Procurador pide aprobar ley que prohíbe el uso del castigo físico contra niños, niñas y adolescentes

Por medio de un comunicado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió al presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, Miguel Ángel Pinto Hernández, aprobar el proyecto de ley que prohíbe el uso del castigo físico o tratos degradantes contra niños, niñas y adolescentes.

En misiva enviada al senador Pinto Hernández, el jefe del Ministerio Público avaló el propósito del Proyecto de Ley No. 320 de 2020 Senado, “Por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”.

Agregó que es un compromiso del Estado, la sociedad y la familia poner freno “a esa violencia transgeneracional que ha venido gobernando los hogares, y que se expresa en la reproducción de los modelos de crianza fincados en el maltrato”.

Para el Procurador General el castigo físico, el maltrato, los tratos y degradantes que se han ejercido y se ejercen con el pretexto de formar a la infancia en el seno familiar, se han constituido en una práctica común, y peor aún, aceptada socialmente, a pesar que indudablemente se trata de una violación a los derechos humanos.

En este sentido, el jefe del órgano de control pidió aunar esfuerzos que contribuyan en la consolidación de la conciencia personal, familiar, y social donde se elimine todo tipo de tratos crueles, degradantes y humillantes sobre los niños, niñas y adolescentes.

El proyecto, presentado por los representantes representantes Julián Peinado y Harry González, ya superó dos debates en la Cámara y actualmente está a la espera de cumplir su trámite en el Senado para que pueda ser sancionado como ley.

Este martes la Comisión Primera del Senado dio inicio a la discusión sobre el proyecto de ley. La iniciativa ha recibido críticas de todo tipo. Por solo poner un ejemplo, algunos sectores la consideran inconstitucional porque, aseguran, daría facultades al Estado para involucrarse en asuntos internos de la familia.

El debate continua luego de que se formara una subcomisión para estudiar y hacer ajustes al articulado.