Fredy Castillo niega el mando, pero ofrece entregar el ejército

De La Espriella dio una semana a sus ministros para coordinar el sometimiento; MinJusticia descartó atajos. Castillo pide una ley y plantea cinco años de cárcel, mientras tiene pendiente una extradición y enfrenta señalamientos por el homicidio de Alejandro Llinás. Su entrevista con Salud Hernández-Mora para Semana también deja cuentas por abrir: los cobros al empresariado, al turismo y al narcotráfico que utiliza el puerto de Santa Marta.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo
Opinión Caribe

Fredy Castillo Carrillo niega ser comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pero habla como un hombre que asegura tener capacidad para ayudar a entregar parte de la estructura, sus hombres y sus fusiles. Al mismo tiempo, quiere saber cuánto tendría que pagar antes de someterse y pone una cifra sobre la mesa: cinco años de cárcel.

La entrevista realizada por Salud Hernández-Mora para la revista Semana abre mucho más que una discusión sobre una eventual entrega. Castillo reconoce fuentes de financiación provenientes del empresariado, el turismo y el narcotráfico; habla de cobros asociados a droga que sale por Santa Marta; reivindica capacidad de interlocución sobre la organización y, a la vez, reduce el alcance de su mando cuando debe explicar su posición dentro de las ACSN.

De allí parte esta investigación.

El 12 de septiembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella respondió a su propuesta. El presidente dio a los ministros de Defensa y Justicia una semana para coordinar el sometimiento, rechazó negociaciones, dilaciones y exigencias, y anunció que la ofensiva continuaría si Castillo persistía en la actividad criminal y la confrontación.

Ese mismo día, el Ministerio de Justicia fijó el límite jurídico: Castillo debe acudir ante las autoridades competentes y cumplir las condiciones que determine la justicia. “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley”, señaló.

Pero antes de discutir cuántos años podría pagar, hay una pregunta más grande: ¿qué está realmente en capacidad de entregar Fredy Castillo y cuánto de la verdad sobre las ACSN está dispuesto a poner sobre la mesa?

La petición llega con una extradición pendiente. El 26 de agosto, De La Espriella anunció que había firmado la decisión y que la entrega a Estados Unidos se haría efectiva cuando Castillo fuera ubicado y capturado; el anuncio no permite establecer si están agotadas todas las actuaciones y recursos del trámite. Registro de El Callejero.

También existe un nombre que debe acompañar la discusión sobre sus años de cárcel: Alejandro Llinás Suárez, asesinado el 23 de abril de 2020 en Guachaca. Opinión Caribe registró en abril de 2023 que la Fiscalía imputó a Castillo homicidio agravado y concierto para delinquir. Él no aceptó los cargos y en la entrevista vuelve a declararse inocente. Archivo sobre el caso Llinás.

Pedir cinco años no es confesar ese homicidio ni resolver el requerimiento estadounidense. Pero sí revela la prioridad de su propuesta: conocer y limitar el costo personal de la entrega. Para las víctimas, la pregunta comienza en otro lugar: qué hechos se esclarecerían, quiénes responderían y qué dejaría de ocurrir en el territorio.

El mando y los fusiles

Al comienzo de la entrevista, Castillo rechaza que lo llamen comandante. Más adelante minimiza su poder. Sin embargo, hacia el minuto 28:38, según la transcripción de referencia, ofrece: “Y podré ayudar a que el grupo se entregue a la justicia”.

Hacia el 32:03 plantea un ejemplo: si hubiera 500 fusiles en el Magdalena y se entregaran 400, esas armas pasarían al Estado. Admite que algunos hombres podrían no someterse.

“Entregar el ejército” es la lectura editorial de esa oferta de intermediación. Su capacidad real para ejecutarla sigue por comprobar.

La contradicción merece atención: Castillo reduce su autoridad cuando explica quién es, pero presenta capacidad de interlocución cuando propone una salida colectiva. ¿Qué relaciones le permitirían reunir hombres, conseguir armas y conducir una entrega? ¿Quiénes reconocerían esa representación?

Las respuestas deben traducirse en personas identificadas, armas inventariadas, estructuras reconocidas y compromisos comprobables. Una promesa de intermediación todavía no es un desarme.

El archivo tiene memoria

Opinión Caribe no llega ahora a esta historia. La ha documentado durante años.

Mucho antes de que Fredy Castillo volviera al centro de la discusión nacional por su propuesta de sometimiento, este medio ya había registrado sus declaraciones, su presencia en el territorio, la manera como se presentaba ante las comunidades y los distintos roles de interlocución que públicamente se atribuía.

Nuestro archivo permite hablar de este episodio con memoria y contexto. En enero de 2019, Opinión Caribe entrevistó a Castillo dentro de una indagación sobre las condiciones de seguridad en la Troncal del Caribe. En febrero de 2020 volvió a aparecer en nuestras publicaciones, esta vez presentándose como representante de miles de habitantes de Guachaca y explicando su respaldo político a Carlos Caicedo y Virna Johnson a partir de propuestas de Fuerza Ciudadana relacionadas con educación y salud.

Aquellas publicaciones forman parte de un registro periodístico construido antes de los actuales ofrecimientos, antes de la discusión sobre su sometimiento y antes de que su nombre adquiriera la dimensión que hoy tiene dentro del debate sobre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Ese archivo obliga también a ser rigurosos. Las declaraciones de entonces documentan la representación comunitaria y política que Castillo decía ejercer; no prueban, por sí solas, pactos criminales ni vínculos ilegales con los dirigentes mencionados.

Pero sí dejan una línea que hoy resulta imposible ignorar: Fredy Castillo ha reivindicado durante años una capacidad de interlocución sobre el territorio y sobre grupos de personas. Esa misma condición reaparece ahora cuando niega ejercer mando, pero al mismo tiempo asegura que puede contribuir a una entrega colectiva de integrantes de las ACSN.

Por eso Opinión Caribe no parte de una declaración aislada ni de una entrevista reciente. Parte de su propio archivo.

Y ese archivo permite hacer las preguntas que hoy corresponden: ¿a quiénes ha representado realmente Fredy Castillo?, ¿quiénes le han reconocido esa representación?, ¿qué capacidad efectiva ha tenido para tomar decisiones, transmitir órdenes o conseguir compromisos colectivos? Su propuesta actual obliga a contrastar esas respuestas con lo que ha dicho y hecho públicamente durante los últimos años.

En un territorio donde demasiadas versiones cambian con el tiempo, el periodismo también cumple una función de memoria. Y en este caso, Opinión Caribe tiene esa memoria.

¿Aportes o cobros bajo presión?

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista está en la financiación. Castillo admite que la organización recibe dinero del sector empresarial, del turismo y del narcotráfico. Para explicarlo utiliza palabras como aportes, impuesto y peaje.

El nombre que escoge quien recibe el dinero no determina la libertad de quien lo entrega.

La pregunta territorial es concreta: ¿puede un comerciante negarse a pagar y seguir trabajando sin amenazas? ¿Puede hacerlo un operador turístico, un transportador o el dueño de una finca? Si la negativa trae intimidación o castigo, el problema no se resuelve llamando aporte al cobro.

La investigación debe distinguir al empresario que financia voluntariamente de quien paga sometido al miedo. Confundirlos castigaría dos veces a la víctima. Establecer las condiciones de cada pago es indispensable para determinar responsabilidades.

Castillo, además, invoca la protección de campesinos, indígenas y personas que viven del turismo frente a los riesgos de las operaciones militares. Esa preocupación debe examinarse junto con su admisión de que la organización obtiene recursos de esa economía.

¿Las personas que presenta como beneficiarias de su presencia pueden rechazarla? ¿Pueden trabajar sin financiarla?

La protección de la población es una obligación del Estado. Ningún grupo armado adquiere legitimidad para cobrar por ella porque se presente como barrera contra otro grupo.

El puerto entra por su propia boca

Hernández-Mora pregunta si el cobro también alcanza la droga que sale por los puertos de Santa Marta y Barranquilla. Castillo responde: “En Santa Marta. En Barranquilla, no”.

La precisión importa. Su relato intenta separar el ingreso que recibe la organización de la propiedad de la droga: reconoce el peaje, pero niega ser dueño de cargamentos o lanchas.

No poseer la mercancía deja sin explicar cómo se obtiene dinero de su circulación. ¿Quién paga? ¿Cómo se calcula el cobro? ¿Qué información permite identificar los envíos sujetos a ese pago? ¿Dónde termina el control de una ruta y comienza la facilitación de una operación?

Durante su gobierno, Gustavo Petro puso públicamente el foco en los puertos y su relación con el narcotráfico y el contrabando. En mayo de 2025 fue más allá y planteó incluso cambiar por completo su administración, al asegurar que habían sido “cooptados por narcotraficantes” y que el contrabando constituía “su otra cara”.

Desde Barranquilla, Petro señaló a los principales puertos del país al hablar de la salida de cocaína, la entrada de armas y el contrabando. Mencionó expresamente a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura y lanzó una frase que resumió la gravedad de su señalamiento: “ahí están es traqueteando”.

Opinión Caribe documentó entonces esos pronunciamientos y los incorporó a su archivo periodístico sobre la administración portuaria y las alertas alrededor del uso de la infraestructura de comercio exterior por redes criminales. Vistos hoy, esos antecedentes adquieren una nueva dimensión frente a la afirmación de Fredy Castillo de que la organización cobra sobre droga que sale por Santa Marta.

Los señalamientos presidenciales situaron el problema dentro de la infraestructura del comercio exterior, sin constituir una imputación individual contra la empresa portuaria, sus trabajadores o los exportadores.

Ahora, con otro Gobierno y con el reconocimiento de Castillo sobre el cobro asociado a Santa Marta, la exigencia sigue pendiente: pasar del anuncio de incautaciones al esclarecimiento de quién introduce la droga, quién facilita su tránsito y quién recibe el dinero.

Tucurinca: el señalamiento concreto

Hay un procedimiento que acerca esa discusión a una carga identificable.

El 26 de mayo de 2024, el entonces director de la Policía, William René Salamanca, informó sobre 623 kilos de cocaína camuflados en banano, procedentes de Tucurinca, Zona Bananera, con destino a Bremerhaven, Alemania. Según su declaración, el cargamento pertenecería a las Autodefensas de la Sierra Nevada. Publicación del director de la Policía.

La atribución policial, formulada en condicional, vincula públicamente a la organización con un cargamento concreto, aunque no constituye una decisión judicial.

El recuadro documental que acompaña este artículo reúne aproximadamente 8,4 toneladas reportadas entre abril de 2023 y julio de 2025. La selección ilustra el uso reiterado de la infraestructura exportadora para transportar cocaína. No responde quién contaminó cada carga ni permite atribuir el conjunto a las ACSN.

El peso incautado dimensiona el problema. La identificación de los responsables sigue siendo la cuenta pendiente.

“Bendito Menor”: lo que acredita el reloj

El archivo de El Callejero permite reconstruir la secuencia informativa del 3 y 4 de septiembre de 2026 y deja, además, una pregunta que cobra relevancia frente a la versión que ahora entrega Fredy Castillo sobre la relación de “Bendito Menor” con las ACSN.

El día 3, a las 16:47, las ACSN publicaron un desmentido sobre la versión de que habían matado a “Bendito Menor”. A las 17:51, El Callejero registró que la organización negaba esa versión sin presentar una prueba de vida.

El operativo se situó entre la noche del 3 y la madrugada del 4. Al día siguiente, El Callejero publicó la noticia del procedimiento a las 08:05, la confirmación presidencial a las 08:59 y, a las 11:53, un segundo comunicado de las ACSN en el que la organización anunció que no habría retaliaciones.

La secuencia muestra que las ACSN estuvieron públicamente activas alrededor del caso tanto antes como después de conocerse el resultado del operativo. Primero salieron a desmentir la muerte de “Bendito Menor”; horas después de la confirmación oficial volvieron a pronunciarse para hablar incluso de la conducta que asumirían tras su muerte.

Ese comportamiento público adquiere otra dimensión frente a lo dicho ahora por Castillo. En la entrevista sostiene que “Bendito Menor” ya no hacía parte de la organización y que venía desarrollando acciones individuales, por fuera de las decisiones y del mando del Estado Mayor de las ACSN.

Las dos cosas no necesariamente son incompatibles, pero sí dejan una pregunta que merece respuesta: si “Bendito Menor” estaba por fuera de la estructura y actuaba independientemente de su Estado Mayor, ¿por qué las ACSN reaccionaron institucionalmente y con tanta rapidez frente a los rumores sobre su muerte y posteriormente anunciaron que no habría retaliaciones?

El archivo, por sí solo, no demuestra que “Bendito Menor” continuara perteneciendo a las ACSN ni permite establecer cuál era su relación real con la estructura en ese momento. Pero tampoco permite pasar por alto que la organización asumió públicamente una voz frente a su situación antes y después del operativo.

Lo que sí acredita el registro es una contradicción que necesita explicación: mientras Castillo sostiene hoy que “Bendito Menor” actuaba por fuera del mando de las ACSN, la propia organización intervino públicamente antes y después de su muerte para referirse a su situación y a las consecuencias del operativo. Esa diferencia entre el relato actual y la conducta pública de las ACSN es una de las preguntas que todavía quedan abiertas.

La herencia que debe evaluarse

La Resolución 300 de agosto de 2024 y los acuerdos de febrero de 2026 pertenecen al ciclo de conversaciones del gobierno Petro. Son antecedentes necesarios para evaluar qué se prometió y qué recibió el territorio.

Según el informe del proceso reseñado por Opinión Caribe, el 18 de febrero de 2026 se suscribieron los Acuerdos Especiales I y II: uno sobre el marco del espacio sociojurídico y otro sobre el desescalamiento de las violencias. Este último incluyó protección de civiles, no reclutamiento de menores, cese de homicidios y abstención de extorsionar en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla.

El balance también presentó 507 iniciativas territoriales: propuestas de una agenda de transformación, cuya ejecución debe evaluarse por separado. Expediente del proceso publicado por Opinión Caribe.

Los indicadores muestran resultados distintos dentro del territorio. El análisis publicado por este medio el 1 de abril, con cifras de Medicina Legal procesadas por la Plataforma Defensora de Derechos Humanos, registró que Santa Marta pasó de 43 homicidios en el primer trimestre de 2025 a 28 en el mismo periodo de 2026; Ciénaga, de 23 a 11. Zona Bananera permaneció en 11, mientras Fundación pasó de 13 a 14. El Magdalena acumuló 114 homicidios en ese trimestre. Análisis del primer trimestre.

Las reducciones municipales merecen reconocimiento. Atribuirlas por completo a unos acuerdos firmados cuando el trimestre ya había comenzado exigiría demostrar esa relación.

La evaluación tiene que preguntar dónde disminuyó la violencia, dónde persistió y qué ocurrió con las otras formas de control. Una comunidad puede registrar menos muertos y seguir pagando para trabajar, moverse o guardar silencio.

De La Espriella recibe esa obligación. Su Gobierno deberá demostrar, además de capturas y golpes operativos, que disminuyen los cobros, que denunciar es posible y que la presencia estatal permanece después del operativo.

Cinco años frente a las cuentas del territorio

Castillo ha puesto una cifra sobre la mesa. Falta conocer el alcance concreto de lo que ofrece a cambio.

¿Cuántas personas estarían dispuestas a presentarse? ¿Qué armas entregarían? ¿Qué información permitiría esclarecer homicidios, cobros y operaciones de narcotráfico? ¿Qué bienes podrían destinarse a reparar a las víctimas? ¿Qué impediría que otro mando continuara recaudando sobre las mismas actividades?

Al Gobierno le corresponde verificar la representación y los compromisos. A la justicia, determinar las responsabilidades individuales. Las víctimas deben tener un lugar efectivo en el esclarecimiento y la reparación mientras se discuten las condiciones del sometimiento.

Castillo ha puesto sobre la mesa una propuesta de entrega. Pero el tamaño de lo que está en discusión no puede medirse únicamente en años de cárcel, hombres o fusiles. También está en las víctimas, en los cobros, en las rutas del narcotráfico, en los bienes, en las órdenes impartidas y en las relaciones que permitieron ejercer control sobre el territorio.

Opinión Caribe ha seguido esa historia durante años y por eso las preguntas no terminan con una entrevista ni con un eventual sometimiento. Si realmente existe voluntad de cerrar este capítulo, la entrega tendrá que venir acompañada de respuestas verificables sobre cómo funcionó la estructura, quiénes participaron, quiénes financiaron, quiénes facilitaron y quiénes se beneficiaron.

No basta con entregar el ejército. Tiene que entregar la verdad.

Y parte de esa verdad está todavía dispersa en expedientes, operaciones y registros que necesitan ser conectados. El siguiente cuadro no pretende atribuir a las ACSN todos los cargamentos reseñados ni establecer responsabilidades que corresponden a la justicia. Reúne una selección de incautaciones documentadas en los últimos años para dimensionar el volumen de cocaína que ha utilizado la infraestructura exportadora de la región y mostrar por qué las preguntas sobre rutas, facilitadores y beneficiarios siguen abiertas.

Recuadro documental: incautaciones seleccionadas

Fuentes: publicaciones periodísticas y comunicaciones oficiales enlazadas en cada registro. Los documentos consultados no aportan una decisión judicial que atribuya estos cargamentos a las ACSN. Para los 623 kilos de Tucurinca existe un señalamiento policial formulado en condicional; tampoco constituye una atribución judicial. La selección no es un balance exhaustivo ni un inventario de droga de esa organización.