Procuraduría confirma pérdida de investidura de William Lara y solicita investigación disciplinaria en su contra

La Procuraduría 43 Judicial II de Conciliación Administrativa de Santa Marta emitió ayer 10 de junio un documento enviado al presidente de la Asamblea del Magdalena, Jair Mejía Alvear, a quien le solicitó información sobre el número de sesiones a la que ha asistido William Lara Mizar desde el pasado 24 de febrero de 2022, cuando este último perdió su investidura de acuerdo con un fallo del Consejo de Estado.

Además, Mejía deberá enviar información sobre los proyectos de ordenanza que se han aprobado desde la mencionada fecha, así como la remuneración por asistencia a asistencia a sesiones y certificados de pago, lo anterior, con el objetivo de analizar si es necesario formular medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa por la defensa del patrimonio público y “determinar si ha existido o no indebida destinación de recursos públicos”.

El oficio fue emitido en respuesta al proceso especial de pérdida de investidura promovido por Milton Cantillo Cadavid, quien sería la persona indicada para ocupar la curul de Lara Mizar en la Asamblea por ser el segundo con mayor número de votos del mismo partido político (Cambio Radical), alegando que este ha estado dilatando el proceso haciendo uso de “peticiones reiterativas”.

Esto, teniendo en cuenta que, luego de conocerse la decisión que lo dejaría por fuera de la corporación, Lara presentó una recusación contra los magistrados del Consejo de Estado, que el 19 de noviembre de 2021 fue resuelta negativamente, a pesar de eso, nuevamente se interpuso un recurso de reposición que el 24 de enero de 2022 fue rechazado.

Posteriormente, el 17 de febrero, el accionado interpuso una solicitud de nulidad procesal señalando una falta de competencia de la sección segunda para resolver recurso de reposición contra el auto que declara infunda la recusación, después, el 22 de febrero hubo una nueva solicitud de adición a la sentencia del 16 de septiembre de 2021.

“De todas las actuaciones en mención obra plena prueba el señor Lara Mizar fue notificado, incluido el auto de aclaración de sentencia, con el cual quedo ejecutoriada la sentencia del proceso en cuestión, la cual quedo ejecutoriada el viernes 25 de febrero de 2022. No deja de sorprender que pese a lo anteriormente señalado el señor Lara Mizar, asistió, participo y hasta voto en las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Magdalena programadas entre el 1 de marzo de 2022 y el 30 de abril del mismo año, también entre en las sesiones extraordinarias convocadas por el señor Gobernador del Magdalena entre el 2 de mayo y el 31 de mayo de 2021”, expresó Cantillo Cadavid.

Dados los múltiples recursos ejecutados por Lara Mizar, el 19 de mayo, además de negarse la solicitud que interpuso, se le solicitó “abstenerse de incurrir en actos dilatorios que podrías considerarse temerarios o de mala fe”, no obstante, este continuó asistiendo a las sesiones convocadas por la mesa directiva de la Asamblea y así mismo, volvió a presentar un recurso de reposición con fecha del 1 de junio contra el auto del 19 de mayo, con el cual se había negado la solicitud de nulidad, mismo con el que le solicitaron abstenerse de continuar con dilaciones en el proceso.

Ante esto, Cantillo Cadavid reitera su petición a la Procuraduría, solicitándole tomar las medidas pertinentes, tomando en consideración que la corporación ya se encuentra en un nuevo periodo ordinario mientras Lara Mizar “sigue usurpando funciones”.

En respuesta, la entidad afirma que, desde el 25 de febrero, el accionado “se encuentra despojado de su investidura de Diputado del Magdalena”, razón por la cual “se dispondrá la compulsa de copias para que se inicie la investigación disciplinaria a que hubiere lugar” en contra del citado, al tiempo que le fue solicita la mencionada información al presidente de la Asamblea.

La curul de Lara Mizar fue demandada por Cantillo Cadavid, luego de conocerse que el primero procedió a suministrar un voto para la elección del contralor departamental el pasado 1 de enero de 2020, día de su posesión, lo que habría significado un conflicto de intereses pues este sería el funcionario encargado de darle continuidad a los procesos de responsabilidad fiscal que avanzan en su contra por hechos presuntamente cometidos cuando fungía como alcalde de El Banco, Magdalena.