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Con audiencia fallida, aumenta preocupación por obras de protección en Salamina

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Esta semana, se cumplió la audiencia de pacto de cumplimiento en el Despacho 1 del Tribunal Administrativo del Magdalena, en seguimiento a la solicitud de protección de los intereses colectivos interpuesta por el abogado Miguel Martínez, en contra de la Nación, la Presidencia de la República, el Departamento del Magdalena, Ministerio de Transporte, Invías, los municipios de El Piñón, Salamina, Remolino, El Retén, la UNGRD, Corpamag y el Departamento Nacional de Planeación, por la erosión fluvial del río Magdalena que amenaza la estabilidad de los habitantes de la subregión Río.

La diligencia, a cargo de la magistrada María Victoria Quiñonez, contó con la participación de las partes involucradas, buscando el cumplimiento de las obras de estabilización y protección que deben ejecutarse en el margen derecho del río Magdalena, a la atura de la vía que conecta a Salamina con El Piñón, debido a la erosión fluvial que avanza en ese sector, la cual amenaza con repercusiones drásticas en ese sector del departamento.

Al respecto, en mayo de 2021, el Ministerio de Hacienda aseguró ante este mismo tribunal tener garantizados $90 mil millones que estarían destinados a las labores requeridas en la mencionada zona, sin embargo, hasta la fecha no hay información ni avances con el presupuesto con el cual se comprometió la dependencia, a pesar de contar ya con una propuesta de solución presentada por la Universidad del Magdalena, con la interventoría de la Universidad de Cartagena, sobre las alternativas relacionadas con las obras en espolones, el dique y los metros cúbicos de deberían removerse para prevenir los daños de la socavación.

Aunque el Ministerio de Transporte envió una solicitud formal ante el Ministerio de Hacienda para la asignación de recursos por valor de $95 mil millones, todavía no hay avance al respecto.

En la audiencia, el representante de MinHacienda, Juan Carlos Pérez Franco, anticipó que no existe una fórmula para responder al Pacto de Cumplimiento, alegando que “esta cartera ministerial sólo puede ejercer las funciones expresamente asignadas por la Ley, acorde con el precepto contenido en el artículo quinto de la Ley 489 (…) ámbito en el cual no puede endilgarse responsabilidad alguna a título de acción u omisión, teniendo en consideración los argumento facticos que dieron lugar a la instauración de este proceso”.

Así mismo, Pérez Franco manifestó que el Ministerio efectuará el acompañamiento a las entidades involucradas en el ámbito de las competencias que le han sido asignadas por la Ley, en materia presupuestal, adjuntando un procedimiento que, acorde con sus declaraciones, debe cumplirse para el registro y asignación de recursos para proyectos de inversión, como el caso concreto que motivó la audiencia. “Nos comprometemos a dar trámite a esa solicitud en el marco de nuestras competencias y los tiempos dispuestos”, añadió.

Por otro lado, el apoderado del Departamento de Planeación, Daniel Duque Tamayo, informó sobre la existencia de un compromiso, en el que participaron entes del orden nacional, el cual habla del acompañamiento el proyecto de intervención entre Salamina y El Piñón, a pesar no presentar tampoco una fórmula, reiteró que desde el DNP existe “toda la disposición” para acompañar las mesas técnicas que permitan ingresar el plan al Banco de Proyectos.

Ante lo manifestado, la magistrada resolvió la darle inicio a un espacio probatorio, que deberá derivar en una sentencia por parte de un juez en la cual se decida si hubo o no violación a los derechos de los pobladores de la zona afectada por la erosión.

“Debo declarar fallida la audiencia de Pacto de Cumplimiento, el despacho inmediatamente procederá a dictar el auto de prueba, para ver si es necesario practicarlas o solamente incorporar las que están, se continuará con los alegatos de conclusión y luego se dictará la sentencia”, expresó Quiñonez, aclarando que, están abiertas las posibilidades para recibir cualquier otra solución que ataña la cuestión de presupuesto.

Así las cosas, continúa la incertidumbre en el Magdalena por la manera en la que se ha venido dilatando el proceso para ejecución de las obras, pues, como quedó evidenciado en la diligencia, todavía no está disponible el presupuesto para su ejecución.