Procuraduría se defiende: “Provisión de cargos no generará adiciones al presupuesto ordinario”

Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación se refirió a la provisión de 1.208 cargos en la planta de personal que se habría conocido el pasado 24 de diciembre, siendo esta una situación que habría generado una alarma entre la ciudadanía por un supuesto aumento al presupuesto de la entidad.

Sobre el tema, el Ministerio Público, encabezado por Margarita Cabello, señaló que se trató de la expedición del decreto 1851 de 2021, por parte de la Presidencia, con cual se modificó la Ley 262 de 2000 y el 265 de 2000, “que se debía expedir antes del 29 de diciembre de 2021”. Así mismo, aclaró que la entidad está en el deber de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que generó la necesidad de separar funciones “designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento. Función que anteriormente estaba unificada en un mismo servidor de la Procuraduría”.

Con la expedición de la Ley 2094 de 2021 por parte del Congreso, se determinó eliminar “definitivamente la figura de la caducidad en el término de 30 meses desde su fecha de promulgación, es decir, el 29 de diciembre de 2023”, lo que implicaba para la Procuraduría, “la necesidad de ampliar la capacidad institucional para evacuar los procesos disciplinarios en un término de 5 años, so pena de la prescripción”, teniendo en cuenta que de los 75 mil casos activos en poder del Ministerio, alrededor de 12 mil están en riesgo de prescripción.

Por lo anterior, aseguran se debió llevar a cabo un estudio de funcionamiento, realizado con el apoyo del Departamento Administrativo de Función Pública, con el cual se realizó un análisis de las cargas laborales, la planta existente y las competencias correspondientes.

“Este estudio concluyó que las necesidades y demandas de la Procuraduría para implementar la Ley 2094 de 2021 y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles”, señala el comunicado.

De igual manera, aclara que el estudio estuvo basado en el presupuesto de la entidad para el 2022 y que “la provisión de estos cargos, que será gradual a partir del año 2022, no generará adiciones al presupuesto ordinario apropiado a la Procuraduría General de la Nación, que corresponde al 0.29% del presupuesto nacional, es decir, similar y constante al apropiado anualmente desde el año 2017”

Acorde con sus declaraciones, de los cargos, 1.080 (que representan el 89%) son de carrera administrativa, los 269 restantes (22%), corresponderían al programa Mi Primer Empleo.

“Esta reforma estructural de la Procuraduría General de la Nación busca combatir la corrupción y defender el Estado de Derecho mediante decisiones disciplinarias prontas y cumplidas, garantizando el debido proceso y la justicia que demanda la sociedad”, señala el documento, así como fortalecer la capacidad de respuesta y dar garantía de las “competencias disciplinarias frente a todos los servidores públicos”.