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“El modelo de seguridad y convivencia del Distrito ha fracasado”: Norma Vera

Opinión Caribe

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Este martes, la defensora de Derechos Humano y activista, Norma Vera Salazar, se pronunció sobre el hecho ocurrido durante el fin de semana de Santa Marta, en el que dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas por parte de un intendente de la Policía Nacional en el sector del Mercado Público.

Este suceso, que despertó la indignación de la comunidad en general, es descrito por Vera Salazar como un incidente que dibuja la “terrible violencia sistemática contra la mujer”, la cual, a su vez, permite evidenciar las falencias que presenta todo lo referente a la seguridad en Santa Marta.

“Lo que sucedió este fin de semana no es un hecho aislado, incluso, en el marco de la presunción del debido proceso hay que destacar que la persona mencionada en el video, antes de ser coordinador de modelo de seguridad del mercado público, era coordinador de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana, lo que no deja una sensación terrible porque es una persona que conoce perfectamente el marco de aplicación del Derecho Internacional”, afirmó en entrevista.

Adicionalmente, mencionó que esta denuncia se suma a una serie presentadas anteriormente, provenientes en su mayoría de mujeres venezolanas, quienes aseguran haber padecido por procesos mal desarrollados en los cuales se generan decomisos, acoso sexual y maltrato.

Lo anterior, ha sido documentado por Vera en su labor investigativa, quien en varias ocasiones se ha trasladado hasta los puntos de hecho, como El Rodadero y Centro Histórico, en donde, incluso, pudo evidenciar las irregularidades en las incurren los uniformados, razón por la cual se encuentra preparando una denuncia formal ante la Procuraduría sustentada con 11 casos concretos.

“Tuvimos la oportunidad de conversar con más de diez trabajadoras sexuales, quienes también coinciden en casos de abuso que no incluyen solamente hombres policías sino también mujeres policías. Dicen que son agredidas, les roban el dinero, son golpeadas, maltratadas verbalmente, lo que nos preocupa muchísimo como defensores de Derechos Humanos”, afirmó.

Lo mencionado, haría parte de un problema mayor en Santa Marta relacionado con el aumento de la inseguridad durante los últimos tres años, en los que ha sido evidente el acrecentamiento de delitos que van desde la violencia intrafamiliar hasta el feminicidio y la extorsión.

“Las estadísticas muestran que el modelo de seguridad y convivencia del Distrito ha fracasado, que la política pública, la articulación y la implementación de acciones estructurales que generen prevención del delito, disminución de las conductas de mayor impacto, como el homicidio, la violencia intrafamiliar, la extorsión e incluso el hurto, no han podido articular una dimensión efectiva, un fortalecimiento de las instituciones”, explica, añadiendo que, actualmente, “la judicialización es supremamente débil, y el marco general de sensación para los ciudadanos es que vivimos en una ciudad cada vez más insegura en la que básicamente es difícil creer en las instituciones”.

Tal vez uno de los comportamientos más preocupantes fue que, durante la pandemia, en Colombia se reportaron disminuciones importantes en las estadísticas de homicidio selectivo, sin embargo, en Santa Marta las cifras se mantuvieron iguales.

Por lo anterior, también está en curso el proceso para interponer también una demanda en contra del Estado por el feminicidio de Consuelo María Estrada Conrado, en manos de su hijo, ocurrido en Ciudad Equidad en mayo pasado, dado que en los expedientes quedó documentado que las autoridades estuvieron en el lugar una hora antes del suceso, pero, al parecer, no hubo ponderación de derechos para evitar que la situación desencadenara en ese trágico episodio.

“La Policía Metropolitana y la Fiscalía no están cumpliendo al 100% en su deber institucional los temas de judicialización”, destacó.

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