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Columnistas

Derecho administrativo y sociedad

Opinión Caribe

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Por: Saúl Alfonso Herrera Henríquez

Tarea primordial del derecho administrativo, mismo que emana en moderna concepción del Estado social y democrático de derecho, es demostrar en realidad y verdad que su tarea inapelable e irrenunciable por demás, es la de garantizar y asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que requiere de una mayor presencia pública más en intensidad que en extensión, lo que ratifica su esencia y de paso su sustancialidad como derecho del poder público encargado de promover y potenciar la dignidad humana, que entendemos con los redactores de la Declaración Universal, como la “…fuente y la raíz de aquellos bienes jurídicos que todo ser humano porta como atributos inherentes a su condición de tal”; razón por la que el respeto de los derechos fundamentales sociales, condición distinta a la de los principios rectores de la política social y económica, demanda hoy más que nunca, la importante y urgente construcción de un derecho administrativo social con superiores condiciones para formular su compromiso con la dignidad del ser humano, especialmente respecto de los menos considerados que a duras penas pueden valerse “per se” para tener una vida digna.

De no darse este predominio de las bases constitucionales del Estado social y democrático de derecho sobre el sistema todo del derecho administrativo, continuaremos discutiendo inmersos en permanentes refutaciones, contradicciones y polémicas que bien y mejor se superarían si con voluntad y decisión manifiestas capaces fuésemos desde la trinchera de la osadía, de transmutar la trama, las formas de nuestro derecho administrativo, introduciendo en ellas, vale decir en sus categorías e instituciones, la vida nueva del Estado social y democrático de derecho. La labor es clara, aunque los obstáculos son bastantes debido a que aún subsisten apatías y embocaduras que no dejan que germine y menos que crezca la buena semilla que hoy el modelo constitucional universal ha sembrado en todo el orden jurídico.

Es cierto que ha habido cambios en lo que se refiere al entendimiento del interés general en el sistema democrático, ya que probablemente, de acuerdo con el paso del tiempo, este concepto encontró en la burocracia un lugar para ejercer su poder, lo que ha ido dando espacio a nuevas, más abiertas, acordes y plurales focalizaciones en relación con el sentido de una administración pública que debe servir objetivamente a los intereses generales por encima de los particulares.

De ahí que bueno sea decir con el connotado tratadista internacional Rodríguez Arana, que, si en el sistema democrático los agentes públicos son administradores y gestores, no titulares o dueños, de funciones de la colectividad y ésta está convocada a participar en la determinación, seguimiento y evaluación de los asuntos públicos, la necesaria esfera de autonomía de la que debe gozar la propia administración ha de estar empapada de esta lógica de servicio objetivo y permanente a los intereses públicos. Y las personas al servicio de las administraciones públicas, deben abrirse a los diversos interlocutores sociales, en un ejercicio continuo de diálogo, lo que lejos de echar por tierra las manifestaciones unilaterales de la actividad administrativa, plantea el desafío de construir las instituciones, las categorías y los conceptos de nuestra disciplina desde nuevos enfoques bien alejados del autoritarismo y el control del aparato administrativo por los que mandan en cada momento.