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La intervención del Hospital Julio Méndez Barreneche debe terminar

Opinión Caribe

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Ariel Alberto Quiroga Vides.
Abogado litigante y subgerente de Uno Legal.

Vamos al grano; en varias ocasiones el actual Gobernador del Departamento del Magdalena, solicitó a la Superintendencia de Salud que interviniera el hospital, mientras aún era gobernadora la señora Rosa Cotes, porque desde años atrás venía siendo una entidad caracterizada por la ineficiencia administrativa y las fallas en la prestación del servicio.

Extrañamente, fueron dos las visitas cruciales al HUJMB las que arrojaron el informe final que fundamentó la decisión de intervención forzosa de la Súper Salud, estas visitas ocurrieron del 05 al 08 de noviembre y del 17 al 21 de diciembre del año 2019, la primera de ellas, se realizó apenas nueve días después que Carlos Caicedo ganara las elecciones departamentales.

¡Qué casualidad! esperaron a que Caicedo ganara las elecciones para empezar las auditorias. El 12 de febrero del año 2020, se emitió el informe de hallazgos de irregularidades, enumerándose más de 51, en las que se encuentran perlas, tales como, que de 21 mil servicios prestados, no se facturó uno solo de ellos, es decir, no se cobraba a las EPS, que la planta administrativa superaba el 40% de la nómina
y que apenas con 164 procesos judiciales, este hospital contaba con nada menos que 14 abogados y a pesar de poseer esa enorme barra de defensa, no existía un análisis técnico de la probabilidad de ganar o perder los litigios.

Carlos Caicedo, solicitó que la posible intervención se hiciera mientras estaba el señor gerente Tomás Diazgranados, pero la Superintendencia nunca tuvo dientes para ello, a pesar de que durante su gestión recibió siete visitas del ente de control, como lo manifestó él mismo en entrevista al periódico El Informador.

La actual gobernación impulsó la expedición del Decreto 0025 del 13 de enero del año 2020, que palabras más palabras menos, ordenaba un uso racional del presupuesto de la red hospitalaria departamental y especialmente del hospital en cuestión. Creaba una comisión asesora para el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y solicitaba al gobierno nacional, el acompañamiento en esta labor de recuperación. ¡Recuérdese que la SúperSalud hace parte del gobierno!

El citado Decreto, se expidió fundamentado en acercamientos que existían con anterioridad entre la pasada gobernación y el Ministerio de Salud, pues eso se evidencia al corroborar, que el Ministerio de salud el 19 de mayo de 2019, emitió un concepto técnico de viabilidad al programa territorial de reorganización, rediseño, y modernización de la red ESE del Departamento del Magdalena, en el que quedó expuesto, que el cumplimiento de todos los aspectos de mejoras, quedaba en facultad del departamento. Esto indica que el plan de intervención del HUJMB, no estaba en la agenda de la Superintendencia, pero esa intensión cobró vida una vez
Carlos Caicedo, ganó las elecciones.

A pesar de que se había creado el Decreto de racionalización del presupuesto, el señor Tomás Diazgranados, comprometió de los 38 mil millones destinados para todo el año 2020, la suma de 21 mil millones en los primeros cuatro meses del año, sin embargo, con tamaño desorden en sus narices, la Superintendencia ni se inmutó.

El decreto de racionalización se asemeja a un plan marco de salvamento del Hospital Julio Méndez Barreneche, y recuérdese que dicha norma se expidió con posterioridad a las repentinas auditorias de la Superintendencia de salud, (noviembre y diciembre de 2019) y con posterioridad al informe de los 51 hallazgos.

En la misma línea de restauración del HUJMB, el Gobernador del Magdalena, en junta directiva del 24 de marzo del año 2020, había anunciado la inversión de más de ocho mil millones de pesos, para pagar obligaciones laborales y de veinte mil millones, para compra de insumos médicos que sirvieran en la contención de la pandemia del COVID-19.

El 31 de marzo el señor Tomás Diazgranados, por fin, abandonó la gerencia del HUJMB, y al parecer, esa era la señal esperada por la Superintendencia de salud, pues, cuando apenas el gerente nombrado y afín a la actual administración departamental, el señor Jairo Romo, tenía 40 días ejerciendo; la Superintendencia, aparece con la Resolución No. 002304 del 11 de mayo de 2020, y ordena la
intervención forzosa del hospital, despojando del cargo al médico Romo y posesionando a un agente interventor.

Uno concluye que la Súper no vino a salvar a ningún hospital, lo que vino fue a estorbar un plan de salvamento que ya se estaba ejecutando, siendo curioso que durante ocho años de abandono frontal de la salud del Magdalena, el ente interventor no sacara los dientes como lo hizo el año pasado.

De todas formas, un mes después de haber intervenido el HUJMB, el agente interventor solo avanzó en la compra de 14 camas UCI nuevas, el pago de parte de la nómina y la adquisición de 22 mil 500 elementos de bioseguridad, distribuidos entre 8.500 mascarillas N95, 7.000 protectores faciales y 7.000 tapabocas quirúrgicos, es decir, gran parte de los 25 elementos eran tapabocas.

En definitiva, la Supersalud llegó a aplicar el plan de otro y a quedarse con el crédito, pero ni siquiera así ha logrado demostrar un liderazgo en la lucha contra el coronavirus. Lo que sí está claro, es que las luchas políticas entre el ejecutivo regional y el nacional, nos est{n perjudicando a todos, pero también se debe aclarar, que en temas de gestión, son los alcaldes y gobernadores los llamados a
gerenciar las estrategias de choque contra esa terrible enfermedad.

Lo que quiere decir es que, nos guste o no, se debe aceptar que el papel del gobierno nacional, a través de la superintendencia, ha entorpecido el actuar del ente territorial, por lo que es inminente que el manejo del hospital vuelva a las manos de una
gobernación que desde el principio demostró poder de ejecución.

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