Niegan tutela que buscaba beneficiar a contratista del escándalo de MinTIC

Este viernes, la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, Karen Abudinen, anunció que un juez de Barranquilla declaró improcedente el recurso de amparo que había solicitado la Unión Temporal Centros Poblados, con el cual buscaban tumbar la caducidad que se había establecido sobre el contrato que se cerró con dicha cartera y que hoy tiene a la funcionaria envuelta en un escándalo nacional.

El juzgado señaló que era inexistente el perjuicio irremediable que argumentó la UT en su solicitud de amparo y que no hubo vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y efectivo acceso a la administración pública.

La situación proviene de la contratación hecha por el Ministerio para la instalación de 7 mil puntos de internet en las zonas más alejadas del país, por valor de $70 mil millones, que se entregaron por adelantado, sin embargo, nada de lo pactado se ha cumplido y, posteriormente, la misma Abudinen calificó el contrato como “inejecutable”.

“Trabajamos en equipo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para ganar esta tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y efectivo acceso a la administración de justicia”, manifestó la funcionaria.

Lo anterior, luego de que un juez municipal de Puerto Colombia emitiera un fallo a favor de la UT Centros Poblados, que luego reversó y remitió a un juzgado en Barranquilla, con el cual se pretendía suspender la prescripción del contrato. De igual manera, en contra del togado del municipio en mención se presentó una queja disciplinaria por la decisión que favorecía a la UT, dados los notorios atrasos que presenta la obra.

Por tal motivo, el reciente fallo también ordenó levantar las medidas cautelares provisionales que decretó el juzgado de Puerto Colombia.

Sobre el tema, la jefe de cartera anunció que el proyecto sería reanudado con ETB NET Colombia Conectada, conformada por ETB y Skynet, que también participaron en la licitación original. Así mismo, mantiene su versión de que el Ministerio “fue víctima de una trama delincuencial orquestada por contratistas corruptos”.

A pesar de sus afirmaciones en su defensa, Abudinen se enfrenta actualmente a un proceso de moción de censura en la Cámara de Representantes, citado por congresistas de la oposición, quienes en reiteradas ocasiones han pedido su renuncia al cargo por el presunto entramado de corrupción en cual se fundamentó el contrato con Centros Poblados.