Rafael Martínez, Efraín Vargas y el multimillonario camino hacia el Fondo Mixto Sierra Nevada

Una reconstrucción de contratos, decretos y procesos de SECOP II muestra cómo la cuestionada entidad se convirtió en uno de los principales ejecutores de regalías del Magdalena durante la administración de Rafael Martínez. El universo identificado alcanza $378.858 millones en diez municipios. De ese monto, $129.773 millones corresponden a contratos que aparecen suscritos, pero cuya información contractual completa todavía no figura en SECOP II. La revelación ocurre mientras la Fiscalía investiga al Fondo dentro de un presunto entramado nacional de más de $3,1 billones.

Por: Unidad Investigativa OPINIÓN CARIBE

Rafael Martínez firmó ocho de los nueve decretos mediante los cuales la Gobernación del Magdalena priorizó proyectos financiados con regalías y designó al Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor. Efraín de Jesús Vargas Corvacho, entonces secretario de Infraestructura, aparece como revisor técnico en ocho de esos mismos actos.

Los dos nombres permiten entrar al mapa que reconstruye esta investigación: una ruta administrativa que comienza con la priorización de los proyectos, pasa por la designación del Fondo y termina en contratos de obra, interventoría y apoyo distribuidos por diez municipios del departamento.

La coincidencia de funcionarios no constituye, por sí misma, una irregularidad. Su importancia está en que permite identificar quién intervino en las distintas etapas de una operación que, según los documentos revisados, concentra $309.955 millones en al menos 26 contratos suscritos entre 2025 y 2026.

La Gobernación abrió la puerta

El Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada fue creado en marzo de 2021 como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto y segundo orden. Su régimen contractual se estructura alrededor de un manual propio y normas de derecho privado, circunstancia que resulta determinante para entender el modelo utilizado.

Durante 2025, la Gobernación expidió nueve decretos de priorización y aprobación de proyectos con recursos del Sistema General de Regalías. En todos ellos, el Fondo aparece como entidad ejecutora.

Los proyectos abarcan infraestructura vial, educación, espacio urbano y atención de puntos críticos. Entre los de mayor cuantía están las vías urbanas de Santa Marta, el intercambiador de La Piragua y el Parque de la Equidad de Plato. Algunos comprometen vigencias futuras hasta 2028 y fueron acompañados de declaratorias de importancia estratégica.

La secuencia administrativa es relevante: la Gobernación define y aprueba los proyectos; los decretos designan al Fondo como ejecutor; posteriormente, el Fondo adelanta la contratación de las obras y otros servicios. La página interactiva que acompaña esta investigación permite seguir esa cadena decreto por decreto, identificar sus firmantes, revisores y responsables y observar cómo desemboca en los contratos.

El dinero se concentra en pocos proyectos

La distribución territorial muestra que Santa Marta es el principal destino de los recursos. La ciudad concentra aproximadamente $115.750 millones, equivalentes a más de una tercera parte del universo documentado. Allí aparecen el intercambiador vial de La Piragua, por $44.268 millones, y tres contratos de vías urbanas que suman más de $31.000 millones. Zapayán concentra otros $32.577 millones en la vía Carreto-Caño de Aguas, mientras Plato reúne alrededor de $26.518 millones entre el Parque de la Equidad y obras complementarias.

La magnitud explica por qué el Fondo dejó de ser un actor marginal dentro de la inversión departamental. Se convirtió en el vehículo mediante el cual una porción significativa de las regalías regionales pasó de la decisión administrativa a la ejecución contractual.

Y aparece uno de los elementos que la investigación seguirá examinando: cómo fueron seleccionados los contratistas y qué controles operaron sobre ellos. Entre los negocios de mayor cuantía aparecen el Consorcio Conexión Piragua, Nordelta S.A.S. y tres estructuras asociativas encargadas de las vías urbanas de Santa Marta. El propio Fondo, además, figura como contratista en cuatro interventorías y contratos de apoyo por aproximadamente $745 millones.

Un régimen privado para administrar recursos públicos

La discusión sobre el Fondo no puede reducirse a una pregunta sobre si hubo o no licitación pública. Su naturaleza jurídica hace que no esté sometido directamente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los mismos términos que una entidad estatal sujeta a la Ley 80.

El Fondo contrata bajo su Manual de Contratación y Compras y aplica, según corresponda, normas de derecho privado. Esto significa que la ausencia de una licitación bajo las reglas ordinarias de la Ley 80 no demuestra por sí sola una irregularidad.

La pregunta relevante es otra: qué procedimiento utilizó el Fondo, qué criterios aplicó para escoger a los contratistas, quién tomó las decisiones, qué garantías exigió y cómo se verificó la ejecución de obras financiadas con regalías.

Hay, además, un punto que exige especial atención. La revisión documental identificó siete procesos que, según la información disponible, habrían sido suscritos, pero cuyos contratos completos todavía no aparecen cargados en SECOP II. Ese conjunto representa recursos adicionales y afecta la trazabilidad pública de las obligaciones adquiridas.

La ausencia de un documento en la plataforma tampoco permite concluir automáticamente que exista una infracción. Pero sí constituye un vacío que debe ser explicado cuando se trata de recursos públicos y contratos que deberían poder ser consultados y auditados.

El contexto nacional hace que estas preguntas cobren mayor importancia. La Fiscalía anunció en agosto una investigación sobre un presunto entramado relacionado con más de $3 billones del Sistema General de Regalías y vinculó al Fondo Mixto Sierra Nevada con actuaciones que son objeto de investigación penal. Ese expediente no permite afirmar, sin evidencia judicial, que los $309.955 millones documentados en el Magdalena hagan parte del monto nacional.

Por eso, la página interactiva que acompaña esta investigación no es un inventario: es un mapa. Un mapa para seguir el dinero desde la decisión administrativa hasta el contrato.