Bienes en extinción de dominio, ¿De la SAE o del narcotráfico?

Desde el 2014, tras la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) luego de que los bienes incautados, en su mayoría al narcotráfico, se convirtieran en un fortín de corrupción, se creó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda, que tiene por objeto administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio. Con esta nueva sociedad se buscaba dejar atrás los hechos de corrupción que empañaban su génesis, pero, la diferencia no ha sido mucha.

Recordemos que la SAE es la encargada de la extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, el testaferrato, lavado de activos, entre otros delitos, es una de las herramientas más poderosas para debilitar las finanzas de los criminales; sin embargo la falta de control sobre la administración de estos bienes ha hecho que se conviertan en una disputa constante entre el propietario que es sacado de su bien y las personas que los adquieren ya sea para adminístralos o lleguen a comprarlos.

Bienes disputados

El abogado Rubén Ceballos Mendoza habló con OPINIÓN CARIBE sobre la extinción de dominio, debido a que en Santa Marta bienes que están bajo este mecanismo son objeto de disputas entre sus propietarios y las personas que los ocupan, tanto así, que ha dejado algunos muertos.

Según el abogado Ceballos, hoy en día después de todas las modificaciones el proceso de extinción de dominio tiene tres etapas, una fase inicial que es la preliminar, en donde los fiscales pueden ordenar medidas cautelares, embargar u ocupar los bienes, y les nombra depositarios, debido a que los bienes pasan a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, quien nombra un administrador en ejercicio a esa diligencia de ocupación.

Estos administradores al parecer no cuentan con ningún tipo de protección especial por parte del estado, debido a que en la ciudad han sido noticia los altercados que han sufrido los depositarios por parte de los antiguos dueños. La SAE no ha tenido en cuenta que los bienes que han sido parte del narcotráfico, presentan un riesgo para las personas si estos quieren recuperarlos así haya un fallo de por medio.

En el área rural de la ciudad hay bienes conocidos que han sido objeto de extinción y también objeto de inconvenientes, uno de los incautados en mayo del 2019 fueron tres predios del balneario Bahía Concha, donde la SAE ordenó la incautación por un proceso de extinción de dominio a bienes del empresario samario Eduardo Dávila Armenta, para ello la entidad resolvió nombrar en calidad de destinatario provisional a la Dirección General de Parques Nacionales de Colombia.

Asimismo, ocurrió con el predio conocido como Los Acantilados, que era propiedad de un jefe del cartel del norte del Valle, que fueron adquiridos el 3 de febrero del 2006 por $468 millones. En su momento el DNE fue quien realizó el proceso de extinción de dominio y se lo entregó a Parques Nacionales. El predio es ocupado por el resguardo Kogui Malayo Arhuaco sin contratiempos, hasta que a finales del mes de agosto del presente año cerca de 300 campesinos invadieron el predio pasando por encima de la ley.

(https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-capo-que-se-adueno-de-tierras-indigenas/)

Muchos líderes de Santa Marta aseguraron que esta invasión había sido motivada por grupos delincuenciales para adueñarse otra vez del predio, debido a que está ubicado estratégicamente y tiene por medio de un río salida directa al mar. Sin embargo las autoridades no pudieron esclarecer los hechos y recuperaron su poderío ante el desalojo de las personas de manera voluntaria, luego de amenazas de los antiguos ‘Pachencas’.

La misma suerte no tuvo la lideresa Rita Bayona, que fue asesinada en el mismo mes de agosto en el barrio 11 de Noviembre de la capital del Magdalena, debido a una presunta disputa por el control de un lote en extinción de dominio (presuntamente por narcotráfico) en ese mismo barrio. Esto porque ella administraba el lugar y había un grupo de personas que lo querían invadir.

De hecho, por esta situación, Bayona denunció ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), desde hace semanas, que era blanco de amenazas.

Cabe destacar que, según el abogado Ceballos las personas que intenten ejercer derecho sobre la propiedad que está siendo incautada puede incurrir en “fraude a resolución judicial, porque ya hay una orden judicial de intervención. El depositario debe de informarle a la Fiscalía y al juez de conformidad donde este el expediente e informar a las autoridades correspondientes ese proceder, para que la autoridad competente inicie la actuación”. Sin duda Rita Bayona avisó, pero, no fue tenida en cuenta.

Sin acciones

El mes pasado Andrés Alberto Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, habló en una emisora del Atlántico sobre las dificultades a las que se enfrenta con la generación de recursos en las ventas de activos que tienen. En la entrevista confesó que muchos predios son asediados por las mafias.

“Lamentablemente, en muchos casos, estos bienes son asediados por mafias que no permiten que estos sean vendidos u ofertados. Tratan de generar intimidación”, confesó.
Teniendo en cuenta lo anterior y que el presidente de la SAE es consciente de que la mafia acecha los bienes que han sido incautados, salta la duda de por qué no han creado un grupo de protección para todos estos activos. ¿Quién tiene el control, la mafia o el estado?

SAE en la mira de la Contraloría

La Contraloría General de la República analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales, llegando a la conclusión de que con la creación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Además, que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE.

La Contraloría afirma que a pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional.

Para el organismo de control el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados.

Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información, es decir, la sociedad cambió solo de nombre.

Es de resaltar que se estima que el detrimento del DNE asciende a más de US$10 millones y tuvo más de 41 personas procesadas por el escándalo, entre ellas directores, subdirectores y asesores de la DNE, además de algunos particulares. Están, por ejemplo, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, exdirectores; Camilo Bula, exagente liquidador; o exfuncionarios como Jairo Coral, Manuel Ospino y Javier Mantilla. ¿Correrá con la misma suerte la SAE?

¿A dónde van a parar bienes objeto de extinción?

Otra de las dudas que gira entorno a estos bienes, que son alrededor de 23 mil inmuebles, es ¿Qué pasa con ellos? Ante la pregunta el abogado Ceballos dijo que, “ha habido varias reformas, el estado en un momento dado no sabe qué hacer con los bienes, por eso se acabó la Dirección Nacional de Estupefacientes, por la corrupción que hubo en todo el manejo de los bienes, y se creó la SAE, pero la SAE esta igual o peor”, enfatizó Ceballos.

“Hoy en día peligrosamente y de manera injusta, se le permite que esos bienes así no haya sentencia la SAE los pueda vender, y en caso que tenga que devolverlo, que la persona se gane el juicio, le entregan la plata y pierde el valor afectivo y comercial del bien porque lo resultan vendiendo muy por debajo del valor real del inmueble”, agregó Ceballos.

Cuenta el abogado que la SAE en algunos casos está autorizada para vender, arrendar o hacer negociaciones sobre esos bienes. Cuando ya se haya agotado todo el proceso de extinción, hay un instituto que se llama Frisco, también está encargado de manejar esos bienes y disponer de ellos, hacen subastas, hacen remates y los venden.

“Si van a una vivienda a extinguirla y hay personas vivienda en ella, los propietarios o personas de la tercera edad, la SAE está autorizada a dejarle en arriendo la vivienda, o sea de propietario pasas a ser inquilino de tu propio bien sin haber sido derrotado en extinción, lo cual para mí también se me hace un atropello, porque si yo soy dueño como voy a pagar para vivir en mi propia casa. Creo que habría que esperar la sentencia, si pierde ahí si sacarlo o pagar en arriendo, pero se permite eso empezando el proceso y mucha gente lo paga porque no tiene para dónde coger, le hacen un contrato de arrendamiento de su propio bien”, manifestó Ceballos Mendoza.

Es preciso señalar que existen casos donde los bienes han sido devueltos a sus propietarios, “a veces se quiere extinguir todo, tengo casos específicos, el negocio comienza contra Juan y lo expanden a todo el núcleo familiar; entonces a Juan le cogen los bienes del papá, de la mamá, los bienes de los hermanos, del cuñado, de la esposa, inclusive hasta de las otras mujeres, todo, y resulta y pasa que hay un hermano que es autónomo e independiente y no tiene nada que ver con lo que está haciendo su hermano y también le cogen los bienes. Hay un exceso”, expuso Ceballos.

Ceballos Mendoza concluyó asegurando que el estado ha abusado con las competencias que se le han otorgado a la SAE, generando resentimientos “para mi esa es una causa más de violencia en Colombia en estos momentos”, dijo. Sin contar que no le ha brindado la protección necesaria a las personas que se encargan de administrar estos bienes, para que no terminen como la líder Rita Bayona.