Aseguradoras pagarían los $4.3 billones del fallo fiscal de Hidroituango

Un camino alentador parecen haber tomado las negociaciones entre la Contraloría General de la Nación, EPS, aseguradoras y constructores de Hidroituango, que se encuentra en medio de una sanción fiscal de $4.3 billones impuesta por el ente de control a 26 de las personas relacionadas con este proyecto por un presunto detrimento patrimonial.

El monto sería cubierto por la aseguradora Mapfre, que estarían dispuestas a pagar el 90% de la póliza, acorde con la información hecha pública por BLU Radio. Tal parece que dicha situación ya está incluida en el acuerdo entre las partes, aunque, por el momento, no se ha confirmado la firma del mismo.

Empresas Públicas de Medellín – EPM, recibiría el dinero hacia el final de la semana, luego de concretarse el arreglo en la noche del lunes 6 de diciembre. Esto significaría un salvavidas para que las labores en Hidroituango sigan su curso, pues las firmas involucradas con la construcción de la represa (Conconcreto, Coninsa RamonH y Camargo Correa) ya no estarían en riesgo de inhabilidad para contratar con el Estado, contrario a lo que se proyectaba cuando se conoció el fallo de la Contraloría, y, además, tendrán vía libre para solicitar una prórroga, pues el contrato termina el 31 de diciembre próximo.

Tres altos funcionarios de EPM estarán encargados de asistir en representación de la empresa a una serie de reuniones que se llevarán a cabo en Madrid, con delegados de Mapfre, buscando poder apresurar el pago de las pólizas mencionadas.

La sanción fue reafirmada por la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría hacia finales del pasado mes de noviembre. Del total de $4.3 billones, $3.1 billones representan la “destrucción del valor de la inversión del proyecto” y el restante de $1.2 billones corresponden al “concepto de lucro cesante”.

“La Sala Fiscal y Sancionatoria consideró que era necesario como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre seguros generales para hacer efectiva la póliza todo riesgo suscrita con su contratante”, señaló el ente en su momento.

Así mismo, explicó que las inversiones del proyecto, hasta el 2019, superaban en un 114.94% el valor que, inicialmente, se estipuló para el desarrollo del mismo, sumado a las afectaciones provocadas por el hecho de que apenas en el 2018 se empezó a generar energía. “Contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía”, señaló el documento.

Entre las 26 personas responsabilizadas por el caso Hidroituango, se encuentran Federico Restrepo Posada y Juan Calle Restrepo, gerentes de EPM al momento de los hechos, Sergio Fajardo, quien fungía en ese entonces como gobernador de Antioquia y miembro de la Junta Directiva del proyecto, Luis Alfredo Ramos, también exgobernador del departamento, entre otros.

Así mismo, la Contraloría declaró exentos de responsabilidad a Aníbal Gaviria Correa, actual mandatario departamental y a Jorge Mario Pérez Gallón, exdirectivo de EPM.