Columnistas
Minusvalía física vs minusvalía moral

Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez
Para gobernar, el hombre debe aprender a gobernarse a sí mismo, lo cual significa que sólo quienes tienen autoridad moral pueden hacerlo. Filosóficamente, la moral son las reglas y normas de convivencia y conducta de las personas; una de las formas de la conciencia social que los idealistas estiman independiente de las condiciones materiales de la vida de la humanidad. Jurídicamente, es el conjunto de normas, valores y creencias, aceptadas en una sociedad y que tienen como objetivo ser un modelo de conducta y valoración para establecer lo que es tolerable y lo que no lo es dentro de un núcleo social.
Razón para que llame poderosamente la atención que observemos más impedimentos para acceder a ciertos derechos para un discapacitado físico (proceso en el que se presentan anomalías graves) que para un minusválido moral. Veamos: Dispendioso sobremanera para una persona con discapacidad física o mental sea acreditada como tal y pueda acceder a los beneficios de ley; más no para los moralmente discapacitados.
Hay un interminable listado de políticos y servidores públicos que sería importante someterlos a toda suerte de exámenes, valoraciones, evaluaciones y demás mediciones de distinta connotación y factura para antes o después de acceder a cargos, con la finalidad de garantizarle a los asociados que en los mismos están o llegarán personas idóneas, por lo menos en el papel; más, por cuanto cada día son mayores los abusos y superiores los desmanes contra el erario y las buenas costumbres, que lleva a las autoridades al desgaste ante los colapsos que sufren frente a tanta congestión por denuncias atentatorias contra la administración pública y por ende la comunidad toda.
Es claro que la corrupción se encuentra extendida en nuestra sociedad. Contratistas que incumplen, partidas que no se utilizan para sus objetivos y son desviadas, contratación de investigadores y asesores para nada calificados que están dispuesta a firmar a cambio de compartir el salario como si diezmo fuera, y mil y más perversas argucias que en nada y para nada benefician la correcta marcha de la administración pública.
La corrupción no es algo nuevo, pero ha llegado a extremos, como desnudados han quedado en esta emergencia, como a todos consta. Ventas con sobreprecios en los medicamentos, material logístico, reventa de medicinas sustraídas de los centros de sanidad, concursos amañados para su adquisición, ninguna precaución para impedir su deterioro, justificaciones que no lo son y muchas otras anomalías que sería prolijo enumerar y además cuento de nunca acabar.
Esto que así se sucede en la esfera pública, es un fiel reflejo de la situación en la sociedad. Si dieran certificación por discapacidad moral, lo más seguro sería que los encargados de expedirlas, poco o nada trabajarían, pues de someter a rigorosas pruebas a quienes aspiren a vincularse estatalmente, pocos pasarían las pruebas y con ello se evitaría a la nación los desfalcos descarados que día tras día se suceden en sus entes territoriales todos y en su nivel central.

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