Procuraduría investigara disciplinariamente al senador Pulgar

El Consejo de Estado determinó que el organismo de control que tiene la competencia para investigar disciplinariamente al senador Eduardo Pulgar es de la Procuraduría General y no el Congreso.

Pulgar se encuentra detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia porque presuntamente intentó sobornar a un juez.

Para el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, es competente para continuar con las investigaciones disciplinarias en contra del senador Eduardo Enrique Pulgar Daza, por el presunto ofrecimiento de dineros a un juez de Atlántico a cambio de una decisión a favor de un tercero.

Según el Consejo de Estado, la presunta conducta investigada, a primera vista, no corresponde con hechos que tengan que ver con su función como congresista, sino a un caso de corrupción. 

Así lo determinó en esta decisión emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia del magistrado Óscar Darío Amaya Navas. El alto tribunal evaluó un conflicto de competencias que se había presentado entre la Procuraduría, que inició un proceso contra Pulgar en agosto, y la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República, que le repartió un proceso de investigación contra Pulgar a un senador. 

Por esos hechos, en una audiencia del primero de octubre el abogado Jaime Granados, quien representa a Pulgar, presentó un conflicto de competencias y dijo que la Procuraduría no podía investigar disciplinariamente al senador Pulgar. 

Resuelto el conflicto, el Consejo de Estado señaló que la Procuraduría es la que tiene la competencia disciplinaria sobre los funcionarios públicos de elección popular, especialmente cuando la conducta tiene que ver con una actuación corrupta. 

El Consejo de Estado hizo un recordatorio que tiene implicaciones en los procesos disciplinarios que lleva la Procuraduría contra otros funcionarios elegidos por voto popular.

Durante la decisión, el Consejo de Estado se refirió al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en  el caso de Gustavo Petro, decisión que le ordenó a Colombia adecuar su ordenamiento interno para que los funcionarios elegidos por voto popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas.