurales.

“Reiteramos que la discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica, no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia”, indicó Delia Ferreira.

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