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La alcaldesa debería exigir que se nombre un fiscal experto en crimen organizado: Norma Vera

Opinión Caribe

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La inseguridad en Santa Marta últimamente ha estado alcanzando niveles preocupantes que mantienen en alerta a toda la ciudadanía. Solamente en estos dos últimos días, se han registrado tres asesinatos y un atentado con armas de fuego, lo que indica que no han sido efectivas las estrategias de las autoridades locales para controlar estas acciones delictivas y devolver la tranquilidad a los samarios.

Sobre estos hechos acontecidos en las últimas semanas y que han generado conmoción, todavía no se han visto aplicadas medidas eficaces que disminuyan los alcances de la violencia armada y tampoco en contra de las estructuras criminales que operan en el Distrito, las cuales representan a los actores principales de la disputa por temas recurrentes, como la droga.

Ante lo que viene aconteciendo, Norma Vera Salazar, investigadora y magíster en Protección de Derechos Humanos, se pronunció asegurando que en la ciudad hace falta un análisis de contexto serio y la articulación una agenda específica de seguridad urbana.

“Se debe entender qué está pasando en el territorio (…) y que este es un problema que tiene un arraigo de más de 20 años, desde un proceso que desmovilizó formalmente a unas estructuras, pero que, en la realidad, las estructuras asociadas al linaje de Giraldo (Hernán) siguieron delinquiendo a través de nuevos nombres”, aseguró.

Acorde con su explicación, una de las principales fuentes de violencia es la evolución de neoparamilitares en 12 estructuras criminales, siendo la más problemática los hoy llamados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en asociación con el Clan del Golfo, que hoy se encuentra fortalecido gracias al aumento de las rutas de narcotráfico.

“Es necesario comprender los fenómenos de bandas criminales y delincuencia común, no asociarlos como si fueran lo mismo”, asegura, explicando también la importancia de comprender el fenómeno desde la prevención del delito, sobre todo con jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad que podrían pasar a integrar las organizaciones criminales a causa de las condiciones de pobreza.

Así mismo, reitera que es primordial fortalecer el reingreso al sistema educativo de los jóvenes de bachillerato que hoy están desertando, acompañado de un plan de desarme juvenil y una política integral de prevención del delito, mientras, simultáneamente, se fortalece las operaciones de inteligencia desde las entidades policiales y militares, que conlleven a atacar el crimen de forma directa.

“Dejar de hacer capturas operacionales, a personas dentro de la estructura que solo realizan cobro de la extorsión y no la mente criminal que está detrás porque si no hay capturas estructurales y no se persiguen las rentas criminales no hay disrupción del delito, para esto se necesita inteligencia”, aclaró.

Adicional a lo mencionado, la investigadora y defensora de DD. HH., considera también que hay una profunda debilidad en la judicialización, por parte de la Administración Distrital.

“Si tuviéramos una alcaldesa con suficiente liderazgo, se hubiera trasladado a Bogotá a entrevistarse con el Fiscal General de la Nación y exigirle que se nombre un fiscal experto en crimen organizado, que se nombren más fiscales para feminicidio y violencia intrafamiliar, que se robustezca el CTI y se den garantías de judicialización efectiva, porque muchas de las capturas, sobre todo en delitos de alto impacto, como el homicidio, terminan convertidas en vencimiento de términos y posteriores ajustes de cuenta”, asegura.

Por último, y no menos importante, Vera mencionó que es necesario combatir el discurso de xenofobia con respecto a la población migrante que llega a Santa Marta en condiciones de pobreza extrema, quienes terminan siendo víctimas del reclutamiento o acceden a participar en estructuras criminales bajo la premisa de ganarse la vida de alguna manera.

“Lo que vemos es una secretaria de Seguridad y Convivencia que tiene muchísimos cuestionamientos morales y éticos, una policía desconectada del territorio persiguiendo mototaxistas, una Fiscalía inoperante e inútil prácticamente, todo un sistema que no funciona y la ausencia de liderazgo desde la Alcaldía Distrital, para que coordine las funciones y las rutas interinstitucionales para que el sistema dé garantías”, puntualizó.

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