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Nación

Corte Suprema envía a la Fiscalía indagación contra Uribe por masacres en El Aro y La Granja

Opinión Caribe

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La Corte Suprema envió a la Fiscalía la indagación que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, debido a que perdió su competencia en el proceso.

Al Uribe renunciar a su curul de Senador debe ser juzgado por la justicia ordinaria, en este caso la Fiscalía, “mediante providencia adoptada hoy, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declara, ante la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su condición de congresista, que ha perdido competencia y remite a la Fiscalia General de la Nación”, manifestó en un comunicado.

A Uribe se le investiga por presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa de una estructura armada organizada al margen de la ley, en el nordeste antioqueño, que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia Uribe Velez para esa época; y que, al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.

Asimismo, la presunta intervención de Álvaro Uribe Vélez, en su condición de gobernador de Antioquia, en las agresiones de que fue victima la población civil de Ituango (Antioquia), que se han denominado: Masacre de la Granja, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996; y la Masacre de El Aro, en el corregimiento que lleva ese nombre, entre los dias 22 y 31 de octubre de 1997.

“En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoria de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango. El homicidio de Jesús Maria Valle Jaramillo, abogado, concejal del municipio de Ituango para la época de los hechos y defensor de Derechos Humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en la ciudad de Medellin”, señala el comunicado emitido por la Corte Suprema.

La decisión de trasladar el caso de Uribe a la Fiscalía se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados en el parágrafo del articulo 235 de la Constitución Politica para continuar conociendo de este asunto, de ahí que, por competencia, lo debió remitir al Fiscal General de la Nación.

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