CGR ejercerá control preferente en concesión de Interaseo

Por medio de una resolución ordinaria emitida por la Contraloría General de la República, se ordenó decretar la intervención funcional de oficio sobre la concesión número 007 del 11 de marzo de 1993, del 11 de marzo de 1993, suscrita entre la Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Distrito de Santa Marta, ESSMAR ESP, e Interaseo SAS ESP, con el fin de que sea la Contraloría Delegada para el sector Vivienda y Saneamiento Básico la encargada de asumir el control fiscal y así permitir “el correcto funcionamiento del servicio de aseo” en la ciudad.

Con esto, la entidad tendrá la función de vigilar la gestión fiscal de ambas empresas “en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos”, incluyendo un seguimiento permanente a los recursos públicos que estén en poder en la concesión. De esta manera, se tomará control sobre asuntos concretos de las contralorías territoriales, en este caso, con lo concerniente a la concesión existente entre ESSMAR e Interaseo.

Lo anterior, se da luego de que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, solicitara un ejercicio de control fiscal sobre el mencionado contrato, por razones que consideran fuera del marco de lo legal, como que la interventoría del mismo se encuentra a cargo del Director de Aseo y Aprovechamiento de la ESSMAR, quien estaría ejecutando, de manera irregular, sanciones en contra de Interaseo, teniendo como fundamento situaciones de incumplimiento que “no corresponden a la realidad”, siendo una de las principales las referentes a la operación de vehículos de carga lateral para la recolección de residuos y la demora que alegaron con la instalación de 500 contenedores, los cuales, se comprobó, no llegaron a la ciudad por faltas del proveedor relacionadas con la pandemia y no por responsabilidad del contratista (Interaseo).

“Esta decisión es de trascendental importancia porque puede evitar que entre la ciudad de Santa Marta en un colapso sin precedente frente a lo que pudiera significar cualquier traumatismo en el manejo actual de los residuos sólidos y el proceso de recolección de basuras”, señaló Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.

Así mismo, aseguró que la intervención permitirá esclarecer “hasta dónde los vínculos de parentesco entre el gobernador, Carlos Caicedo, y la gerente de la ESSMAR, Patricia Caicedo, han contado con el manejo del recurso y del servicio público”, añadiendo que, además, aportará luces para encarar el problema del alza de las tarifas.

De acuerdo con información obtenida por OPINIÓN CARIBE, esta intervención funcional podría derivar en investigaciones que, posteriormente, podrían ser trasladadas a la Procuraduría y a la Fiscalía, dadas las actuaciones irregulares en las que habrían incurrido al ejercer una interventoría que no es independiente a la empresa en lo absoluto. Además, podría tener alcance disciplinario en contra de los gerentes de la ESSMAR y de los alcaldes que hicieron parte de su Junta Directiva, Rafael Martínez y Virna Johnson, por otorgar a la organización la potestad de prestar servicios públicos sin los respectivos concursos.

Solicitud de intervención a la Superservicios

Con relación a este tema, el presidente de la Red de Veedurías explicó que hasta la Superintendencia de Servicios Públicos fue enviada también una solicitud para que intervenga en el tema, ante lo cual, asegura, se espera un pronunciamiento pronto concurrente con el de la Contraloría, “para sellar el conjunto de posibilidades de control, de fiscalización y de prevención”, que deberían darse para superar este problema en Santa Marta.

OPINIÓN CARIBE intentó establecer contacto con la gerente de la ESSMAR, Patricia Caicedo, quien aseguró que referirá sobre el tema de manera pública luego de llevar a cabo las respectivas consultas con los abogados, pues no han recibido notificación oficial.