¿Por qué unos gobiernos locales funcionan y otros no?

Cada cuatro años, los ciudadanos depositan sus expectativas en un nuevo gobierno municipal. Se elige un alcalde, se conforma un equipo, se construye un Plan de Desarrollo y comienza la promesa de transformar el territorio.

Sin embargo, con el paso de los meses aparece una pregunta que pocas veces abordamos con suficiente profundidad: ¿por qué algunos gobiernos locales logran avanzar mientras otros, enfrentando problemas similares, permanecen estancados?

La respuesta suele buscarse en el alcalde. Se habla de su liderazgo, de su capacidad política, de sus decisiones o de su cercanía con la ciudadanía. En otras ocasiones, la explicación se encuentra en la cantidad de recursos disponibles. Y cuando los resultados no aparecen, rápidamente aparecen otras explicaciones: falta de voluntad política, corrupción, burocracia o incluso falta de compromiso de los funcionarios.

Todos estos factores importan. Pero pueden resultar insuficientes para explicar una realidad mucho más compleja: dos gobiernos pueden tener recursos similares, enfrentar problemas parecidos e incluso contar con gobernantes con voluntad de transformar su territorio y, aun así, obtener resultados muy diferentes.

¿Qué hace entonces la diferencia?

Una parte de la respuesta puede encontrarse en algo menos visible que el liderazgo político y mucho menos mediático que la ejecución de una obra: la capacidad institucional.

Gobernar no consiste solamente en tomar decisiones. Una decisión pública necesita una administración capaz de convertirla en una acción concreta. Para formular un proyecto se requiere capacidad técnica; para conseguir recursos, capacidad de gestión; para ejecutar una política pública, organización, coordinación y seguimiento; para responder oportunamente a los ciudadanos, procedimientos y funcionarios capaces de cumplir sus responsabilidades.

En otras palabras, las instituciones son el mecanismo mediante el cual las decisiones de política pública se convierten en resultados públicos.

Por eso, cuando hablamos de gobiernos locales, no debería interesarnos únicamente quién gobierna, sino también con qué capacidades cuenta la administración para gobernar.

Un alcalde puede tener una buena idea, pero si su administración no tiene capacidad para formular el proyecto, esa idea puede quedarse en un anuncio. Puede conseguir recursos, pero si no existen capacidades suficientes para gestionarlos y ejecutarlos, esos recursos difícilmente producirán los resultados esperados. Puede aprobar una política pública, pero si no existen mecanismos para implementarla, hacer seguimiento y evaluar sus resultados, el documento puede terminar archivado.

Esta es una de las grandes paradojas de la gestión pública territorial: tener competencias no significa necesariamente tener capacidad para ejercerlas.

La descentralización colombiana otorgó a municipios y departamentos importantes responsabilidades para planear, gestionar recursos, prestar servicios y atender las necesidades de sus comunidades. Pero transferir competencias supone algo más que trasladar responsabilidades desde el nivel nacional hacia los territorios.

Requiere también que las entidades territoriales tengan las condiciones institucionales necesarias para asumirlas. De lo contrario, la descentralización corre el riesgo de convertirse en una transferencia formal de responsabilidades sin una transferencia suficiente de capacidades para cumplirlas.

Y aquí aparece una relación que considero fundamental: capacidad institucional y gobernabilidad.

La gobernabilidad no depende exclusivamente de la legitimidad política de un gobernante. También está relacionada con la capacidad efectiva de una administración para responder a las demandas ciudadanas, ejecutar sus decisiones, coordinar sus acciones y producir resultados.

Cuando una administración funciona adecuadamente, formula y gestiona proyectos, implementa políticas públicas y responde oportunamente a las necesidades de la población, existen mejores condiciones para fortalecer la confianza en las instituciones, la legitimidad del gobierno y la estabilidad de la acción pública.

Cuando ocurre lo contrario, las debilidades institucionales pueden traducirse en retrasos, incumplimiento de metas, dificultades para ejecutar recursos, respuestas insuficientes y, con el tiempo, pérdida de confianza ciudadana.

Esto no significa que la capacidad institucional explique por sí sola la gobernabilidad. La política, la economía, el contexto social, el liderazgo y otros factores también intervienen.

Pero sí significa que resulta difícil hablar de gobiernos locales capaces de gobernar eficazmente sin preguntarnos primero por las capacidades de las instituciones que los sostienen.

Esta reflexión hace parte de una línea de investigación orientada a comprender cómo las capacidades institucionales influyen en el desempeño de los gobiernos locales.

Como resultado de ese proceso se desarrolló un Índice de Capacidad Institucional (ICI), concebido como una herramienta metodológica para estudiar, de manera objetiva y sistemática, determinadas capacidades institucionales de los municipios.

En la próxima columna profundizaremos en una idea que suele darse por sentada, pero que merece ser discutida con mayor rigor: ¿la gobernabilidad depende realmente solo del alcalde?

Por: Michel Baldovino Lopez

Consultor en Políticas Públicas. Mg en ciencia política y gobierno. Abogado administrativista.