Territorio & Poder
El expediente de la Paz Total en la Sierra Nevada de Santa Marta
El gobierno Petro dice que avanzó en paz en la Sierra Nevada. El Distrito dice que fracasó. Las comunidades dicen que nunca lo sintieron. ¿Quién tiene razón?
Por: Arnol Sarmiento
Un informe oficial con corte a julio de 2026 revela por primera vez el balance completo del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el gobierno Petro y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El documento, elaborado por el ex Coordinador del Proceso de Paz Óscar Mauricio Silva Osorio y conocido por Opinión Caribe, muestra una reducción estadística de homicidios, dos acuerdos formales firmados en febrero de 2026, una agenda de 507 iniciativas construidas con las comunidades y una advertencia que define el futuro del proceso.
Sin embargo, desde el Gobierno Distrital de Santa Marta, la Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto, Jennifer Del Toro Granados, ofrece una lectura radicalmente distinta: el proceso fracasó y las dos promesas centrales del gobierno Petro no se cumplieron. Y desde las comunidades de la Troncal del Caribe, los líderes son contundentes: la paz nunca se sintió en los territorios.
De los primeros contactos a una mesa formal
Según el informe, el proceso puede dividirse en dos grandes etapas. La primera, entre diciembre de 2022 y julio de 2024, correspondió a los acercamientos exploratorios y la verificación de la voluntad de paz de las ACSN. La segunda, desde agosto de 2024 en adelante, comprende el Espacio de Conversación Sociojurídico activo y formal.
Durante la fase exploratoria, el Gobierno adelantó contactos con la organización armada, que manifestó su interés en participar en la política de Paz Total. En ese periodo también se exploró la posibilidad de establecer ceses al fuego y condiciones para una negociación formal. El 31 de diciembre de 2022, el Gobierno nacional decretó un cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional mediante el Decreto 2659, con vigencia inicial hasta el 30 de junio de 2023. Las ACSN ordenaron a sus estructuras suspender las acciones contra la Fuerza Pública. Una vez terminaron los ceses decretados por el Gobierno, las ACSN decidieron mantener un cese unilateral que, de acuerdo con el informe, continúa vigente.
El paso institucional definitivo llegó el 1 de agosto de 2024, cuando mediante la Resolución 300 se autorizó formalmente la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico. Su objetivo quedó definido en torno a tres asuntos: verificar la voluntad de las ACSN de transitar hacia el Estado de Derecho, establecer los términos de sometimiento a la justicia que permita la ley y construir paz territorial. Posteriormente, mediante las resoluciones 321 de septiembre de 2025 y otras disposiciones de 2024 y 2025, el Gobierno modificó su delegación y reconoció formalmente a los miembros representantes de la estructura armada.
El ámbito territorial: la cara norte de la Sierra Nevada
El proceso tiene como escenario principal la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, particularmente la zona rural de Santa Marta, la parte alta de Ciénaga y el municipio de Dibulla, en La Guajira. Este polígono de transformación es el territorio donde las ACSN ejercen presencia y control, y donde el Gobierno concentró su estrategia de paz territorial.
El informe deja claro que la apuesta no se limita a conseguir la salida de los integrantes de la estructura armada. El propósito declarado es recuperar la soberanía ciudadana en territorios donde la presencia de actores armados ha limitado históricamente el ejercicio pleno de los derechos y la capacidad del Estado para garantizar seguridad, servicios públicos y oportunidades de desarrollo.
Tres pilares para desmontar una estructura armada
El documento identifica tres ejes estratégicos que articulan toda la gestión: transformación territorial, desescalamiento de las violencias y tránsito hacia la vida civil y la ciudadanía plena.
La tesis oficial es que desmovilizar una estructura armada no es suficiente. Para superar la gobernanza criminal en la Sierra Nevada se necesita fortalecer la soberanía popular, garantizar el arraigo de las comunidades y ampliar las oportunidades de desarrollo, acompañadas de una presencia efectiva del Estado Social de Derecho.
507 iniciativas construidas con las comunidades
Desde octubre de 2024 comenzaron los diálogos directos con las comunidades del polígono de transformación. Entre noviembre de 2024 y junio de 2025 se realizaron más de 35 encuentros de diálogo social con habitantes de la cara norte de la Sierra Nevada. El resultado fue la identificación de 507 iniciativas de transformación territorial, construidas con participación de líderes sociales, mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+, comunidades afro, negras e indígenas. Las propuestas abarcan agua, emprendimientos, infraestructura comunitaria, vías, salud, economía campesina, seguridad alimentaria, tierras, energía, servicios básicos, educación, formación ciudadana y protección de niños, niñas y adolescentes.
El informe sostiene que estas 507 iniciativas no son simplemente un inventario de obras. Representan, según el Gobierno, una hoja de ruta construida por las propias comunidades para recuperar capacidad de decisión sobre sus territorios. Todas las Juntas de Acción Comunal del polígono fueron formalizadas con apoyo del Ministerio del Interior y recibieron capacitación de la Escuela Superior de Administración Pública para formular proyectos con enfoque de paz y ejercer veeduría ciudadana.
El informe, no obstante, tiene fisuras. Para Jennifer Del Toro, esas 507 iniciativas son precisamente la evidencia del fracaso. En entrevista con Opinión Caribe afirmó que el proceso se diluyó en “más de 60 reuniones programadas por la Oficina del Comisionado de Paz, en las que se perdió un tiempo valioso recopilando 507 iniciativas sin fuente de financiación, sin indicar un ministerio o entidad nacional responsable y en un total desenfoque sobre cómo resolver el conflicto”. En su cuenta de X fue aún más directa: el proceso “NO tuvo ningún método, y no fue capaz de construir canales entre los ministerios y entidades nacionales y las comunidades. Nunca consiguió que ningún ministro viniera a la Sierra”.
En el territorio, la historia se cuenta de otra manera. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Troncal del Caribe son directos: “La paz no puede quedarse en anuncios o en mesas de diálogo. La paz tiene que sentirse en los corregimientos, en las carreteras, en las fincas y en las comunidades indígenas y campesinas”.
Agua, vías, salud, tierra y energía: lo que el Estado prometió
Detrás de las 507 iniciativas hay compromisos sectoriales concretos que el Gobierno asumió frente a las comunidades del polígono. Son la columna vertebral de la apuesta de transformación territorial y, al mismo tiempo, el termómetro más preciso para medir cuánto de lo prometido se convirtió en realidad.
En materia de agua, fueron identificadas 27 iniciativas comunitarias, 15 en La Guajira y 12 en Magdalena, con el objetivo de garantizar acceso al agua para consumo y producción. Para infraestructura vial, fueron priorizadas cuatro Juntas de Acción Comunal dentro del programa Caminos Comunitarios y cinco vías críticas para el mecanismo Frente Frío. También se presentaron propuestas bajo el esquema de Obras por Impuestos.
En salud se reportan 35 iniciativas presentadas en mesas técnicas y sometidas a análisis. Además, la Gobernación del Magdalena trabaja en un proyecto de salud mental dirigido a niños, niñas y adolescentes relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas.
Uno de los compromisos de mayor alcance está relacionado con la tierra. La Agencia Nacional de Tierras asumió la estrategia para legalizar y entregar 10.000 hectáreas a consejos comunitarios, comunidades indígenas y campesinas dentro del polígono. Sin embargo, al corte de julio de 2026, las 10.000 hectáreas permanecen en estudio y la ruta de legalización debe ser retomada luego del reciente relevo en el liderazgo de la ANT.
En energía fueron identificadas nueve iniciativas por aproximadamente $15.000 millones. La refrendación de estos compromisos se interrumpió debido al cambio de agente interventor de Air-e, por lo que el siguiente paso es reactivar el acuerdo e iniciar los proyectos de electrificación.
Educación, infancia y fortalecimiento comunitario
Si los compromisos sectoriales son el termómetro de la transformación material, la apuesta por la educación, la infancia y el fortalecimiento comunitario es la apuesta por el largo plazo: la idea de que una generación formada en paz puede romper el ciclo que ningún acuerdo armado ha logrado romper del todo.
El proceso contempla dotación y priorización de escuelas, el programa Maestros de Arraigo y la estrategia Universidad en Tu Colegio. En capacidades comunitarias, el informe reporta Escuelas de Paz dirigidas a jóvenes, mujeres y liderazgos, además de asistencia técnica de la ESAP a las alcaldías de Dibulla, Ciénaga y Santa Marta.
En materia de infancia y protección social, el ICBF tiene dos convenios bajo la estrategia “Tejiendo Interculturalidad”: uno por $600 millones de pesos para la comunidad Wiwa de Dibulla, con aproximadamente 200 familias, y otro por $1.300 millones de pesos para comunidades campesinas y Kogui de Ciénaga, con unas 400 familias. También se incluyen las estrategias Mochila Atrapasueños y Aquí Crece la Generación para la Paz.
Los acuerdos del 18 de febrero de 2026
El 18 de febrero de 2026 se firmaron dos acuerdos que constituyen el núcleo jurídico del proceso hasta la fecha. El primero, el Acuerdo Marco de Funcionamiento, establece las bases del espacio de conversación y formaliza el acompañamiento de la MAPP/OEA, que ha participado en todas las reuniones entre la delegación del Gobierno y los representantes de las ACSN. El acuerdo también contempla la presencia de observadores militares y de la Policía Nacional, delegados por el Ministerio de Defensa.
El segundo, el Acuerdo Especial para el Desescalamiento de las Violencias, recoge compromisos concretos de las ACSN: protección de la población civil, no reclutamiento ni instrumentalización de menores de edad, cese de homicidios y actos crueles, no ejecución de acciones ofensivas contra las Fuerzas Militares o la Policía, abstención de realizar extorsiones en Dibulla, Ciénaga y Santa Marta, y no interferencia en los procesos electorales ni en las acciones de transformación territorial.
Pero la firma de esos acuerdos también dejó episodios que el Distrito no olvida. Del Toro recordó que fue precisamente un día antes de que se suscribiera el Acuerdo Especial número 2 cuando la Dirección Nacional de Parques declaró el cierre del Parque Tayrona por pérdida de gobernabilidad. “Unas decisiones incoherentes e inconexas que se tradujeron en un caos para el Distrito de Santa Marta”, afirmó. Señaló además que la Dirección de Parques reconoció en las mesas de trabajo no tener conocimiento del acuerdo firmado el día anterior por la Oficina del Comisionado.
La extorsión, uno de los compromisos más sensibles
El proceso incluyó compromisos específicos para aliviar la presión de las estructuras armadas sobre comerciantes, empresarios, ganaderos y economías populares. El 22 de julio de 2025, las ACSN anunciaron la suspensión durante tres meses de las extorsiones a comerciantes, empresarios y ganaderos. En febrero de 2026, ese compromiso fue incorporado al Acuerdo Especial de Desescalamiento.
Una línea directa que, según el Gobierno, ha evitado muertes
Uno de los mecanismos más particulares del proceso es la “línea de emergencia” establecida entre el coordinador de la delegación del Gobierno y el máximo representante de las ACSN. Según el informe, este canal ha permitido reaccionar ante situaciones críticas y reorientar acciones bélicas para evitar afectaciones contra civiles y miembros de la Fuerza Pública. El documento considera esta línea uno de los principales resultados operacionales del proceso de desescalamiento.
Las cifras de la violencia: la versión oficial y lo que documentó Opinión Caribe
Según las cifras del Ministerio de Defensa citadas en el documento, entre 2024 y 2025 disminuyó la tasa de homicidios en los tres municipios priorizados. En Dibulla, los homicidios pasaron de 25 en 2024 a 17 en 2025, una reducción del 32%, con una tasa que bajó de 51,4 a 34,1 por cada 100.000 habitantes. En Santa Marta, disminuyeron de 198 a 170, una caída del 14,1%, con la tasa pasando de 34,5 a 29,2. En Ciénaga, pasaron de 96 a 91, una reducción del 5,2%, con la tasa descendiendo de 70,1 a 65,7. El balance oficial incluye además otras reducciones: los feminicidios bajaron de seis casos en 2022 a dos en 2025; las amenazas disminuyeron de 1.278 casos en 2022 a 743 en 2025; el desplazamiento forzado descendió de 337 casos en 2024 a 207 en 2025; y la extorsión bajó de 213 casos en 2024 a 190 en 2025.
Fuera del polígono oficial, la realidad tiene otro rostro. Del Toro fue la primera en señalarlo: recordó que Santa Marta cerró 2024 con 198 homicidios, una cifra idéntica a la del año anterior, y que en todo el Magdalena fueron asesinadas 573 personas ese año. “Lo que estaba diciendo era que ese proceso no estaba sirviendo para disminuir la violencia en la ciudad”, afirmó. En su publicación de X señaló además que el comisionado Silva y la Oficina del Comisionado “nunca se pronunciaron por los casos de castigos extrajudiciales, las mal llamadas ‘limpiezas sociales’, asesinatos selectivos, extorsión, ni en el horrible suceso de Mingueo donde fue decapitado un menor de edad”.
Los números que registró Opinión Caribe van en la misma dirección y amplían el cuadro. A partir de datos de la Plataforma de Derechos Humanos (PDHAL), Medicina Legal y Santa Marta Cómo Vamos, la tendencia departamental no fue descendente durante el periodo de la Paz Total: fue ascendente. En 2022 se registraron 500 asesinatos en el Magdalena; en 2023 subieron a 536; en 2024 llegaron a 573; y en 2025 alcanzaron los 615. En lo corrido de 2026, entre enero y el 30 de junio, ya se contabilizan 261 víctimas. En total, entre 2022 y el 30 de junio de 2026, 2.485 personas fueron asesinadas en el departamento.
Santa Marta concentra la expresión más cruda de esa tendencia. En los cuatro años que abarca el proceso —dos bajo la administración de Virna Johnson y dos bajo la de Carlos Pinedo Cuello— fueron asesinadas más de 770 personas en la capital del Magdalena: 403 entre 2022 y 2023, y 386 entre 2024 y 2025. La reducción de 206 homicidios en 2024 a 180 en 2025 que el informe Silva presenta como un logro resulta marginal frente a la magnitud estructural del problema. En una ciudad de poco más de 566 mil habitantes, con una tasa de 34,1 homicidios por cada 100.000 habitantes —superior al promedio nacional de 25—, la violencia no cedió: solo fluctuó.
La situación se agrava cuando se analiza la violencia contra las mujeres. En los últimos dos años fueron asesinadas 23 mujeres en Santa Marta —13 en 2024 y 10 en 2025—, mientras que entre 2022 y 2023 la cifra ascendió a 27 víctimas. La persistencia de estos crímenes evidencia que las estrategias de prevención y protección resultaron insuficientes.
A esta realidad se suma el comportamiento de las masacres. De acuerdo con Indepaz, entre 2020 y 2025 el Magdalena registró 21 masacres y 65 víctimas, con una concentración especialmente grave en 2023: 7 masacres y 22 víctimas, el año más violento del periodo. El desglose confirma la persistencia del fenómeno: 2 masacres y 6 víctimas en 2020; 3 masacres y 9 víctimas en 2021; 4 masacres y 12 víctimas en 2022; 3 masacres y 10 víctimas en 2024; y 2 masacres y 6 víctimas en 2025.
El panorama se agrava con el desplazamiento forzado. En marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Magdalena se ubicó entre los territorios más afectados por este fenómeno al inicio del año. Entre enero y febrero, el departamento registró 1.960 personas desplazadas. Solo en febrero, 1.159 personas fueron afectadas por eventos de desplazamiento masivo, principalmente en Aracataca, Ciénaga y Pivijay.
La conclusión que emerge de ese conjunto de cifras la sintetiza el director de la PDHAL, Lerber Dimas Vásquez, con una imagen que define el estado del departamento: “el corredor de la muerte”. “Tenemos un departamento que está sitiado hacia la parte montañosa por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y hacia el centro, el sur y la subregión río por el Ejército Gaitanista de Colombia”, afirmó. Para Dimas, el debate no debe centrarse en respaldar o rechazar la política de Paz Total, sino en construir una estrategia efectiva de recuperación territorial. “Creo que es necesario replantear un mecanismo de pacificación para el territorio y ver cómo estos territorios pueden volver a ser controlados por el Estado”, concluyó.
Desde las comunidades, Alex Pinzón, líder del territorio de la Troncal del Caribe, lo expresó con claridad en declaraciones a La FM: “Durante estos años seguimos viviendo cómo el conflicto continuó afectando a las familias y cómo las promesas de inversión social nunca llegaron”.
Cuando el vacío lo llena otro fusil
El propio informe reconoce que la Sierra Nevada no es un territorio uniforme ni pacificado. En sectores urbanos de Santa Marta, la zona plana de Ciénaga y municipios como Puebloviejo, Aracataca y Fundación en Magdalena; San Juan del Cesar y Riohacha en La Guajira; y municipios serranos del Cesar, la violencia no experimentó el mismo comportamiento que en el polígono priorizado. Allí existe disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia, el ELN, las ACSN, “Los Primos” y otras bandas criminales. Y el repliegue de las ACSN, lejos de generar un vacío pacífico, ha abierto la puerta a otras estructuras que además estarían utilizando su nombre mediante volantes falsos para cobrar rentas ilegales.
Ante esto, el Gobierno identifica como urgente fortalecer las capacidades de investigación judicial y el control de la Fuerza Pública. No todos comparten ese diagnóstico sobre sus causas. Del Toro coincide en que los grupos delincuenciales se expandieron, pero difiere en el origen: para ella no es consecuencia del repliegue de las ACSN sino de la ausencia de una estrategia de seguridad real. “Lo que está demostrado es la expansión de los grupos delincuenciales”, afirmó, y señaló que el Plan de Seguridad y Convivencia de Santa Marta está desfinanciado en $140.000 millones de pesos. “Es como matar a un kraken con un alfiler”, resumió. Los líderes comunitarios de la Troncal del Caribe advierten en el mismo sentido: cualquier nuevo intento de negociación deberá estar acompañado de resultados concretos y no solo de compromisos anunciados desde el nivel central.
Una inversión cercana a los $2.900 millones
El informe reporta una inversión total de $2.892.698.482 en el funcionamiento del Espacio de Conversación Sociojurídico, asociada a medidas de protección, transporte aéreo, tiquetes, viáticos, gastos de desplazamiento, logística, participación de la sociedad civil y honorarios. La pregunta que esa cifra deja abierta es inevitable: ¿valió la pena? La respuesta depende, como todo en este proceso, del ángulo desde el que se mire. Para el Gobierno, sí: el gasto estuvo justificado por los acuerdos alcanzados, la reducción de homicidios en el polígono y los canales de comunicación construidos. Para el Distrito y las comunidades, no: el dinero se fue en reuniones sin resultados tangibles para quienes viven bajo el peso del conflicto.
El punto pendiente: una ley de sometimiento
El documento identifica como barrera estructural la ausencia de un marco jurídico definitivo para el sometimiento de las ACSN. La propuesta de ley fue presentada al Congreso en julio de 2025 y es aceptada por la dirección de la estructura como mecanismo para su sometimiento, desarme y tránsito hacia la vida civil. Pero mientras no exista seguridad jurídica, el proceso permanece incompleto. El acuerdo marco establece además que cualquier beneficio jurídico estará condicionado a la colaboración efectiva con la justicia y corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes.
Desde el Distrito, sin embargo, esa narrativa tiene un dato que la contradice. Del Toro señaló que el único resultado concreto que Silva puede reclamar es precisamente el contrario a una ley de sometimiento: “haber gestionado y conseguido la suspensión de las órdenes de captura de los mandos de esa estructura al margen de la ley”.
Una paz que todavía depende del Estado, del Congreso y de las comunidades
El balance que deja el informe oficial es el de un proceso que ha producido acuerdos, reducción estadística de homicidios en el polígono priorizado, disminuciones en otros hechos victimizantes, canales de comunicación para evitar escaladas y una agenda de 507 iniciativas. Pero buena parte de esa agenda está en fases de estructuración o definición, y el mayor interrogante permanece abierto: qué ocurrirá con el territorio cuando las ACSN dejen de ejercer el control que hoy mantienen. El informe lo resume en una fórmula que trasciende la negociación: desmantelar a las ACSN, proteger el territorio y recuperar para las comunidades el poder ciudadano que durante años les fue arrebatado por los actores armados.
Del Toro cerró su mensaje en X con una advertencia directa: “A las comunidades de la Sierra Nevada y al pueblo samario nos queda un conflicto armado agudizado”. Y trasladó al nuevo presidente Abelardo de la Espriella las mismas cuatro recomendaciones que el Distrito formuló durante el gobierno Petro sin ser atendidas: fortalecer la seguridad y el control territorial, establecer mecanismos independientes de verificación, realizar inversiones públicas significativas y garantizar coordinación interinstitucional con liderazgo presidencial directo.
La voz de las comunidades cierra el cuadro. Alex Pinzón, líder de la Troncal del Caribe, lo dijo sin rodeos en declaraciones a La FM: “Hoy sentimos que se perdió una oportunidad histórica para devolverle la paz a la Sierra Nevada y a quienes vivimos de ella». Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la zona fueron igualmente directos: «Esperamos que el próximo Gobierno escuche a los territorios y construya una estrategia que realmente garantice seguridad, presencia institucional y oportunidades para quienes durante años hemos padecido el conflicto”.
Tres visiones, un mismo territorio y una conclusión que las atraviesa a todas: la Sierra Nevada sigue esperando que la paz deje de ser un anuncio y se convierta en una realidad que se sienta en los corregimientos, en las carreteras, en las fincas y en las comunidades que durante décadas han cargado con el peso del conflicto armado.
Con información del informe oficial del Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN presentado por Óscar Mauricio Silva Osorio, ex Coordinador del Proceso de Paz en la Sierra Nevada de Santa Marta del gobierno del expresidente Gustavo Petro; entrevista de Opinión Caribe a Jennifer Del Toro Granados, Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta; publicación de Del Toro Granados en la red social X el 1 de agosto de 2026; declaraciones de Alex Pinzón y líderes de las Juntas de Acción Comunal de la Troncal del Caribe recogidas por La FM; e informes de la Plataforma de Derechos Humanos del Magdalena (PDHAL), Medicina Legal, Indepaz, Santa Marta Cómo Vamos y la Defensoría del Pueblo.
NOTA ACLARATORIA: Este artículo se publica en ejercicio del derecho a la información. Opinión Caribe no emite juicio de valor sobre los hechos narrados. Las declaraciones corresponden a sus fuentes y las cifras han sido verificadas con organismos independientes.
