¿Misoginia en la Policía Nacional?

Por: Norma Vera Salazar

La defensa de las mujeres, ha sido una lucha que poco a poco ha ido rindiendo frutos con respecto al reconocimiento de derechos e implementación de políticas públicas orientadas hacia su dignificación. Sin embargo, todavía hoy persisten conductas y acciones que mantienen vigentes las formas de exclusión hacia el género femenino.

Históricamente, en las sociedades patriarcales, los hombres han dominado la sexualidad de las mujeres, relegándonos siempre al ámbito privado. Además, la familia se ha instaurado como un escenario ideal para la reproducción de estos mismos discursos de desigualdad, otorgando culturalmente a los hombres la jefatura del hogar y relacionándonos a nosotras con las labores domésticas y la crianza de los hijos. Inclusive, con los avances actuales y las posibilidades de tener un trabajo remunerado, aún las mujeres en Colombia destinamos siete horas 14 minutos a las labores del cuidado en casa (no remunerado) y aportamos el 77% del valor económico del mismo.

En consecuencia, la violencia padecida por las mujeres tiene sus raíces en este sistema desigual, naturalizado en el hogar. En Colombia, de acuerdo con Medicina Legal, solo en enero de 2020, se presentaron 7.286 casos de violencia de pareja, de los cuales, 6.253 mujeres fueron víctimas. Dicho sistema genera una especie de adoctrinamiento que termina por ser replicado y defendido por los individuos y a veces encarnado en las mismas mujeres.

En consecuencia, la violencia de género se produce como respuesta a transgresión de los roles culturalmente establecidos.  Estas lógicas patriarcales, trascienden los entornos íntimos y se materializan -por ejemplo- en la estructura de un Estado, cuyas instituciones han sido tradicionalmente de dominio masculino y creadas bajo el entramado simbólico imperante que excluye, margina y discrimina a las mujeres. Tal es el caso de la Fuerza Pública, que se sustenta en valores “masculinos”, en una construcción de hombres y para los hombres. Donde no solo poseen el monopolio legítimo de las armas, sino también, el poder y el privilegio que culturalmente les otorga ser hombres. Lo cual ha perpetuado y reproducido formas de violencia y estereotipos de género.

Ante dichas inequidades, el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos ha supuesto un logro para la prevención, pero también, un desafío para los Estados en la garantía de goce y acceso efectivo a la justicia. En nuestro país, la ley 1257 de 2008 y la ley 1761 de 2015, dieron paso a la creación del tipo penal de feminicidio y otras disposiciones que han significado avances en la eliminación de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esto permitió que el 28 de mayo de 2015, el Estado fuera condenado por primera vez con la Sentencia del Consejo de Estado No.17001-23-31-000-2000-01183-01(26958), por el feminicidio cometido por un miembro de la Policía Nacional contra su esposa, utilizando su arma de dotación oficial.

Esta sentencia, no solo reconoció los antecedentes de violencia física, verbal y psicológica padecida por la víctima, sino la responsabilidad del comandante de la estación al tolerar, no corregir, ni sancionar, el comportamiento violento de su subalterno, en razón de estereotipos de género, que desembocaron en el feminicidio de su pareja. Lo cual, puso en evidencia, la responsabilidad del Estado y un problema interno de la institución en la formación y el modelo policial, que se refleja en las conductas misóginas de algunos de sus funcionarios y que han generado denuncias sistemáticas por violencia de género.

Desde entonces, la Policía Nacional ha hecho un esfuerzo por cambiar paradigmas al interior de su institución, por medio de capacitaciones en perspectiva de género y otras acciones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para cambiar las estructuras. En 2019 y 2020 la ONG Temblores, documentó al menos 54 casos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública; y en 2021, en medio de las protestas que iniciaron desde el 28 de abril, se han conocido al menos, 16 casos de abusos sexuales que involucran miembros de la Policía Nacional. Circunstancia que agrava fuertemente la situación de Derechos Humanos que ya existe en el país.

Es por ello, que, ante los casos de abuso denunciados, resulta imperativo una reforma estructural a las instituciones que conforman la Fuerza Pública, que modifique -además de los sistemas de reclutamiento, entrenamiento y sanción- la ambigüedad existente entre el deber que poseen dichos entes como cuerpo civil de protección a los ciudadanos y la defensa de la seguridad nacional, que se ha caracterizado por alimentar un perfil militarista que termina por violentar los derechos humanos. Hay que exigir mayor compromiso institucional en el desarrollo de políticas que permitan romper los paradigmas y los estereotipos de género al interior de la fuerza pública, para garantizar que los abusos no sean repetidos y que los casos de violencia intrafamiliar sean atendidos y sancionados como corresponde. Avanzar no solo en materia normativa, sino también, en los cambios culturales que son necesarios para consolidar un territorio en el que las mujeres dejemos de pagar con nuestros cuerpos y almas las consecuencias de la guerra y de la incapacidad del Estado para garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencias.