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Conceden el desalojo de una vivienda que estaba en disputa con arrendatarios desde el 2013

Opinión Caribe

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Después de un largo proceso judicial en el que se vieron involucradas varias entidades locales, finalmente el Juzgado Segundo Penal Municipal Para Adolescentes de Santa Marta resolvió conceder el amparo de los derechos de la ciudadana Ana Victoria Rodríguez Arévalo, quien desde el 2013 venía librando una batalla para poder desalojar de su inmueble a unos inquilinos que habrían incumplido con las cláusulas de arrendamiento.

La vivienda en cuestión está ubicada en la Calle 18 # 2 – 66 de esta capital. En agosto de 2015, el Juzgado Primero Civil Municipal expidió un despacho comisorio a través del cual se ordenaba la restitución del inmueble, no obstante, las constantes dilaciones evitaron que el hecho avanzara luego de haber sido presentado ante la Inspección del Norte de Policía, que, posteriormente, perdió competencia en el asunto.

De acuerdo con el documento, Rodríguez Arévalo en varias ocasiones solicitó apoyo a la Personería Distrital, así como a la Alcaldía Local Dos ‘Histórica Rodrigo De Bastidas’ e, incluso, a la Alcaldía de Santa Marta, para poder proceder con el desalojo de los arrendatarios, Jeisi Maiguel y Yusney Suárez, quienes habrían procedido a quitar el contador de luz de la vivienda completando una acción ilegal, lo que también habría generado inconvenientes con la extinta Electricaribe.

Acorde con la demandante, los inquilinos deben 14 meses de arriendo y tienen una deuda de luz que asciende  a los $38 millones, además, estarían conectados de forma fraudulenta a la energía de la casa vecina.

En una ocasión se procedió con un intento de restitución del inmueble, pero en ese entonces Yusney Suárez, una de las inquilinas, habría aparecido “como nueva propietaria, presentando oposición a la entrega, la cual fue resuelta por el Juzgado Primero Civil Municipal De Santa Marta, ordenando nuevamente la entrega del inmueble y deja perfectamente claro que no se admite ninguna otra oposición a la misma”.

Así mismo, Jeisi Maiguel solicitó un nuevo plazo, argumentando que en el lugar funciona un negocio que sería el único sustento familiar, lo que fue considerado por la accionante como “otro mecanismo dilatorio para no entregar el bien”.

La afectada procedió interponiendo una acción de tutela para el amparo de sus derechos fundamentales, debido a que el inconveniente le está generando un detrimento a su patrimonio económico. Esto, sumado al hecho de que le solicitó a Alcaldía Local Dos “fijar una fecha para la práctica de la diligencia de lanzamiento o desalojo” en febrero de 2020, que, hasta el momento, no se había podido cumplir por el comienzo de la pandemia por Covid – 19, que frenó cualquier avance que había presentado el proceso.

“Se ha dilatado tanto que la fecha todavía no se ha resulto la diligencia, y el señor Jeisi Maiguel todavía sigue en le bien inmueble y eso le acarrea un grave detrimento a su patrimonio económico ya que adeudan mucho en servicio de energía”, aseguran en el documento.

Después de haber sido aportadas cerca de 10 pruebas al expediente, finalmente, el Juzgado determinó “Conceder el amparo invocado por Ana Victoria Rodríguez Arévalo en contra de la Alcaldía Local Dos ‘Histórica Rodrigo De Bastidas’ del Distrito De Santa Marta y la Personería Distrital De Santa Marta”.

Además, se programó para el miércoles 7 de abril de 2021 a las 9:00 am, la diligencia de desalojo del inmueble arrendado en contra de Jeisi Maiguel, en compañía de la Personería Distrital, entidad que deberá ser garante del proceso para la restitución de los derechos de la demandante.

Ahora, de acuerdo con la información suministrada por Rodríguez Arévalo, el problema radica en que el día señalado por el Juzgado hay medida de confinamiento total en la ciudad, además, hasta el viernes, la Alcaldía Local no había solicitado el acompañamiento de la Policía Metropolitana para efectuar el desalojo.

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