Poder & Gobierno
La prueba de fuerza entre el nuevo presidente y los grupos armados
Las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia respondieron al llamado de sometimiento formulado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Mientras uno apeló a un discurso social y de diálogo, el otro planteó exigencias jurídicas y políticas que anticipan una compleja disputa sobre el futuro de la política de seguridad en Colombia.
Por: Arnol Sarmiento
Apenas cuatro días después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que los grupos armados ilegales tendrían un mes para someterse al Estado de derecho, dos de las principales estructuras con presencia en el Magdalena decidieron responder públicamente.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, emitieron el pasado 29 de junio comunicados dirigidos directamente al mandatario electo. Aunque los documentos difieren en tono y estrategia, ambos coinciden en un punto fundamental: rechazan la idea de un sometimiento simple y plantean condiciones para cualquier eventual proceso de acercamiento con el nuevo gobierno.
La situación abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y las estructuras armadas ilegales, justo cuando Colombia se prepara para una transición presidencial marcada por la promesa de una política de seguridad más rígida.
El ultimátum de De la Espriella
Durante el acto de entrega de credenciales que oficializó su elección, Abelardo de la Espriella lanzó uno de los mensajes más contundentes de la campaña y del período de transición.
El presidente electo aseguró que las organizaciones criminales disponen de un plazo de un mes para organizar su sometimiento a la justicia y advirtió que quienes persistan en actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión o control armado de territorios enfrentarán toda la capacidad operativa del Estado.
La declaración fue interpretada como el primer gran anuncio de una estrategia de seguridad basada en la presión institucional y militar, alejándose de los modelos de negociación impulsados por gobiernos anteriores.
Sin embargo, la respuesta de los grupos armados dejó claro que el escenario no será tan sencillo.
El hombre que conoce el conflicto desde adentro
Para comprender la importancia de este intercambio de mensajes, también resulta clave entender el papel que ha tenido Abelardo de la Espriella en uno de los capítulos más relevantes del conflicto armado colombiano.
A diferencia de otros dirigentes que han abordado el tema desde la academia o el debate político, el hoy presidente electo participó hace más de dos décadas como asesor en el proceso que desembocó en la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), el instrumento jurídico mediante el cual se produjo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ese proceso involucró la desmovilización de más de 30.000 combatientes, dejó miles de casos sin resolver ante la Jurisdicción Especial de Paz y evidenció los límites de los marcos normativos cuando no van acompañados de presencia institucional sostenida en los territorios.
Esa experiencia le permitió conocer de primera mano las dificultades de negociar con estructuras armadas de alcance nacional, los vacíos normativos que surgieron durante la implementación del proceso y los desafíos que enfrentó el Estado para garantizar verdad, justicia, reparación y reintegración.
Por ello, el ultimátum lanzado el pasado 25 de junio no ha sido interpretado únicamente como una declaración política. Para distintos observadores, se trata de una postura construida desde la experiencia de alguien que conoce los alcances y limitaciones de los procesos de negociación y sometimiento desarrollados en Colombia durante las últimas décadas.
Ese día, tras recibir oficialmente las credenciales que lo acreditan como presidente electo, De la Espriella fijó el tono de lo que sería la línea de su futuro gobierno.
«Las organizaciones ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho», afirmó.
Asimismo, advirtió que quienes continúen vinculados al narcotráfico, secuestro, extorsión y otras actividades criminales enfrentarán «toda la capacidad del Estado» y la acción de la Fuerza Pública.
El mensaje fue categórico: no habrá reconocimiento político previo, beneficios extraordinarios ni nuevas negociaciones antes del sometimiento.
ACSN: un poder local atrincherado
La primera respuesta al ultimátum del nuevo gobierno llegó desde la Sierra Nevada de Santa Marta. No provino de una organización con alcance nacional, sino de una estructura armada que ha consolidado durante décadas un poder territorial profundamente arraigado en la región Caribe.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) surgieron bajo el liderazgo de Hernán Giraldo Serna, alias “El Patrón”, y desde sus orígenes han operado bajo una lógica de clan familiar y militar. Durante años, posiciones estratégicas dentro de la organización estuvieron ocupadas por hijos, sobrinos y personas cercanas al antiguo jefe paramilitar. Aunque su cúpula ha sufrido golpes significativos con la captura de figuras como Danilo Castillo, alias “El Menor”, y Carmen Evelio Castillo, alias “La Muñeca”, la estructura mantiene capacidad operativa mediante un Estado Mayor del que dependen más de siete frentes con presencia en zonas rurales y urbanas. Las estimaciones apuntan a una fuerza cercana a los 1.100 integrantes entre combatientes y redes de apoyo.
Su influencia va mucho más allá del control armado. Las ACSN han construido un sólido entramado económico ilegal que les permite sostener su dominio territorial. Diversas fuentes de inteligencia las señalan de controlar la mayor parte de las extorsiones dirigidas a comerciantes, hoteles, hostales y operadores turísticos en el corredor de la Sierra Nevada y el Parque Tayrona. A ello se suma el control de puertos naturales, playas aisladas y rutas costeras utilizadas para el tráfico de cocaína hacia el Caribe, donde ejercen funciones de regulación criminal y cobran rentas a organizaciones narcotraficantes externas.
En sectores como Guachaca y Buritaca, donde la presencia institucional es limitada, la organización también ha desarrollado mecanismos de gobernanza paralela. Interviene en conflictos por tierras, deudas y disputas comunitarias mediante una “ley del monte” sustentada en la intimidación y la violencia selectiva. Ese control social constituye uno de los pilares de su permanencia y, al mismo tiempo, uno de los mayores desafíos para cualquier proceso de desmantelamiento. Se trata de una estructura que no depende únicamente de las armas, sino de una red de relaciones económicas y de poder construida durante años.
En ese contexto debe interpretarse el comunicado emitido por las ACSN el pasado 29 de junio. El documento adopta un tono moderado y evita la confrontación directa con el nuevo gobierno. La organización reconoce la elección de Abelardo de la Espriella, manifiesta disposición para participar en escenarios de diálogo y anuncia la suspensión de las extorsiones como gesto inicial. Al mismo tiempo, reclama inversión social, fortalecimiento institucional y garantías para las comunidades rurales que, según plantea, podrían quedar atrapadas entre una ofensiva estatal y una eventual expansión del Clan del Golfo.
Uno de los apartes centrales del comunicado señala:
“Durante los últimos años, nuestra organización participó con voluntad en los espacios planteados por el Gobierno Nacional dentro de su política de paz. Sin embargo, consideramos que muchos de los compromisos anunciados no lograron materializarse y que las expectativas generadas entre las comunidades quedaron sin respuestas concretas. Hoy reiteramos que la construcción de la paz requiere hechos, confianza y resultados verificables para las poblaciones que han soportado durante décadas las consecuencias del conflicto”.
Más allá del lenguaje conciliador, el documento resulta revelador por aquello que evita mencionar. No hay referencias a un eventual desarme, a la desmovilización de sus estructuras, a la entrega de rutas o economías ilícitas, ni a compromisos concretos frente a las víctimas del conflicto. La narrativa se concentra en señalar los supuestos incumplimientos estatales y en presentar la inversión social como condición previa para cualquier avance.
La estrategia no es nueva. A lo largo de la historia del conflicto colombiano, distintos grupos armados han justificado su permanencia alegando abandono institucional y falta de oportunidades en los territorios. Bajo esa lógica, la responsabilidad del estancamiento recae principalmente sobre el Estado, mientras la continuidad de las estructuras armadas aparece como una consecuencia y no como una decisión propia.
Por ello, más que una respuesta directa al plazo de treinta días planteado por el nuevo gobierno, el pronunciamiento de las ACSN puede interpretarse como una maniobra política para reposicionar la discusión. El grupo evita asumir compromisos verificables sobre su desmonte y traslada nuevamente la presión al Estado, exigiendo garantías e inversiones antes de discutir transformaciones sustanciales de su estructura armada y económica. El mensaje, en esencia, no responde al ultimátum: lo redefine bajo sus propios términos.
El EGC responde con argumentos jurídicos
La respuesta más elaborada provino del Ejército Gaitanista de Colombia, y llegó desde una organización de una escala radicalmente distinta.
Según análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) e informes de inteligencia militar, el EGC cuenta hoy con cerca de 9.840 integrantes, lo que lo consolida como el grupo armado ilegal más grande de Colombia. De ese total, aproximadamente 3.328 son combatientes uniformados organizados en 39 frentes distribuidos en seis bloques. Los restantes 6.512, el 66% de toda la organización, conforman redes de apoyo dedicadas a inteligencia, logística, subcontratación criminal urbana, extorsión y redes de alerta. En los últimos tres años, su pie de fuerza creció cerca de un 140%, y su presencia criminal se extiende hoy a 296 municipios en 17 departamentos del país.
Frente a esa realidad, el documento del EGC no apela a la moderación sino a la argumentación jurídica y política.
Para entender su postura conviene precisar una distinción que el debate público suele ignorar: no es lo mismo un Grupo Armado Organizado (GAO) que una estructura criminal de alto impacto. El primero se define por criterios como mando responsable, control territorial sostenido y capacidad de operaciones militares, y su tratamiento jurídico está vinculado al Derecho Internacional Humanitario. El segundo responde a lógicas de crimen organizado sin pretensión política o territorial definida. Esa diferencia determina qué leyes aplican, qué beneficios son posibles y qué exigencias puede hacer el Estado.
La organización cita la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional para señalar que la legislación vigente establece tratamientos diferenciados entre ambas categorías, una situación que, según el EGC, dificulta cualquier proceso de acogimiento colectivo. Asimismo, invoca la Resolución 294 de 2025, mediante la cual fue reconocido formalmente como Grupo Armado Organizado, para argumentar que su situación debe analizarse bajo estándares del DIH y no bajo la lógica del sometimiento penal ordinario.
El grupo también hace referencia a la experiencia de Justicia y Paz, recordando que miles de excombatientes de las AUC continúan enfrentando dificultades para culminar sus procesos de reintegración y acceso pleno a derechos fundamentales.
A partir de ello, plantea la necesidad de crear una nueva ley estatutaria que establezca reglas claras, plazos definidos y garantías para quienes decidan abandonar las armas.
La apuesta internacional del EGC
Uno de los aspectos más llamativos del documento es su intención de trasladar la discusión al ámbito internacional.
El grupo manifestó su disposición a mantener la participación de países que han acompañado procesos de diálogo en Colombia, como España, Noruega, Suiza y Catar, pero además solicitó expresamente la vinculación de Estados Unidos y el Reino Unido.
Según el EGC, ambas potencias tienen intereses directos en la transformación de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, actividades que han sido determinantes en la financiación de estructuras armadas en varias regiones del país.
La petición va más allá de una simple observación diplomática. Con ella, el grupo intenta convertir una eventual discusión sobre sometimiento en un asunto de política internacional, ampliando la presión sobre el gobierno entrante y buscando respaldo en escenarios multilaterales.
Para la nueva administración, esto supone un desafío adicional y una contradicción difícil de resolver: tanto Washington como Londres mantienen al EGC dentro de sus listas de organizaciones criminales transnacionales. Que el grupo les pida actuar como garantes equivale a pedirle a sus propios persecutores que se sienten a la mesa. La respuesta de ambos gobiernos a esa solicitud será uno de los primeros indicadores del margen diplomático real con que contará De la Espriella.
La disputa por el control territorial
Otro de los puntos más sensibles del comunicado tiene que ver con la forma en que el EGC describe su presencia en diferentes regiones del país.
La organización se presenta como una estructura que ejerce funciones de control territorial frente a otros grupos armados, redes criminales y diversas economías ilegales. Bajo esa narrativa, advierte que una eventual desaparición abrupta de su estructura podría generar vacíos de poder y crisis humanitarias similares a las observadas en regiones como el Catatumbo.
El planteamiento no es nuevo dentro de la historia del paramilitarismo colombiano, pero sí resulta polémico. En la práctica, implica reconocer la existencia de territorios donde organizaciones ilegales reclaman funciones que constitucionalmente corresponden al Estado.
Para diversos sectores académicos y jurídicos, aceptar esa premisa equivaldría a reconocer formas de soberanía territorial de facto ejercidas por actores armados ilegales. Precisamente esa visión choca con la postura de autoridad y sometimiento anunciada por De la Espriella, quien ha insistido en que el monopolio de la fuerza debe permanecer exclusivamente en manos del Estado.
Tres mensajes y un mismo pulso de poder
Los documentos emitidos entre el 25 y el 29 de junio dibujan con claridad el escenario que enfrentará el nuevo gobierno.
De la Espriella fija el marco: sometimiento, ley y un plazo de un mes. Las ACSN intentan suavizar ese escenario mediante un discurso centrado en el diálogo social, la inversión estatal y el desarrollo regional. El EGC, por su parte, responde con una estrategia jurídica e internacional que busca trasladar la discusión al Congreso, las cortes y la comunidad internacional.
En medio de ese escenario, el nuevo gobierno deberá encontrar un equilibrio entre presión militar, fortalecimiento institucional, control territorial y eventuales mecanismos jurídicos que permitan desmontar estructuras armadas sin repetir errores del pasado.
Las víctimas tienen nombre y tienen dirección
Mientras el debate político y jurídico se libra en comunicados, declaraciones y mesas de negociación, las consecuencias del conflicto tienen coordenadas exactas.
El 10 de marzo de 2026, seis organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Diócesis de Santa Marta, la Coordinadora Humanitaria, Afroresilientes y la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada— enviaron una carta urgente dirigida simultáneamente a las ACSN y al EGC. El documento exigía un cese al fuego humanitario inmediato en Aracataca, la apertura de corredores humanitarios para evacuar heridos y levantar el confinamiento de comunidades, y garantías de protección para civiles, territorios indígenas y misiones humanitarias, invocando el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.
La carta describía una situación crítica en comunidades indígenas Arhuacas con nombres propios: Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku. Heridos sin atención médica. Familias confinadas. Desplazamientos forzados. Viviendas destruidas.
Esa carta, ignorada en los comunicados que ambas organizaciones armadas dirigieron al presidente electo apenas tres meses después, es la evidencia más clara de lo que está en juego detrás del debate jurídico y político. El sometimiento, los marcos normativos y las condiciones para el diálogo se discuten en las capitales. Pero el conflicto se vive en la Sierra Nevada, en comunidades que llevan décadas atrapadas entre estructuras armadas que las usan como argumento y un Estado que llega tarde o no llega.
Organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas han advertido reiteradamente que cualquier proceso que no ponga a las víctimas en el centro está condenado a repetir los mismos errores. La experiencia de Justicia y Paz lo confirma: más de veinte años después, miles de víctimas siguen esperando verdad y reparación. Esa omisión no es un detalle menor. Es, en sí misma, una forma de violencia política.
El reloj ya está corriendo
El plazo fijado por Abelardo de la Espriella ya comenzó a correr.
Las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia respondieron al mensaje presidencial dejando claras sus posiciones y mostrando las cartas con las que pretenden entrar al nuevo escenario político. Ahora la atención se concentra en la respuesta institucional del Estado y en las decisiones que adopte el próximo gobierno frente a unas organizaciones que, lejos de guardar silencio, buscan influir desde ahora en las reglas del juego.
Lo que ocurra cuando expire el ultimátum presidencial podría convertirse en la primera gran prueba de fuego para la administración entrante. Si los grupos no se someten y el Estado no actúa con contundencia, el plazo habrá sido solo palabras. Si actúa con fuerza sin una estrategia territorial clara, el riesgo es reproducir exactamente la crisis humanitaria que el EGC usa como argumento para no desarmarse. En las comunidades Arhuacas de la Sierra Nevada, ese dilema no es abstracto. Es la diferencia entre vivir y desplazarse. Ese es el verdadero problema que Colombia tendrá que resolver en los próximos treinta días.
