El robo de las armas en la MESÁN, espera el juicio final

Por Adriana Cuao 

Un nuevo fallo por parte de la Inspección General de la Policía Nacional cambió por completo el rumbo de la investigación que se venía adelantando con relación a las armas que en el 2016 desaparecieron del armerillo de la Policía Metropolitana de Santa Marta, cuando era comandada por la coronel en retiro, Sandra Vallejos Delgado, hoy secretaria de Seguridad del Distrito.

En el documento quedó establecida la decisión de absolver, en primera instancia, de cualquier responsabilidad disciplinaria al mayor en retiro Rolando Pinzón, quien en ese entonces se desempeñaba como Jefe Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Santa Marta, por demostrarse “que su conducta no trasgredió la Ley”, pues, en un primer momento, Vallejos lo señaló como el culpable del extravío de dichos elementos alegando que estaban bajo su responsabilidad cuando ocurrieron los hechos.

“No se encuentra relación entre las funciones de supervisión que debía tener el Jefe de la Seccional de Investigación frente al Grupo de Armamento, pues (…) el armerillo depende administrativamente en su orden del Área Administrativa, Subcomando y Comando de la Metropolitana de Santa Marta, tampoco obra orden respecto a que el señor Mayor (hoy retirado) Rolando Pinzón García, se le pusieron bajo su responsabilidad los elementos que fueron retirados irregularmente”, especifica la misiva.

Además de la absolución de Pinzón, el fallo ordena remitir hasta la Fiscalía General de la Nación copia de un CD aportado por él en versión libre con elementos probatorios “con el fin de que esa jurisdicción adopte la decisión que en derecho corresponda respecto de la posible conducta de la señora coronel Sandra Vallejos Delgado”, lo anterior, con el objetivo de determinar la responsabilidad de ella en este hecho criminal, que durante varios años parecía no avanzar.

El documento establece también que las armas de fuego en cuestión fueron extraídas por patrullera retirada Yennifer Johana Mendoza Gómez, que se despeñaba como investigadora criminal para fecha. En ese entonces, sus actuaciones fueron identificadas por el mayor (r) Pinzón, quien procedió a informar a la coronel (r) Vallejos, no obstante, no se tomaron las medidas requeridas desde un comienzo, lo que dio paso a un cruce de culpas que, finalmente, está cerca de verse resuelto.

“Por esos hechos vincúlese a la coronel Sandra Vallejos, para que ella determine que no tiene nada que decir, que no tiene responsabilidad, y que nos cuente, no sólo a mí sino al país entero, por qué ella manifiesta y argumenta que el armerillo dependía de mí, cuando la misma policía, según oficios que me dieron a mí, manifestaron que eso depende del comandante de la Metropolitana y de la misma coronel”, explicó a OPINIÓN CARIBE el mayor Pinzón.

Según argumenta, desde un comienzo la investigación debía ir en dirección a Vallejos. Por este caso hubo uniformados destituidos e inhabilitados por un término de 10 años, sin que la comandante tomara responsabilidad sobre alguna.

“Esta misma sanción debería acarrearle a la coronel porque ella era la responsable directa, ¿por qué no se hizo? No se sabe, pero es la que tiene que entrar a aclarar disciplinaria y penalmente, el por qué omitió, por qué mintió, por qué informó erradamente a los altos mandos sobre su responsabilidad y, paralelo a ello, que argumente cuáles son sus relaciones con las organizaciones criminales como lo hicieron públicamente en un video (…) y que tiene relación directa con lo que sucedió”, asegura.

Obedeciendo al principio de equilibrio periodístico en la información, OPINIÓN CARIBE contactó a la secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito, Sandra Vallejos, para contrarrestar la información recibida.

“Si tienen dudas sobre el proceso no soy quién se las pueda aclarar. Quien tiene las competencias es la Dirección y la Inspección de Policía, ya lleva cinco años y un proceso no se puede aperturar por un requerimiento de un indiciado si no se hacen los cinco términos. No me vincularon, esa es mi respuesta”, señaló Vallejos.

Ahora, la última palabra sobre esta situación la tendrá la justicia colombiana, que se encargará de determinar el grado de responsabilidad de la funcionaria, de existir alguno, y proceder con lo que dicte la Ley.