Asamblea advierte sobre detrimento patrimonial e irregularidades en concurso cargos de la Secretaría de Educación

Se realizó la mesa de trabajo a través de proposición aprobada por la plenaria, donde estuvieron el delegado de la Defensoría del Pueblo, José Miguel Olarte, el delegado de la Procuraduría del Magdalena Alfredo Valencia Campo asesor del despacho, y el delegado del Contralor Departamental Juan Carlos Fontalvo.

En la plenaria se debatió sobre la situación de Los funcionarios de la Secretaría de Educación departamental, que se encuentran afectados por el concurso de méritos que adelantó la Comisión Nacional del Servicio Civil que dejaría por fuera de los cargos, de igual manera, dialogaron los ciudadanos que ganaron el concurso de méritos y que serían las personas que se estarían posicionando en los nuevos cargos.

La Asamblea Del Magdalena facilitó el espacio para manifestar cuáles eran todas las situaciones de modo, tiempo y lugar, sobre la cual se hizo el concurso de méritos, y que se dé la posesión de los diferentes ciudadanos que ganaron, la diputada Claudia Aarón, quien presidió la plenaria como presidenta delegada por la mesa directiva, manifestó que, fue un espacio de conversación donde se dialogó sobre los problemas que puede traer para el departamento este tema, como un posible detrimento patrimonial en el caso de los funcionarios que se sienten aludidos y perjudicados en el concurso que según ellos, se llevó a cabo el debido proceso y una serie de derechos vulnerados.

“Podría acarrearle al departamento del Magdalena un detrimento patrimonial bastante oneroso, al parecer este se hizo con unas presuntas irregularidades que los mismos funcionarios hoy manifestaron y pusieron en conocimiento a los diputados y también a los organismos de control asistentes a esta mesa de trabajo”, expresó Aarón.

Asimismo, la diputada aseguró que los procesos deben ser con transparencias y moralidad, mayormente en la administración pública, “fue lo que nos motivó a los diputados a que lleváramos este debate, con el objetivo de conocer cuáles eran los planteamientos que la administración departamental tenía que articular. Ellos realizaron sus discernimientos y manifestaron que había muchas decisiones judiciales que obligaban al Gobernador del Magdalena a darle posesión a estas personas que habían ganado a través del concurso para cada cargo específico”, declaró la asambleísta.

El abogado de los funcionarios, Óscar Duica, mencionó que, el manual de funciones no había sido modificado y no tenía los estudios previos, argumentó a los diputados y a los entes de control los motivos por los que no se estaba procediendo el debido proceso.

“La connotación del manual de funciones es estructural y no global y a lo largo de estos años con las modificaciones y que se ha puesto en conocimiento a la administración departamental y a los órganos de control por medio de órdenes de tutela y no se conoce hoy en día la manera de verificar dónde están ubicados todos los empleados”, expuso Duica.

Por otra parte, la Asamblea del Magdalena conoció el tema para buscar una solución y que sea en beneficio de todos, los diputados de la Corporación pretenden que esta situación en el fututo no haya un detrimento patrimonial para del departamento del Magdalena, debido que, serían los magdalenenses que tendrían que pagar las demandas si surgen los efectos que los funcionarios aducen.

“Pedimos a la administración que se estudien detalladamente las hojas de vida de los funcionarios, y las circunstancias por las que atraviesa cada uno de ellos. Hay algunos que tienen actividades laborales reforzadas, algunos con enfermedades laborales. Casos que se deben tener en cuenta para poder apartar a alguien de su cargo, son aproximadamente 80 personas que quedarían sin empleo”, expresó la diputada Claudia Aarón.

Por último, los diputados solicitan de manera muy respetuosa a los organismos de control, que hagan un acompañamiento en el proceso a la Gobernación del Magdalena y a los trabajadores que se encuentran afectados con la situación, para que realicen de forma legal apegado al ordenamiento jurídico, se respeten los derechos y no se les vulneren de ambas partes.