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Columnistas

Caso gobernador del Magdalena: Golpe a la institucionalidad territorial.

Opinión Caribe

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 Por: Carlos Arteaga

El Presidente de la Republica simboliza la unidad de la Nación (Ver art 189 C. N). Su majestad le impide ordinariamente descender a las contiendas y desavenencias partidistas del resto de los mortales en la patria colombiana, y en un régimen marcadamente presidencialista como el nuestro se le exige mayor ponderación e imparcialidad, pues su sesgo crea un desequilibrio peligroso para la democracia.

Uno puede tener algunas discrepancias con las formas como se conduce el gobernador en sus relaciones políticas, casi siempre en confrontación verbal, pero ello no es óbice para desconocer que el gobierno nacional ha venido sistemáticamente fraguando unas actuaciones contrarias a los principios de un buen gobierno y al espíritu que embarga la Constitución Nacional (imparcialidad, igualdad etc.)

Si el papel de los gobiernos seccionales como es el departamental esta mediado por la coordinación, la complementariedad de la acción municipal, y si sumado a ello es el intermediario entre la Nación y los municipios, entiende uno la molestia del gobernador al percatarse que el presidente y sus ministros organizan agendas de importancia gubernamental dentro del territorio sin tener un asomo de cortesía para invitarlo a trabajar conjuntamente (ver art 298 C.N).

Entonces la pregunta, que nos asalta es, quién transgrede la institucionalidad con estos comportamientos .Claramente el Gobierno Nacional en cabeza de Duque  rompe con una tradición de respeto a las competencias y la autonomía territorial, dando paso  a un nefasto precedente , que ojala no sea emulado en el futuro: Se gobierna con, y para los amigos de causas comunes, de suerte que los gobiernos seccionales y locales con concepciones políticas distintas a las del presidente será claramente perfilado para generar una especie de obstrucción y veto, mas caprichoso que sustentando en el texto superior.

He aquí algunos casos. La intervención del hospital Julio Méndez Barreneche. No era vox Populi el desgreño administrativo y manejo irregular que se daba allí desde hace varios lustros. Era un botín burocrático y contractual que se comprometía en cada elección que se realizaba, para esquilmarlo en todas sus formas. Dónde estaba la Superintendencia de Salud. Tenían que esperar que llegara un gobernante contrario a sus intereses para usar la intervención. Ahora si es inviable, otrora un “modelo “de hospital. Al momento de hoy los cambios esperados con la intervención han quedado en nada. El tema de las regalías. ¿Era necesario articular un mecanismo de asociatividad de municipios mediados por el senador Honorio, excluyendo a la alcaldesa Santa Marta y al gobernador? ¿No es mas sano para la institucionalidad que los proyectos y recursos del orden nacional tengan la mediación e intermediación de la gobernación a que uno o dos senadores se reúnan con los alcaldes para ver cómo van a ejecutar dichos recursos? ¿No es más sano que el equipo técnico de la gobernación oriente a los municipios en la estructuración de los proyectos en aras de la viabilidad de los mismos? Pero no, preferimos dejar de lado la institucionalidad para enaltecer la maña: La mermelada, donde los Senadores gestionan en el gobierno central, y tienen su “mordida “en la ejecución contractual de esos recursos, estimulando la corrupción a día a día. Y la última actuación el Pacto funcional por el Magdalena” donde el presidente decide reunirse sin extender invitación a la alcaldesa de Santa Marta y al Gobernador para comprometerse a una serie de obras y recursos para los municipios del Magdalena que indiscutiblemente resultan necesarios. Ahí un actuar estudiado, fríamente calculado, y estos hechos confirman que se creo una especie de “veto” institucional al señor gobernador. No es que el presidente deba pedirle permiso al gobernador para reunirse con los alcaldes como con arrogancia lo dice el Ministro Palacio. Es que el presidente sabe y no ignora que ese comportamiento caprichoso y revanchista no se enmarca en las formas de la institucionalidad, que no es lo mismo que la legalidad, pero que termina siendo en algunos escenarios superior, pues esas políticas institucionales, hábitos y costumbres recurrentes  impregnados en los gobiernos y la sociedad   le dan sentido ,prosperidad y desarrollo a un país, tal como da testimonio ese gran libro de James Robinson y Daron Acemoglu llamado Por qué Fracasan los Países(orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza).

Ahora bien, en gracia de discusión, si estas actuaciones, estuvieran mediadas por un sentido del altruismo, por un sentimiento de amor por estos territorios olvidados, hasta podríamos a traer a colación al príncipe de Maquiavelo: “el fin justifica los medios”, para aceptar a regañadientes tal comportamiento. Pero nada. Simple politiquera. Si no simpatizan con la institución Departamental adelanten las reformas del caso. Abanderen la regionalización u otro modelo territorial, pero mientras tanto sométanse a lo que existe hoy, sin vaciar las competencias del articulo 303 de la Carta, pues aquí no se trata de Caicedo, es un tema de institucionalidad, sea que este zutano o mengano en el cargo.

Ojalá el presidente cumpla los compromisos acordados con los 28 mandatarios locales. Queremos que el desarrollo llegue a todos rincones del departamento, porque contrario a muchos adversarios de Caicedo que desean con ardentía verlo detenido o destituido, cuando uno quiere su patria no pone por encima sus intereses mezquinos y personales por encima de las colectividades, por eso causa tristezas que algunos coterráneos  y paisanos celebren con vítores y aplausos las actuaciones arrogantes del gobierno nacional que maltrata la voz del constituyente primario expresado en octubre de 2019.