El mapa de la guerra en Magdalena deja 261 homicidios en seis meses

La Plataforma de Derechos Humanos PDHAL revela cifras escalofriantes que confirman que el conflicto armado sigue cobrando vidas en 23 municipios del departamento. Aunque los números muestran una reducción frente a 2025, la violencia continúa siendo una tragedia humanitaria sin resolver.

Por: Arnol Sarmiento

El Magdalena no descansa. Mientras el calendario avanza y los discursos de paz se suceden en los escenarios políticos del país, el conflicto armado sigue escribiendo su historia con sangre en los municipios del departamento. Homicidios selectivos, territorios disputados por grupos ilegales y comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado son la realidad cotidiana de miles de magdalenenses que ven cómo la violencia no cede, sino que muta, se adapta y se expande.

Los números lo confirman de manera implacable.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 261 personas fueron asesinadas en 23 municipios del departamento del Magdalena. Así lo revelan los datos de Medicina Legal, analizados y divulgados por la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL a través de su director, Lerber Dimas, en entrevista exclusiva con Opinión Caribe. Doscientas sesenta y un vidas truncadas en apenas seis meses. Doscientas sesenta y un familias destruidas. Doscientas sesenta y un historias que el conflicto armado borró del mapa en un departamento que, pese a todo, insiste en resistir.

El mapa de la muerte

La geografía de la violencia tiene nombres propios en el Magdalena. Santa Marta, capital del departamento, encabeza la lista con 60 homicidios, una cifra que demuestra que la violencia no es exclusiva de las zonas rurales: ha permeado con fuerza el entorno urbano y sus comunas más vulnerables. Le siguen Zona Bananera y Fundación, ambos con 31 casos cada uno, territorios históricamente golpeados por la presencia de estructuras armadas que disputan rutas estratégicas y economías ilegales. Ciénaga registró 25 homicidios y Aracataca, la tierra natal del Nobel Gabriel García Márquez, sumó 23 víctimas, una paradoja dolorosa para un municipio que el mundo conoce como cuna de la imaginación y la literatura.

Pero más allá de los números individuales, lo que revelan estos datos es la existencia de un corredor de violencia que conecta estos municipios y que el director de la PDHAL, Lerber Dimas, no duda en llamar por su nombre: el corredor de la muerte.

“Es un corredor que de hace mucho tiempo hemos identificado como el corredor de la muerte, que ahora tiene al menos tres actores disputándose el territorio”, afirmó Dimas en entrevista con Opinión Caribe, refiriéndose a la confrontación abierta entre el Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y la estructura conocida como Los Primos.

Según los datos de la PDHAL, la subregión norte concentra 131 homicidios en el primer semestre, lo que la convierte en el epicentro de la violencia departamental. A los municipios ya mencionados se suman Pueblo Viejo con 12 casos y El Retén con 8, completando un corredor que se extiende desde Fundación hasta Ciénaga y que hoy está en disputa permanente entre grupos armados con intereses territoriales, económicos y estratégicos.

Mujeres: las víctimas que no pueden seguir siendo invisibles

Dentro de ese universo de 261 homicidios, hay una cifra que exige una mirada especial y urgente: 19 mujeres fueron asesinadas en el Magdalena durante este primer semestre de 2026. Una realidad que desnuda la brutalidad de un conflicto que no distingue género, edad ni condición, y que convierte a las mujeres en blanco directo de una violencia que las persigue tanto en el espacio público como en el privado.

Santa Marta concentró el mayor número de estos casos con 9 mujeres asesinadas. Ciénaga, Fundación y Zona Bananera registraron 2 casos cada una. Detrás de cada uno de estos números hay madres, hijas, compañeras y lideresas cuyas vidas fueron arrebatadas en medio de la impunidad y el silencio que históricamente han rodeado la violencia de género en contextos de conflicto armado.

“El tema de los homicidios en el departamento del Magdalena, 261, dentro de esos 19 contra mujeres, sigue siendo una cifra bastante alarmante porque el número es bastante alto”, señaló Lerber Dimas, quien advirtió que estas cifras no pueden normalizarse ni leerse como un dato más dentro de la estadística oficial.

Un departamento sitiado: el diagnóstico que nadie quiere escuchar

Más allá de los homicidios, la advertencia más grave que hace la PDHAL tiene que ver con algo que las cifras de muertes no alcanzan a mostrar del todo: el control territorial que los grupos armados han consolidado sobre el Magdalena.

Lerber Dimas fue contundente al describir la situación: “Tenemos un departamento que está sitiado hacia la parte montañosa por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y hacia el centro, el sur y la subregión río por el Ejército Gaitanista de Colombia”. Una lectura que convierte al Magdalena no solo en un territorio con altos índices de violencia, sino en un departamento donde el Estado ha perdido presencia efectiva frente a estructuras armadas que controlan vías, ríos, ciénagas y accesos estratégicos.

La preocupación más intensa, según Dimas, se concentra en la subregión sur y en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Aunque en esa zona los homicidios son menores en número, el control territorial del Ejército Gaitanista de Colombia sobre los accesos al departamento es total. “Métase por cualquier vía principal de noche para ver qué pasa. O métase por el río o por la Ciénaga Grande del Magdalena para ver qué pasa. Eso se llama tener una presencia sostenida en el territorio en nombre de las armas”, advirtió el director de la PDHAL.

La Ciénaga Grande de Santa Marta, un corredor estratégico del narcotráfico

Los corredores identificados como puntos críticos de control armado incluyen Sitio Nuevo, El Banco, el Botón de Leiva, Fundación, Matalona y el Parque Isla de Salamanca, cuya posición estratégica conecta múltiples subregiones del departamento y facilita el movimiento de estructuras ilegales entre el norte, el centro y el sur del Magdalena.

La subregión centro tampoco escapa a esta dinámica. Municipios como El Piñón, Zapayán, Cerro de San Antonio, Concordia, Salamina, Remolino, Pedraza y San Zenón registran presencia activa del Ejército Gaitanista de Colombia, no necesariamente por su rentabilidad económica inmediata, sino por una lógica de control territorial que Dimas explicó con claridad: “A ellos no les interesa tanto la producción del dinero en algunos territorios, sino tener la presencia estable en ese espacio. Pueden financiar otros bloques, otras estructuras. Les interesa mantener el control activo del territorio versus la capacidad económica que ese territorio les pueda sustraer”.

Los Primos resurgen y complican el panorama

Otro elemento que agrava el escenario de seguridad en el Magdalena es el resurgimiento de Los Primos, una estructura que se creía debilitada tras una serie de capturas, pero que aparentemente ha logrado reconstituirse y retomar fuerza. Según Dimas, este grupo habría fortalecido sus finanzas a través de alianzas con estructuras del Atlántico, lo que le ha permitido retomar presencia activa en zonas de disputa como El Retén, Fundación, Algarrobo, Aracataca, Pibijay y Media Luna, donde se enfrenta al Ejército Gaitanista de Colombia.

Esta multiplicación de actores armados en un mismo territorio convierte al Magdalena en un escenario de conflicto fragmentado y altamente volátil, donde la disputa por el control no solo genera homicidios, sino también desplazamientos, amenazas, extorsiones y reclutamiento forzado que no siempre quedan registrados en las estadísticas oficiales.

2025 vs 2026: una reducción que no es victoria

Para entender el peso real de las cifras de 2026, es indispensable mirar hacia atrás. En el primer semestre de 2025, entre el 1 de enero y el 30 de junio, la PDHAL registró el asesinato de 340 personas en 28 municipios del departamento, de las cuales 24 eran mujeres. En ese entonces, Santa Marta lideró la lista con 89 homicidios, seguida de Ciénaga con 57, Zona Bananera con 46, Fundación con 33 y Aracataca con 21.

La comparación entre ambos semestres arroja una reducción de 79 homicidios, equivalente a una disminución aproximada del 23%. Una caída estadísticamente significativa que, sin embargo, no puede leerse como un avance real en materia de seguridad. Para Lerber Dimas, la reducción no refleja el desmantelamiento de las estructuras criminales, sino un reacomodamiento de la violencia en el territorio.

“Aunque tenemos una disminución importante de los homicidios en Santa Marta, sigue siendo muy inestable la subregión norte, donde se concentra la mayor parte de los homicidios, y Santa Marta todavía sigue teniendo focos de violencia muy superiores en algunos sectores”, precisó el director de la PDHAL.

La Defensoría advirtió: nadie escuchó

La gravedad de la situación no es nueva ni desconocida para las instituciones. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas sobre el riesgo inminente en varios municipios del Magdalena, incluyendo una alerta específica para Sitio Nuevo por el avance del Ejército Gaitanista de Colombia sobre el complejo lagunar de la Ciénaga Grande. Sin embargo, esas advertencias no se han traducido en respuestas institucionales contundentes que modifiquen el mapa de la violencia en el departamento.

“Ya lo advirtió la Defensoría del Pueblo sobre unos riesgos inminentes que están ocurriendo allí y sobre todo porque este complejo lagunar tiene entradas con Ciénaga, con Pueblo Viejo, con Fundación, con Aracataca, con Zona Bananera”, recordó Dimas, subrayando que la alerta institucional existe pero la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.

El reto del próximo gobierno: ¿paz o más violencia?

El análisis de Lerber Dimas también tiene una dimensión política que apunta hacia el futuro inmediato del país. Con un nuevo gobierno en el horizonte que ha manifestado su distancia frente a la política de paz total, el director de la PDHAL advierte que una respuesta basada únicamente en la fuerza militar podría profundizar la crisis humanitaria en el Magdalena.

La prueba de fuerza entre el nuevo presidente y los grupos armados

“Una respuesta de violencia con violencia nos va a aumentar los niveles de homicidios en estos territorios y la violación a los derechos humanos”, señaló, al tiempo que planteó la necesidad de replantear un mecanismo serio de pacificación que permita recuperar la presencia institucional del Estado en los territorios hoy controlados por grupos armados.

Para Dimas, el debate no es si se apoya o no la paz total, sino cómo se construye una estrategia real de recuperación territorial que no sacrifique más vidas civiles en el proceso. “Creo que es necesario replantear un mecanismo de pacificación para el territorio y ver cómo estos territorios se pueden volver a ser controlados por el Estado”, concluyó.

Un departamento que exige respuestas

Los datos del primer semestre de 2026 no son simplemente números en una hoja de cálculo. Son el retrato más fiel de una crisis humanitaria que se reproduce semestre a semestre en el Magdalena, alimentada por la presencia de grupos armados ilegales, la debilidad institucional en territorios alejados de los centros urbanos, la falta de oportunidades económicas y la histórica ausencia del Estado en zonas rurales que llevan décadas siendo disputadas por actores violentos.

El Magdalena no está en paz. Solo ha cambiado la forma en que la violencia se expresa. Y mientras 261 homicidios en seis meses sigan siendo parte de la estadística oficial, el departamento seguirá siendo un territorio sitiado, donde las comunidades viven bajo amenaza, los grupos armados consolidan su control y el Estado sigue llegando tarde.

El departamento sangra. Los datos lo prueban. Y el silencio institucional lo agrava.