Sobre el Acuerdo Especial I y II (entre la Consejería de Paz y las ACSN) para el Desescalamiento de las Violencias en la Sierra Nevada. Análisis del primer trimestre

El pasado 18 de febrero el responsable de los diálogos socio-jurídicos de la Consejería Comisionada de paz, Óscar Mauricio Silva y los máximos comandante de las ACSN, Carmen Evelio Cantillo y José Luis Pérez, firmaron el Acuerdo Especial I y II para el Desescalamiento de las Violencias en el Espacio de Conversación Socio-Jurídico entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este escrito pretende hacer una valoración al Primer trimestre de 2026, de los impactos de esta decisión en el territorio.

El Acuerdo Especial I muy poco que decir porque prima la falta de comunicación, seguimiento y valoración en terreno y esto no es bueno. Un ejemplo de ello es el marco de protección de niños, niñas y adolescentes en concordancia con el DIH y el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra ¿se ha cumplido en este trimestre? Es posible. Pero también es posible que no y sobre ambigüedades no se cimenta un Proceso de Paz. Otro ejemplo: el Gobierno seguirá liderando las políticas y proyectos orientados a la transformación del territorio. Este es una de las bases de la arquitectura de la Paz Total, pero en casi 4 años solo fueron anuncios y estos dineros (anunciados) y no invertidos, no pueden sostenerse en el próximo gobierno, que aunque posiblemente implique continuidad o transformación (dependiendo de quien asuma la presidencia) no se garantizan. Esto implica empezar de ceros y fueron 4 años perdidos.

Dice también el Acuerdo Especial I, que el Espacio Socio-jurídico (no instalado) podrá definir Comisiones y Grupos de Trabajo y también la participación de observadores, lo cuál es bueno para tener una mayor pluralidad de voces que son necesarias dentro de un conflicto que no solo consume vidas humanas sino que también domina los relacionamientos humanos y condiciona los territorios. Pero hay un problema: esta pensado en una participación entre entidades nacionales, autoridades judiciales y el sector defensa con policías y militares ¿dónde quedan las autoridades locales, las víctimas, la academia, las organizaciones sociales, entre muchas más?  El conflicto en la Sierra Nevada lleva al menos 5 décadas y ha sido tocado por tres procesos de paz. Amnistía con el EPL (un EPl que hoy sigue vivo bajo otra bandera), Proceso de Paz con las AUC (que también siguen vivos bajos otras banderas) y El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (que aunque no incide en la Sierra Nevada, también siguen vivos), entonces ¿esto lo van a resolver con la mirada sobrevalorada desde posiciones en Bogotá). 4 años y no supieron leer el territorio.

Y no es por falta de recursos, porque el Acuerdo I dice directamente que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz seguirá garantizando los recursos logísticos y operativos para el funcionamiento del Espacio de Conversación Socio-jurídico. Es decir: tienen recursos para explorar apoyos, acompañamientos; sumas voces y planificar.

Ahora pasemos al Acuerdo II. Y aquí aparecen tres territorios claves: Dibulla, en La Guajira y Ciénaga y Santa Marta en el Magdalena. Todavía no es claro por qué no hubo una valoración más directa a zonas de confrontación armada, como Riohacha, San Juan y el Sur del Cesar y Zona Bananera, Pueblo Viejo y Aracataca, donde se han desarrollado la mayores confrontaciones entre las ACSN y el EGC. Sin embargo, pienso que esta decisión se tomó para poder medir en términos cuantitativos, porque en zonas donde hay disputa abierta, como en Riohacha, es muy compleja la medición debido a que no hay certeza de donde viene la acción violenta.

Sobre los homicidios:

Santa Marta cerró con 28 homicidios. Una cifra con una reducción importante frente al primer trimestre 2025, donde hubo 43. Es decir: estamos hablando de 15 homicidios menos y si a esta cifra de 28 le quitamos algunos por intolerancia y riñas el número es de 22. Ciénaga pasó de 23 en 2025 a 11 en el 2026 y Dibulla solo registra un solo homicidio. Aunque los número siguen siendo altos es importante mencionar que al Acuerdo II si redujo en un 65% los homicidios, lo cuál es favorable. Preocupan eso sí, Zona Bananera que mantuvo el ritmo de los homicidios 11 para el 2025 y 11 para el 2026 y Fundación con un pequeño incremento. Pasó de 13 a 14. En total en este trimestre el departamento del Magdalena cerró con 114 homicidios, en cifras tomadas de Medicina Legal Colombia y procesadas por la Plataforma Defensora de Derechos Humanos, Pdhal.

Las ACSN también se comprometieron con respetar a las personas de especial protección y no conocemos de amenazas o videos como los que circularon hace unos meses atrás donde cometían actos de castigos y actos crueles. Tampoco a no adelantar operaciones militares contra Ejercito y Policía y, aunque hubo combates en zona rural de Ciénaga contra unidades de la Primera División del Ejercito y perdió la vida un soldado profesional, esto ocurrió varios días antes de la firma del Acuerdo II, y no por esto le resta gravedad. Es la perdida de una vida humana, pero fue anterior y no se puede evaluar un acuerdo con efectos retroactivos.

Hay otros temas dentro del Acuerdo II como la participación en los procesos electorales, el reclutamiento forzado, están comprometidos en caso de que tengan menores a devolverlos para el restablecimiento de derechos y no cobrar extorsión en Dibulla, Santa Marta y Ciénaga. Sobre este particular es importante hacer varias aclaraciones.

La primera de ella es que al no existir un documento de medición o al menos de caracterización del fenómeno extorsivo y es muy difícil determinar si hay o no variación. Nos toca confiar en los principios constitucionales, como lo dice el mismo Acuerdo I, de buena fe, lealtad, rectitud y honestidad y, esto, en estructuras de alto impacto y niveles de comandancia divergentes es muy difícil de validar. Ahora bien, el acuerdo dice abstenerse y la abstención no es ella misma una prohibición.

La segunda, es que aunque estos acuerdos estén acompañados por la Mapp OEA, lo cuál es muy conveniente, no existe un sistema propio de acompañamiento y monitoreo. No está la Iglesia Católica, no está la academia. Tampoco organizaciones sociales y de víctimas. No están las comunidades indígenas, NARP y campesinas. No están los gobiernos locales que gústenos o no son ordenadores de gastos y responsables de políticas públicas.

En cuanto a la participación en política y el proceso electoral, nos apoyamos en denuncias y en lo que determine las autoridades electorales. Hasta el momento es muy incipiente y porosas la denuncias.

Para concluir y con datos empíricos, las ACSN han cumplido en más de un 50% en los acordado en los Acuerdos I y II. Podemos llegar a más y podemos encontrar canales de pacificación. Depende de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, quienes son ellos los que debería estar haciendo este balance y socializando (discrecionalmente) alguna información en los medios de comunicación. Finalmente este proceso necesita de validad social y no la tiene.